Mientras el Gobierno nacional afianza su poder por todos los medios a su alcance, la mayoría ilegales, más allá de nuestras fronteras las denuncias por violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro siguen su curso, lento pero al parecer seguro.
A través de la Cancillería, Miraflores cree que con desestimar cualquier declaración o medida de voceros e instancias internacionales contra sus abusos de poder basta para anularlas, quizás pensando que al transcurrir el tiempo sus actos contra la población civil quedarán impunes.
Los mecanismos internacionales demoran, pero allí están. Comprometido con el restablecimiento de la democracia en Venezuela, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, tuvo la iniciativa de realizar una serie de audiencias en dos rondas entre septiembre y octubre de este año. El objetivo: analizar si las denuncias sobre crímenes cometidos en Venezuela pueden constituir delitos de lesa humanidad que deban ser investigados por la Corte Penal Internacional (CPI), a partir de un informe que generará el Secretario General de la OEA.
La primera ronda de audiencias tuvo lugar los días 14 y 15 de septiembre de 2017 y la segunda el 16 y 17 de octubre. Entre los testimonios presentados destacaron el de Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, quien relató las circunstancias del asesinato de su hija en Carabobo en febrero de 2014, cuando efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) le dispararon perdigones directo al rostro en medio de una protesta contra el Gobierno.
También llamó la atención lo narrado por Ralenis Tovar, exjuez penal del Área Metropolitana de Caracas, quien declaró que fue obligada a firmar la orden de captura contra el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, bajo amenazas de represalias en su contra.
Por su parte, Isaías Medina, exministro consejero de la misión permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), habló de la crisis humanitaria en materia de medicinas y alimentos en Venezuela y en este aspecto, hizo alusión a la discriminación del Gobierno en la entrega de alimentos.
¿Pero qué son crímenes de lesa humanidad y por qué se considera que fueron cometidos por el gobierno venezolano?
Según el Estatuto de Roma de la CPI se entiende por crimen de lesa humanidad todo aquel acto tipificado como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, la desaparición forzosa de personas, el crimen de apartheid u otro acto inhumano de carácter similar que cause intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque (artículo 7).
En la realidad venezolana cobran relevancia los términos o frases alusivos a los asesinatos (más de 100), en este caso de personas que participaron en protestas contra el Gobierno.
Asimismo, el ataque generalizado o sistemático de las fuerzas de seguridad del Estado contra la población civil como parte de una política oficial contra zonas residenciales en las que se protestó contra el régimen de Maduro, tanto en 2014 como de abril a julio de 2017 en varios estados del país y que dejaron grandes destrozos e impacto psicológico y emocional entre sus habitantes.
También la desaparición forzada de personas “seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado”, de acuerdo con el mismo Estatuto. En este sentido, públicos y notorios han sido casos como el del dirigente merideño Alcedo Mora, de quien se perdió todo rastro desde febrero de 2015, mientras investigaba el contrabando de gasolina hacia Colombia en el que funcionarios estarían involucrados, y el del general Raúl Isaías Baduel, cuya defensa y familiares ni siquiera supieron si estaba vivo durante semanas.
De igual manera, resultan de gran importancia los procedimientos por “resistencia a la autoridad”, que lleva la Fiscalía, en los que las personas objeto de tales procesos se niegan a acatar las órdenes de la policía, lo insultan o incluso lo atacan, y resultan muchas veces asesinadas por el mismo funcionario. Para muestra un botón, según reportó Javier Mayorca en su blog, en 2016 hubo 5.124 muertes a manos de policías. Igualmente apuntó: “En 103 casos hubo cuatro muertos o más, de allí que puedan ser catalogados como ‘masacres’, según la definición del FBI”. Hay más cifras mencionadas por Mayorca: durante los primeros nueve meses de 2017 hubo 5.085 casos de resistencia a la autoridad. El promedio mensual es 12,3%, superior que el de 2016. Entre enero y septiembre, los agentes policiales y los militares mataron a 4.149 personas.
Debe prestarse especial atención a las violaciones de los llamados DESC (derechos económicos, sociales y culturales), relacionados con las crisis de salud y alimentaria, con millones de vidas involucradas.
Se espera la generación de un informe de la Secretaría General de la OEA con el resultado de las audiencias, así como del material enviado por cincuenta ONG. Basados en dicho documento, los expertos determinarán si se puede llevar el caso ante la CPI.
El director para Latinoamérica de Freedom House, Carlos Ponce explicó que el informe permitiría actuar de oficio al fiscal de la CPI y pedir la investigación contra el Estado venezolano, pero advirtió que si fuera una acción de uno o varios Estados tendría mayor impacto y el proceso se abriría automáticamente. Hasta ahora ningún Estado americano ha expresado su voluntad de denunciar a Venezuela en La Haya.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Es importante que las violaciones a los derechos humanos se denuncien y documenten por muy traumática que sea la experiencia, para que se puedan establecer los indicios de un patrón en la conducta del Estado contra los ciudadanos y servir como pruebas en juicios o en demandas ante organismos internacionales como la CPI, a los efectos de que no haya impunidad y se haga justicia en un país donde esto ocurre con frecuencia porque se trata de una política del Gobierno sistemática y planificada.
