En diciembre de 2015, pese a las reiteradas denuncias sobre las irregularidades en el Comité de Postulaciones y en el proceso de selección, la Asamblea Nacional (AN) con mayoría de diputados del partido de gobierno, para entonces saliente, designó de forma apresurada a trece magistrados principales y veinte suplentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), porque en enero de 2016 se instalaba el nuevo Parlamento dominado por la oposición.
El tema es colocado de nuevo en el tapete por la fiscal general de la República, a propósito del recurso que interpuso este jueves 12 de junio ante el alto tribunal contra la designación de dichos magistrados, como parte del conflicto entablado ante la cabeza del Poder Judicial por el proceso constituyente. Aunado a ello, sale a la luz pública el hecho de que en su momento Luisa Ortega Díaz no avaló esos nombramientos en el seno del Poder Ciudadano.
Podríamos decir que la crisis política actual que ha devenido en una alta conflictividad social en las calles a partir de sentencias inconstitucionales del TSJ es consecuencia directa de haber omitido lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico en tales nombramientos y lo perjudicial que es para un país que el órgano llamado a administrar justicia esté parcializado.
Acceso a la Justicia ya había advertido que las irregularidades comenzaron con la solicitud de jubilación anticipada de los magistrados (que correspondía en diciembre de 2016 pero que el TSJ otorgó sorpresivamente en noviembre de 2015), lo cual obedeció a motivos políticos como demostramos en otro estudio, pues había que “apurar” el proceso para que la designación estuviera lista antes del 31 de diciembre de 2015, cuando la AN presidida por el diputado Diosdado Cabello (PSUV) culminaba su período constitucional y cesaba en funciones.
De hecho, si se hubieran cumplido los lapsos legales de acuerdo con la Ley Orgánica del TSJ (2010), le correspondía a la nueva AN, aproximadamente a partir de la segunda semana de enero de 2016, el nombramiento de los magistrados, lo cual desde el punto de vista político no convenía al chavismo.
Otro vicio: el diputado Elvis Amoroso (PSUV), quien comenzó presidiendo el Comité de Postulaciones instalado en octubre de 2015, actuó al mismo tiempo como parte del que preselecciona (el Comité), candidato a magistrado y además parte de quienes designan (vicepresidente de la AN). Luego dejó la presidencia del Comité para figurar sólo como postulado al TSJ pero nombró a su hijo como secretario de la instancia para aparecer de nuevo en la preselección definitiva de magistrados en calidad de titular del grupo preseleccionador. Es decir, aplicando un dicho popular, Amoroso se pagó y se dio el vuelto.
No menos importante es el hecho de que quienes resultaron escogidos como magistrados no cumplían los requisitos para serlo. Diez de los trece principales conocidos como “exprés” por la rapidez del proceso para seleccionarlos, no cumplían con requerimientos tales como ejercicio de la abogacía por 15 años, postgrado en Derecho o renuncia a cualquier militancia político partidista de forma pública y notoria.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Sin jueces independientes, sin respeto a las normas, y sobre todo sin respeto al Estado de derecho, no hay garantías para los ciudadanos. Y sin estas, no hay derechos ni libertad y, con el tiempo, tampoco democracia.
Además, solo un poder judicial independiente puede garantizar tus derechos frente al gobernante de turno y no permitir que este se quede en el poder, porque como decía un filósofo francés, Montesquieu, es una experiencia eterna que todo hombre que ejerce el poder y permanece en este, abusa de él.
