En Venezuela, a medida que aumenta la conflictividad social y laboral también lo hace la represión gubernamental contra los trabajadores y sus representantes. Así, en los primeros seis meses del año, se registraron 4.351 protestas, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). El número es 11,79 % superior al del mismo período del año anterior, cuando esta misma organización contabilizó 3.892 manifestaciones.
Siete de cada diez de las acciones de calle que se produjeron en el país entre enero y junio de este año tuvieron como propósito demandar mejoras salariales o el cumplimiento de los contratos colectivos, apuntó la organización.
Frente a estos datos no debe extrañar que, en el mismo período, 6 dirigentes sindicales hayan sido condenados a largas penas de prisión y que 22 más hayan sido detenidos por los cuerpos policiales y militares por ejercer sus derechos a la manifestación o a la huelga.
Una condena sin pruebas
El 1 de agosto el país se conmocionó al conocer que los sindicalistas Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín fueron sentenciados a pasar 16 años tras las rejas.
Los activistas fueron apresados entre el 4 y 7 de julio de 2022 por participar en la ola de protestas que provocó la aplicación del polémico instructivo salarial dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), gracias al cual millones de trabajadores públicos vieron reducirse sus bonificaciones y primas, irrespetando lo establecido en las convenciones colectivas.
La legalidad de la decisión adoptada por la jueza 2 de Juicio en materia de terrorismo, Grendy Duque Carvajal, quien declaró culpables a los sindicalistas de incurrir en los delitos de conspiración y asociación para delinquir, ha quedado en entredicho. ¿La razón? «Sin una sola prueba y sin que el denunciante (…) apareciera durante un año y dos meses (que duró el juicio), la jueza los ha sentenciado. ¡Esto es una injusticia!», explicó el abogado Eduardo Torres.
La defensa difundió un informe que la Policía Municipal de Sucre remitió al juzgado en junio pasado y en el que le explica que una comisión de cuatro de sus agentes intentó, sin éxito, ubicar a Adalberto Acosta Rodríguez, para que compareciera en el juicio. Acosta Rodríguez figura en el expediente como el testigo fundamental para sustentar la acusación fiscal contra los sindicalistas.
De acuerdo con lo informado por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) la jueza Duque sentenció a los imputados a partir de unas «capturas (de pantalla a conversaciones) de WhatsApp».
El victimario se cree víctima
Las irregularidades antes mencionadas fueron negadas por las autoridades, la cuales, por el contrario, denunciaron que este caso está siendo utilizado por organizaciones nacionales y foráneas de derechos humanos para dañar su imagen en el exterior y justificar procesos judiciales internacionales.
«(A estas personas) les buscaron un disfraz, un ropaje y en este caso fue tildarlos de presuntos líderes sindicales», afirmó el fiscal general Tarek William Saab, en una rueda de prensa.
«Al ser detenidos no se encontraban realizando ninguna labor vinculada a la lucha sindical, lo más interesante es que no son trabajadores activos, no aparecen registrados en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) como trabajadores de alguna una empresa pública del Estado (…) Pertenecían no a una organización sindical, sino a una organización clandestina y conspirativa denominada Unidad de Resistencia Popular (URP) que planificaba varias acciones contra el Gobierno»
Sin embargo, el funcionario se contradijo y admitió que «durante el juicio, solo un sindicato salió en defensa de estas personas».
A las palabras de Saab las desmiente la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en una comunicación fechada el 3 de agosto tomó nota de las condenas y recordó que uno de los sentenciados (Emilio Negrín) participó en una de las reuniones del llamado Diálogo Social como «delegado de Codesa».
Por su parte, Alcides Bracho tiene nexos con la Federación Venezolana de Maestros (FMV), Gabriel Blanco compagina su militancia en Bandera Roja con las comunicaciones de la seccional Caracas de la Asociación Sindical Independiente (ASI) y Reynaldo Cortés es representante de la Confederación de Trabajadores de Venezuela en Guárico.
Un patrón que se repite
Unas semanas antes de la condena a los seis sindicalistas, otros tres (Leandro Azócar, Juan Cabrera y Daniel Romero, miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (SUTISS) fueron aprehendidos. Con ello, la cifra de dirigentes sindicales o de trabajadores que han terminado en un calabozo por exigir mejoras salariales se elevó a 22.
Estas detenciones ocurrieron el 12 de junio en Puerto Ordaz (Bolívar), informó Provea. Agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) arrestaron a los tres hombres luego de que estos participaran en una protesta a las puertas de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor).
Dos de los detenidos (Leandro Azócar y Daniel Romero) fueron llevados a Caracas para ser presentados ante un juzgado con competencia en materia de terrorismo y allí fueron imputados por incitación al odio, asociación para delinquir y boicot. Por su parte, Juan Cabrera fue liberado, tal y como ocurrió con los 19 trabajadores que a principios de enero realizaron una vigilia de cinco días frente a las instalaciones de Sidor para exigir la indexación del salario, pago de bonificaciones adeudadas y otros beneficios.
Sin embargo, de Azócar y de Romero no se supo más hasta el 20 de junio, cuando la Defensoría del Pueblo contactó a sus familiares y abogados y les informó de su paradero, según reportó Amnistía Internacional. Esta situación hizo que organizaciones nacionales e internacionales calificaran estas detenciones como desapariciones forzadas.
Tanto la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, han denunciado en sus informes sobre el país que las autoridades aplican un patrón que incluye el arresto de personas críticas, percibidas como tales o abiertamente opositoras al Gobierno de Nicolás Maduro, sin órdenes judiciales y sin que hubieran sido descubiertas delinquiendo flagrantemente.
A muchas de esas personas no se les permite contactar a sus familiares y abogados, tal y como establece el artículo 44 constitucional, y si lo anterior no fuera suficiente, en muchos casos son llevados a los tribunales fuera del lapso de 48 horas, sin que los jueces tomen cartas en el asunto.
No solo detenciones
Las condenas y arrestos no son las únicas medidas de las autoridades nacionales para sofocar al movimiento sindical. El 13 de junio de 2023 el Tribunal de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Bolívar decretó una medida cautelar innominada, por solicitud de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), que les restringe a 22 trabajadores de Sidor el ejercicio de sus derechos a huelga y a la libertad de expresión.
En el auto se ordena a los trabajadores que se abstengan de «toda acción de fuerza y amenazas de cualquier medio tendiente a la perturbación, suspensión, obstaculización, interrupción o cese de las actividades administrativas y operativas de la empresa». También se les prohíbe ocupar instalaciones de la siderúrgica u obstaculizar vías de acceso a ella.
Por último, el juzgado les prohibió «colocar afiches, pancartas, grafitis o cualquier otro tipo de instrumento de difusión por cualquier medio de comunicación y/o redes comunicacionales que puedan incitar el odio, la intolerancia, la violencia y el terrorismo laboral».
Entre las personas a la que está dirigida la medida figuran Leandro Azócar y Daniel Romero.
Una tarea riesgosa
Ocupar un puesto en un sindicato y representar a otros trabajadores frente al patrono no siempre es una tarea grata, pero en los últimos años en Venezuela también se ha vuelto peligrosa. Prueba de ello es que Provea contabilizó 23 detenciones en 2022, mientras que entre 2015 y 2020 registró 44 asesinatos.
Las duras condiciones en las que los sindicalistas venezolanos deben realizar sus labores fueron corroboradas por el alto comisionado Volker Türk, quien en su último informe sobre el país reportó:
«12 casos de criminalización de dirigentes sindicales y laborales, entre ellos una mujer, nueve de los cuales fueron detenidos, así como hostigamiento a siete dirigentes sindicales, secuestro de un familiar de un dirigente sindical y amenazas contra cuatro (una contra un familiar), ya sea por parte de presuntos funcionarios del Estado o de colectivos».
Lo ocurrido supone además una clara violación del convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que Venezuela ha suscrito y que le obliga a garantizar la libertad sindical.
No solo los trabajadores y sus representantes corren el riesgo de ser detenidos, hostigados o amenazados por ejercer el derecho a la protesta, sino también cualquier venezolano. Prueba de ello es lo ocurrido con los agricultores que fueron encarcelados por arrojar sus cosechas a un río como protesta ante la falta de combustible para poder transportarlas.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
Lo ocurrido a los sindicalistas pone de manifiesto que los derechos a la protesta, a la huelga y a la libertad de expresión están en entredicho en el país. Asimismo, revela que las autoridades insisten en recurrir a la represión para combatir la conflictividad social y laboral, en lugar de buscar atacar sus causas: erróneas políticas económicas que sumieron al país en una hiperinflación histórica, que acabó con buena parte del aparato productivo, incluida la industria petrolera, y ha llevado a millones de sus habitantes a la disyuntiva de emigrar o subsistir en la informalidad.
Pese a que no hay motivos para creer que el Gobierno vaya a cambiar de rumbo, tampoco los hay para creer que la represión estatal servirá para poner fin a las protestas. No se puede olvidar que en los últimos tres lustros aproximadamente 300 trabajadores han sido sometidos a procesos judiciales, muchos de ellos con régimen de presentación que sobrepasa los siete y ocho años, de acuerdo con los reportes de Provea.
«Frente a un Gobierno que ha pulverizado conquistas laborales, que acabó con las prestaciones sociales, con las convenciones colectivas, con las cajas de ahorros y con los salarios y las pensiones hay suficientes motivos para que los trabajadores salgan a las calles».
Esto afirmó Marino Alvarado, directivo de Provea. El creciente número de manifestaciones parece darle la razón.
