Tarek William Saab no termina de aceptar la decisión que en noviembre pasado adoptó la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y que ratificó el 20 de abril pasado, la cual resolvió abrir una investigación por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela desde 2014. Para el fiscal general impuesto por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), esta decisión, a la cual tachó de «diferenciada», no tiene ningún sustento, pues asegura que su despacho ya está procesando y castigando los hechos sobre los cuales el jurista británico Karim Khan ha posado su mirada.
Al presentar el pasado 8 de abril su informe anual correspondiente al año 2021 ante la Asamblea Nacional (AN) electa en diciembre de 2020, el funcionario declaró lo siguiente:
«En materia de derechos humanos no hemos necesitado que venga un experto, un comisario de una transnacional de justicia para nosotros actuar en el sistema interno (…) En Venezuela las violaciones a los derechos humanos se sancionan, persiguen y juzgan, sin necesidad de que exista una especie de coloniaje jurídico (…) Sinceramente no hace falta que la CPI investigue y en la práctica lo vamos a demostrar».
Para sustentar sus palabras, Saab aseguró que solo el año pasado su despacho acusó a 242 funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado por presuntas vulneraciones a las garantías fundamentales y a 24 civiles por colaborar con ellos. Asimismo, reveló que 98 policías y militares fueron privados de su libertad y que «se logró una cifra récord aproximadamente de casi 100 funcionarios condenados por violar los derechos humanos: 97».
El fiscal general no se limitó a hacer un balance de los últimos doce meses, sino que aseveró que en los cuatro y años y medio que tiene al frente del Ministerio Público, 663 funcionarios policiales y militares han sido procesados por incurrir en alguna actuación ilegal y ha logrado que los tribunales declaren culpables a 243 de estos.
Por las razones anteriores, Saab insistió en considerar «injustificada» la decisión del fiscal Khan de abrir una investigación sobre Venezuela, aun así, saludó la apertura de la oficina que la Fiscalía de la CPI tendrá en Caracas. «El que no la debe, no la teme», dijo.
Sin embargo, si analizamos las cifras de ejecuciones extrajudiciales desde 2014 hasta 2020 del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) hasta 2020, así como las de 2021 en su iniciativa conjunta con el Centro Gumilla, Lupa por la Vida, las mismas ascienden a un total de 7.220 personas, esto sin contar otros crímenes de lesa humanidad como la tortura, la violencia sexual, las detenciones arbitrarias o las desapariciones forzosas. Y a propósito de estas últimas, las mismas han aumentado tanto que 2021 es el primer año en el que el Observatorio Venezolano de Violencia las visibiliza en una categoría aparte (hasta 2020, como no eran tantas, se contabilizaban en «muertes por averiguación»), y en 2021 suman un total de 1.634 personas desaparecidas.
No cualquier condena basta
En los últimos meses la justicia venezolana ha intentado hacer creer que está interesada en resolver casos relacionados con violaciones a los derechos humanos. Prueba de ello son las condenas para los funcionarios implicados en las muertes del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, ocurrida en 2019; del concejal opositor Fernando Alban, en 2018, o de los estudiantes Daniel Alejandro Queliz y David Vallenilla, asesinados durante la represión a la ola de protestas registrada en 2017.
Los ejemplos mencionados tienen un común denominador: las sanciones han estado dirigidas contra los autores materiales de las muertes y no se han investigado las cadenas de mando.
El hecho de que las autoridades se limiten a sancionar a los perpetradores de los crímenes, pero no a los posibles instigadores o planificadores no se puede considerar justicia plena ni una reparación adecuada para las víctimas y sus sobrevivientes. Así lo dejó en claro la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su último informe oral presentado en marzo pasado.
La instancia señaló en su declaración lo siguiente:
«Reiteramos la preocupación planteada en nuestros informes de 2020 y 2021 de que las investigaciones nacionales, cuando se llevan a cabo, tienen alcance limitado y se dirigen contra autores materiales, de bajo nivel. Los casos de Albán y de Acosta Arévalo son ejemplos de ello».
Asimismo, la MDH indicó que el hecho de que Tarek William Saab no presente información detallada sobre sus actuaciones «continúa siendo un obstáculo para evaluar los esfuerzos reales del Estado para investigar y perseguir estas violaciones (a los derechos humanos)».
Además, el propio Fiscal de la CPI lo ratifica en la decisión que tomó el 20 de abril de este año, en la cual después de dar un plazo total de cuatro meses al Estado venezolano para demostrar que sí puede hacer justicia, el fiscal de La Haya, en cambio, señala que no tiene esa capacidad. Esto se compagina con su declaración del 1 de abril de prestar apoyo a las autoridades venezolanas para que puedan investigar y juzgar los presuntos crímenes de lesa humanidad según los estándares del Estatuto de Roma. En efecto, al considerar que el Estado venezolano no tiene esa capacidad, requiere de asistencia técnica y transferencia de conocimientos para lograrlo.
Caída en picado
Durante su intervención ante el Parlamento, de más de una hora de extensión, Saab aseguró que el Ministerio Público «goza de amplia credibilidad y prestigio en particular en las clases populares, entre los desposeídos, entre los que no pueden contratar un abogado». ¿El motivo? Su efectividad, aseveró; esgrimió como prueba que en 2021 su despacho conoció 271.176 casos pero resolvió 318.851, obviamente algunos de ellos de períodos anteriores.
También dijo a los diputados que durante el año pasado sus fiscales realizaron 97.575 imputaciones y 55.672 acusaciones. Sin embargo, no especificó cuántas condenas consiguieron sus subalternos en los tribunales ni cuántas de ellas fueron el resultado de juicios orales y públicos.
Tras jactarse de haber elevado a dirección general al despacho encargado de combatir los delitos comunes, lo cual, según él, prueba la importancia que le da a la materia, el funcionario informó que en 2021 la institución garante de la legalidad resolvió 190.581 casos relacionados con homicidios, robos, secuestros y lesiones y que en 56.887 de ellos realizó imputaciones y en 28.157 acusó a alguien.
En este apartado Saab también omitió aportar datos detallados de cuáles son los delitos de mayor incidencia en el país, e ignoró hablar sobre los homicidios, pese a que constituyen los crímenes más graves en una sociedad y son reveladores de la situación de la criminalidad en un país determinado. Tampoco reportó cuántas condenas consiguieron sus fiscales tras un juicio, ni encuestas que fundamenten su popularidad entre las clases populares, sobre todo si se considera que estas son las principales víctimas de la violencia institucional, como han reportado la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la MDH en sus informes.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
Las críticas de Saab a la decisión de la Fiscalía de la CPI de abrir una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país desde 2014 ponen en duda el compromiso de las autoridades venezolanas de colaborar realmente para el esclarecimiento de los hechos.
Los balances que el fiscal general ha ofrecido en los últimos meses en relación a la actuación de la justicia para castigar las violaciones a los derechos humanos, dejan en claro la incapacidad o falta de disposición para sancionar real y efectivamente dichos crímenes, por cuanto hasta ahora los procesos se han limitado a los autores materiales, y solo se han investigado o juzgado algunos casos. Esto lo ha ratificado la propia Fiscalía de la CPI en su decisión del pasado 20 de abril, mediante la cual ha decidido continuar su investigación sobre Venezuela, lo que a su vez debe ser autorizado por la Sala de Cuestiones Preliminares como lo establece el artículo 18.2.
La magnitud y extensión temporal y geográfica de las detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el país al menos desde 2014 ponen en entredicho la versión oficial de que fueron «individualidades» quienes las cometieron.
Asimismo, Saab refuerza con sus declaraciones la política de opacidad del Estado venezolano desde hace varios años, al no cumplir cabalmente con su obligación constitucional de rendir cuentas mediante un informe anual en el que debe suministrar información detallada y precisa sobre su gestión, lo cual impide evaluarla adecuadamente.
