José Ernesto Paraqueima Luiggi se convirtió el pasado 4 de mayo en el séptimo alcalde venezolano que deja su puesto mucho antes de que expirara el período de cuatro años para el que fue elegido en las megaelecciones regionales y locales, celebradas el 21 de noviembre de 2021. Con ello, quienes lo eligieron han pasado a engrosar la lista de venezolanos que aguardan porque se regularice la situación de las jurisdicciones en las que residen, trabajan o hacen vida.
Paraqueima perdió su cargo como alcalde del municipio Simón Rodríguez (El Tigre) del estado Anzoátegui debido a un expedito proceso judicial que se le abrió luego de unas polémicas declaraciones que circularon por redes sociales el 3 de mayo. En el audio, el ya exfuncionario ordenaba a unos subalternos que pintaran un mural que él creía que unos niños con Asperger habrían realizado en un espacio público del ayuntamiento, una obra que no dudó en tachar de «horrible» y «espantosa».
Al día siguiente, la Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad un acuerdo censurando al entonces alcalde y pidiendo al Ministerio Público (MP) que actuara penalmente en su contra. El fiscal general impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, atendió de inmediato la solicitud y ese mismo día solicitó a los tribunales la detención del mandatario local, a quien le imputó delitos previstos en la polémica Ley contra el Odio.
Horas después, Paraqueima fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y trasladado a Caracas, sin que hasta ese momento hubiera explicación para ello, dado que los tribunales competentes debían ser los de Anzoátegui; no obstante, se conoció días después que la Sala Penal autorizó que se radicara el juicio en Caracas. Entretanto, el Concejo Municipal declaró vacante su puesto y procedió a designar a su entonces presidenta, Lilys Osuna, como nueva alcaldesa en calidad de encargada, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
Transcurridos más de diez días de la detención del mandatario local, los habitantes de El Tigre desconocen si tendrán que acudir a las urnas nuevamente para escoger un nuevo alcalde y cuándo ocurrirá esto. La norma que los concejales utilizaron para desplazar a Paraqueima también señala que
«cuando se produjere la ausencia absoluta del alcalde o alcaldesa antes de tomar posesión del cargo o antes de cumplir la mitad de su período legal, se procederá a una nueva elección, en la fecha que fije el organismo electoral competente».
El ahora sometido a medida de arresto domiciliario cumpliría la mitad de su mandato a finales de este año y, por lo tanto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debería llamar a nuevos comicios. Sin embargo, esto no ha ocurrido.
Una lista que no para de crecer
Los tigrenses no son los primeros en ver como la opción electoral por la que se decantaron en las urnas fue abortada por un motivo u otro y no se les da la oportunidad de hacer una nueva escogencia.
A finales de enero de 2022, Keyrineth Selenia Fernández Epieyu y Carlos Vidal Bolívar, quienes se desempeñaban como alcaldes de las localidades de Casigua El Cubo (municipio Jesús María Semprún del estado Zulia) y Soledad (municipio Independencia del estado Anzoátegui) fueron detenidos: la primera transportaba unos siete kilos de droga en su vehículo, y el segundo estaba presuntamente implicado en una red de contrabando de combustibles.
Las aprehensiones de Fernández y de Vidal se produjeron cuando no tenían siquiera tres meses de haber sido electos y ambos fueron reemplazados por personas designadas por sus respectivos concejos municipales.
Las detenciones de alcaldes se reanudaron en marzo cuando en el marco de la última cruzada contra la corrupción, el burgomaestre de Las Tejerías (Aragua), el oficialista Pedro Hernández fue privado de su libertad por sus presuntos nexos con grupos criminales.
Pero las bajas entre los mandatarios locales no se han debido exclusivamente a procesos judiciales, sino también a otro tipo de sucesos. Así, en febrero pasado, los municipios Juan José Rondón (estado Guárico) y Federación (estado Falcón) se quedaron sin sus máximas autoridades electas, porque ambos fallecieron, y en abril, Yovani González renunció al cargo de alcalde del municipio Cardenal Quintero (Santo Domingo, estado Mérida), acuciado por los problemas económicos que afronta la jurisdicción.
Silencio total
Hasta el momento, el CNE no ha informado si convocará elecciones en todos los municipios mencionados, pese a que en cinco de ellos las faltas ya se pueden calificar como absolutas sin ningún tipo de duda.
«Se consideran ausencias absolutas: la muerte, la renuncia, la incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica, por sentencia firme decretada por cualquier tribunal de la República y por revocatoria del mandato», señala el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
Los casos de los alcaldes de Mérida, Guárico y Falcón arriba citados son faltas absolutas, por cuanto se produjeron debido a una dimisión y dos muertes. Algo similar ocurre con la situación de Casigua El Cubo y Soledad, pues han transcurrido mucho más de los 90 días que sus autoridades pueden estar ausentes sin que se considere que sus cargos están vacantes de manera definitiva.
Entretanto, en los casos de Hernández y Paraqueima podría haber debate, por cuanto ni ha transcurrido el lapso antes mencionado ni han sido condenados por un juez. No obstante, las autoridades nacionales y regionales ya se refieren a ellos como exfuncionarios y eso refuerza la tesis de que deberían ser reemplazados.
Por cierto, es llamativo que el CNE (salvo recientes declaraciones del rector Márquez) no se haya pronunciado sobre este asunto, pero sí haya tenido tiempo para colaborar, a mediados del año pasado, en la celebración de una consulta popular realizada en uno de los municipios afectados (Independencia) para decidir el cambio del nombre de su capital, el cual pasó de llamarse Soledad a Ciudad Orinoco.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La omisión en la que viene incurriendo el CNE pone en tela de duda lo previsto en los artículos 5 y 6 de la Constitución, los cuales señalan que «la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público» y que «el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables».
Este comportamiento es otra demostración de la anarquía institucional que aqueja a Venezuela y que pone en situación de indefensión y minusvalía a los ciudadanos, por cuanto las leyes comenzando por la propia carta magna solo se cumplen cuando el poder así lo decide.
