La Defensoría del Pueblo es una novedosa institución dentro del Estado venezolano, prevista a partir de la Constitución de 1999, que debe cumplir un importante papel en el sistema de justicia, pues su función principal es defender los derechos humanos, y más específicamente, ser garante de su cumplimiento por parte del Estado.
En 2015, desde Acceso a la Justicia se publicó un informe sobre su desempeño desde 2001 hasta 2015, que revelaba que su desempeño no había sido adecuado, sin embargo, a partir de 2016 hasta 2019 no hizo sino empeorar aún más.
En esta oportunidad, se presenta una actualización parcial de ese informe hasta 2019, en la medida en que lo permiten los escasos datos oficiales disponibles. Al respecto cabe destacar que el informe y su actualización se basan en los informes anuales del organismo publicados solo hasta 2015, así como en los de reconocidas organizaciones de Derechos Humanos, por ejemplo, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
En este reporte, en primer lugar, se evalúan los recursos de la Defensoría del Pueblo, tanto en términos presupuestarios, como de recursos humanos, y en segundo lugar, algunos indicadores de eficiencia de acuerdo a la escasa información disponible, así como sus actuaciones y las de sus autoridades más resaltantes en el periodo bajo estudio.
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Report on the performance of the Ombudsman’s Office (2001-2019)
The Ombudsman’s Office is a new institution within the Venezuelan State, foreseen from the 1999 Constitution, which must play an important role in the justice system, since its main function is to defend human rights, and more specifically, to be a guarantor of its compliance by the State.
In 2015, Acceso a la Justicia published a report on its performance from 2001 to 2015, which revealed that its performance had not been adequate, however, from 2016 to 2019 it only worsened even more.
This time, a partial update of that report is presented until 2019, to the extent that is permitted by the limited official data available. In this regard, it should be noted that the report and its update are based on the organism’s annual reports published only up to 2015, as well as on those of recognized Human Rights organizations, for example, the Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
In this report, firstly, the resources of the Ombudsman’s Office are evaluated, both in budgetary terms and human resources, and secondly, some efficiency indicators according to the scarce information available, as well as its actions and those of its most prominent authorities in the period under study.
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