Con motivo de la inminente visita de la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se ha generado una serie de opiniones y expectativas que en muchos casos no se corresponden con la realidad y, sobre todo, demuestran un desconocimiento sobre la verdadera naturaleza de los órganos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas.
Partiendo de ello, lo primero que debemos decir es que la visita de la señora Bachelet no es política ni tiene como finalidad la legitimación del régimen de Nicolás Maduro, y por lo mismo no puede ser celebrada por este como un reconocimiento o no de su condición de gobernante democrático. El mandato de la alta comisionada es muy claro: velar por la protección de los derechos humanos, denunciar su violación y pedir su respeto.
De ahí que tomar su presencia en Venezuela como un espaldarazo a Maduro o un respaldo a su Gobierno no sólo es equivocado, sino que implica no comprender que para hacer efectivo su mandato la Oficina de la Alta Comisionada debe tratar con todo tipo de régimen, pues precisamente donde más se le necesita es en aquellos sitios en los que, como Venezuela, existen graves violaciones de derechos humanos y no hay garantías democráticas.
En el caso de nuestro país, además, ese mandato general viene reforzado por la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de fecha 26 de septiembre de 2018, aprobada por holgada mayoría (23 votos a favor y 7 en contra), que declaró la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela con cientos de miles de víctimas, y como consecuencia de ello le ordenó a la alta comisionada mantener informado al Consejo sobre la situación del país y presentarle un informe para este año. Asimismo, exhortó al gobierno venezolano poner fin a tan catastrófica situación. En razón de ese mandato particular la señora Bachelet, mediante el equipo técnico de su oficina, ha estado recopilando y organizando información.
Esto trajo como consecuencia la venida al país, en marzo de este año, de una comisión de expertos del despacho de la alta comisionada, que llegó en medio del primer apagón nacional y visitó centros penitenciarios y hospitalarios, además de reunirse con víctimas de violaciones de derechos humanos y con las organizaciones no gubernamentales que los han documentado, teniendo así un contacto de primera mano de la realidad nacional, haciendo inútiles los esfuerzos gubernamentales por mostrar un respeto por los derechos que este régimen nunca ha tenido.
En esa oportunidad, el contacto con víctimas y con la sociedad civil organizada se hizo sin presencia de representantes gubernamentales que intimidaran o impidieran la libre expresión de quienes querían exponer sus casos. Este sólo hecho, el que pudiera escucharse a las víctimas, es en sí mismo un triunfo, sobre todo cuando se toma en cuenta que en Venezuela los órganos públicos tienen como política la indiferencia y la negligencia en la atención a los casos de violaciones de derechos humanos; el sentirse finalmente escuchados con atención por parte de unos funcionarios de Naciones Unidas les permitió al menos expresar no sólo sus casos, sino la frustración que lamentablemente les ha venido acompañando ante un Estado cuya estructura y organización favorece la impunidad.
La primera consecuencia de esta visita ocurrió pocos días después de iniciada, cuando Michelle Bachelet denunció en una intervención ante el Consejo, entre otras cosas, las 205 ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las FAES en el año 2018, y las 39 verificadas hasta el mes de enero de este año, poniendo en evidencia un patrón generalizado de violación de derechos humanos por parte de ese órgano gubernamental que, de acuerdo con lo dicho, en lugar de disminuir este año, se ha venido agudizando.
Otra consideración que debemos hacer en relación con la visita de la señora Bachelet es su duración, pues se ha dicho que la misma es muy corta y que no le va a dar tiempo para conocer el alcance de la tragedia venezolana. Quien piensa eso obvia el trabajo que los miembros del despacho de la alta comisionada han realizado antes, durante y después de su visita a principios de este año. En ese contexto, la visita de Michelle Bachelet es la culminación de un ciclo de investigación, no la investigación en sí misma, sobre el caso venezolano, que además no se va a agotar, pues su mandato de protección de los derechos humanos seguirá vigente mientras persista su violación sistemática y generalizada.
También debemos hacer referencia a quienes señalan que este tipo de eventos son sólo protocolares y que al final si se hace una denuncia el Gobierno la ignorará y continuará en su política de violación de derechos humanos como si nada. A tal señalamiento debemos responder que, si bien la Oficina de la Alta comisionada no tiene medios de coacción para hacer cumplir sus requerimientos a los Estados, el que los denuncie públicamente y los dé a conocer al resto de la colectividad internacional es un ladrillo más en el muro de repudio que en el mundo existe sobre el régimen político venezolano.
Adicionalmente, hemos de señalar que la misión de la alta comisionada respecto de Venezuela no se va a agotar con su visita al país, sino que continuará con la presentación de un informe completo ante el Consejo de Derechos Humanos en julio, donde esperamos haya un reflejo fiel de la atroz situación venezolana. Y para quienes creen que los informes de Michelle Bachelet van a terminar en el olvido de alguna gaveta gubernamental, les recordamos que uno de los informes sobre Venezuela por parte del anterior comisionado, acompañó la remisión que seis estados realizaron del caso venezolano ante la Corte Penal Internacional, por lo que mal puede decirse que tales documentos son simple papel mojado.
De ahí que reducir a una persona por la ideología a la que pertenece es un simple prejuicio, mientras sus acciones no sean las que hablen por ella y, en ese sentido, hasta el momento la alta comisionada ha sido coherente con la misión encomendada. Y deseamos que lo siga siendo.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Cuando la alta comisionada de los órganos de protección de los derechos humanos viene a Venezuela, mal puede interpretarse como un espaldarazo o una legitimación al régimen, pues en realidad se hace en ejecución del mandato de protección de derechos humanos. Por ello, en la trágica situación venezolana, el simple hecho de que ocurra esa visita no es un triunfo del régimen sino de todas las víctimas que ha ignorado y, en consecuencia, una luz de esperanza en las tinieblas que actualmente nos rodean, pues cada vez que se oye la voz de alguien a quien han violado sus derechos, se acerca un poco más la justicia.
