1 de marzo, 3 de la tarde (hora de La Haya; 10 de la mañana hora de Caracas). Estas son la fecha y hora en las que la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) emitirá su decisión sobre el recurso con el que el Estado venezolano persigue que se ordene a la Fiscalía del juzgado poner fin a sus investigaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.
La noticia la dio la instancia en el auto n.º ICC-02/18 OA, firmado por su presidente, el magistrado Marc Perrin de Brichambaut, y publicado el 16 de febrero. En dicha decisión se convoca a los representantes de la Fiscalía de la CPI, del Estado venezolano y de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (OPCV, por sus siglas en inglés) para comparecer en la Sala II de la sede del Tribunal en La Haya (Países Bajos) en el día y hora señalados.
En un comunicado de prensa posterior, la CPI anunció que la audiencia, donde se leerá el veredicto, se transmitirá en vivo en el sitio web del juzgado.
La Sala, en su dictamen, debe responder a los cinco señalamientos realizados por las autoridades en contra del fallo que la Sala de Cuestiones Preliminares dictó el 27 de junio de 2023, en el cual se autorizó al despacho dirigido por el jurista británico Karim Khan a reanudar sus averiguaciones sobre las detenciones ilegales y arbitrarias, las torturas, desapariciones forzadas y persecución que «masiva y sistemáticamente» las autoridades habrían emprendido contra el sector de la población que lo adversa. Esto, por considerar que «Venezuela no está investigando o no ha investigado» dichos hechos delictivos.
Los representantes del Estado, por su parte, consideraron que con su decisión la Sala de Cuestiones Preliminares incurrió en las siguientes irregularidades:
- La falta de identificación de los casos que la Fiscalía investiga o los que pretende investigar.
- No fijar un límite temporal a la investigación fiscal.
- Impedir su derecho a la defensa, porque el despacho dirigido por Khan no aceptó todos los documentos en español aportados por el Gobierno venezolano y el Ministerio Público (MP).
- También planteó dudas sobre la legitimidad de la información que maneja la Fiscalía de la CPI, por cuanto sustenta sus sospechas en documentos no oficiales.
- Que se le exija investigar al Estado venezolano situaciones no previstas en el ordenamiento jurídico nacional, como el delito de persecución, uno de los crímenes de lesa humanidad establecido en el Estatuto de Roma.
Los cuatro escenarios
El fallo de la Sala podría ir en cuatro direcciones. En primer lugar, puede confirmar la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de julio pasado que autorizó a la Fiscalía a reanudar sus averiguaciones, lo cual dejaría la puerta libre para que Khan continúe con sus indagaciones a fin de identificar a los responsables de los crímenes denunciados y buscar su enjuiciamiento, sin la posibilidad de nuevos recursos que busquen frenarlas. Una segunda posibilidad es que puede anularla. Tercero, la instancia podría modificar la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares; por último, podría remitir el asunto nuevamente a esta Sala para que emita otro pronunciamiento.
Así lo explicó Francisco González Centeno, funcionario de divulgación de la CPI, en un video difundido con motivo de la audiencia oral y pública que la Sala de Apelaciones celebró el 7 y 8 de noviembre de 2023 en relación con el recurso interpuesto por las autoridades venezolanas.
En el supuesto de que la Sala declare con lugar la apelación presentada por Venezuela, los efectos de su decisión dependerán del vicio particular que hubieren detectado los magistrados. Como la mayor parte de estos se relacionan con supuestas irregularidades de la notificación de la apertura de la investigación, un posible escenario es que la sentencia incluya una orden de que se practique una nueva notificación, de conformidad con el artículo 18 (1) del Estatuto de Roma.
Otra posibilidad, dentro del mismo escenario de que la Sala declare con lugar la apelación presentada por el Estado venezolano, sería que la Sala de Apelaciones dé por válidos algunos de los señalamientos formulados por las autoridades venezolanas acerca de que la Fiscalía de la CPI no tiene competencia para actuar, porque sí está investigando los presuntos crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, esta posibilidad se antoja poco probable. La información suministrada tanto por el Gobierno de Venezuela como por el Ministerio Público dan cuenta de un retardo injustificado en las investigaciones, ausencia de condenas y la exclusión de mandos superiores de las líneas de investigación penal, lo cual revela que el Estado no ha tenido hasta ahora la voluntad genuina de investigar y enjuiciar a los responsables de los presuntos crímenes de lesa humanidad, tal y como han sostenido la Fiscalía y la OPCV.
En este sentido, hasta la fecha los argumentos expuestos por el Estado venezolano no han permitido tener explicaciones plausibles sobre por qué luego de tantos años no se tengan cadenas de mando sancionadas por los crímenes denunciados y por qué la enorme mayoría de las denuncias se encuentran en su etapa inicial, y mucho menos por qué el número de sentencias condenatorias es prácticamente insignificante; toca esperar lo que diga la Sala de Apelaciones al respecto.
¿Coincidencia?
El anuncio de la Sala de Apelaciones de la CPI se produjo en menos de 24 horas después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores informara su decisión de expulsar a los integrantes de la oficina técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que operaba en el país desde 2019, por considerar que dichos funcionarios han asumido «una actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas».
En su comunicado, el canciller Yván Gil indicó que el Gobierno venezolano se tomará los próximos 30 días para realizar «una revisión integral» de los términos de cooperación técnica descritos en la carta de entendimiento firmada con la anterior alta comisionada y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet.
¿Por qué las autoridades dieron este paso? Del comunicado y las posteriores declaraciones del ministro se desprenden dos motivos: no les agradó que la instancia recibiera denuncias de venezolanos y activistas de derechos humanos, porque, a su criterio, con esto la instancia se convirtió en un «bufete particular de grupos golpistas y terroristas que permanentemente confabulan contra el país». Tampoco les sentaron bien los comunicados y pronunciamientos emitidos en los últimos meses por el alto comisionado, Volker Türk, a quien acusaron de «agredir la soberanía y autodeterminación del país con mentiras, falsificaciones, desinformaciones y manipulaciones».
La expulsión de los funcionarios de la ONU se produjo en medio de la ola de críticas que dentro y fuera del país se han producido por la detención y desaparición forzada temporal de la presidenta de la asociación civil Control Ciudadano, Rocío San Miguel, ocurrida el 9 de febrero. Türk se pronunció en dos ocasiones sobre este caso en los últimos días, en un primer momento exigió su «liberación inmediata» y dos días después reclamó que se le garantizaran sus derechos judiciales, en particular el derecho a la defensa.
Más de quince días después de la aprehensión de la activista, sus abogados denuncian que no han podido ser juramentados como su defensa técnica (lo cual les permitiría acceso al expediente).
Un duro golpe
El cierre de la oficina técnica del ACNUDH no es cualquier cosa. Desde Acceso a la Justicia advertimos que dicha instancia brindaba a los distintos organismos de la ONU una comprensión más profunda del contexto de las violaciones de derechos humanos que se producen en el país y facilitaba el contacto de las víctimas con otras entidades de protección internacionales. Más importante aún: esta era la única instancia en el país donde las víctimas de violaciones de derechos humanos podían acudir sin ser revictimizadas o ser objeto de persecución.
Nuestra opinión es compartida por decenas de organizaciones nacionales e internacionales, que condenaron el intento del Gobierno de buscar evadir del escrutinio internacional «justo en momentos en que la represión se intensificó notablemente antes de las elecciones presidenciales».
Asimismo, no podemos olvidar que la oficina ahora cerrada iba a brindar apoyo a la representación que la Fiscalía de la CPI tiene previsto instalar en Caracas este mismo año.
Esto afirmó el fiscal Khan en su informe anual de 2023:
«La oficina local de la Fiscalía en Caracas, prevista para ser inaugurada en 2024, será un importante acelerador de la ambición de la Fiscalía de profundizar su colaboración con las autoridades nacionales venezolanas, para fortalecer el objetivo de una acción interna significativa (en materia de lucha contra las vulneraciones a los derechos humanos)»,
Este último despacho, no obstante, no tendrá por finalidad recabar información para las investigaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad, sino que «está destinada a trabajar en iniciativas de complementariedad en colaboración con las autoridades nacionales». ¿Qué significa esto? Que buscará ayudar a las autoridades a investigar y sancionar algunos crímenes de lesa humanidad y, sobre todo, formulará recomendaciones para evitar que se sigan cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Cabe acotar que no interferirá con la investigación que, de ser permitida por la Sala de Apelaciones, podrá continuar desde La Haya.
La oficina en Caracas forma parte del llamado «enfoque de doble vía» que Khan pretende poner en marcha y que recientemente presentó con el fin de buscar «formas novedosas e imaginativas de asociación con las autoridades nacionales, la sociedad civil y todos los actores que permitan hacer justicia».
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La sentencia que la Sala de Apelaciones de la CPI está por emitir es trascendental, porque puede despejar el camino a las investigaciones que la Fiscalía del juzgado internacional desea adelantar en relación con Venezuela, acercando así las posibilidades de que las víctimas y sus familiares puedan hacer oír su voz ante una instancia independiente.
Sin embargo, el contexto interno donde el veredicto se producirá no puede ser menos propicio. Las autoridades nacionales han lanzado una nueva campaña de represión contra la sociedad civil organizada y, de paso, han expulsado a los funcionarios de la oficina del ACNUDH en Caracas, justo cuando la Fiscalía de la CPI se apresta a abrir su propia representación, que tenía previsto colaborar con la instancia por ahora expulsada.
Hacemos votos para que las autoridades den marcha atrás y permitan el regreso de los funcionarios de la ONU, algo que, a nuestro criterio, demostraría su intención de cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. También esperamos que la Sala de Apelaciones de la CPI les dé a las víctimas de crímenes de lesa humanidad la justicia que aquí se les ha negado hasta ahora.
