El retraso procesal no solo transgrede el debido proceso, sino que afecta otros derechos constitucionales del procesado. Es lo que le ocurrió al coronel Alfredo Enrique Solórzano, quien fuera juez militar y estaba siendo procesado ante el Tribunal Militar Primero de Juicio de la Circunscripción Judicial Penal Militar de Caracas por una presunta trama de corrupción, pesando contra él una medida de privación judicial preventiva de libertad, que, según su defensa, era violatoria de la Constitución.
Todo inició en el año 2021, cuando en septiembre se libró una orden de aprehensión en su contra por presuntos hechos irregulares atribuidos a una trama de corrupción. Sin embargo, la defensa señaló que desde el primer momento hubo muchas irregularidades procesales. Con ocasión a ello, el 10 de marzo de 2022 solicitó a la Sala Constitucional (SC) que se avocara a la causa.
La SC, luego de más de 3 meses de la petición, señaló que para formarse un mejor criterio sobre el asunto sometido a su consideración solicitaba al Tribunal de instancia las causas relacionadas con el proceso seguido contra el coronel Alfredo Enrique Solórzano, así como su suspensión inmediata.
Sin embargo, a más de un año de dicha decisión, la SC no se ha pronunciado sobre el avocamiento solicitado por la defensa, aun cuando las causas le fueron remitidas en julio de 2022.
Lo más grave es que la salud del procesado se ha deteriorado, y aunque la defensa había solicitado desde noviembre de 2022 atención médica para el coronel, así como el cambio del sitio de reclusión o que se ordene arresto domiciliario, la SC no se pronunció sobre estas peticiones hasta febrero de 2023, es decir, 3 meses después, cuando la Sala acordó traslado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, ubicado en Caracas, para ser evaluado en el Servicio de Urología y Cardiología y que se le prescribiera el tratamiento médico adecuado.
Tanto retraso en medidas directamente involucradas con la salud de un detenido sin duda es alarmante, y no porque sea la regla debemos evitar seguir denunciándolo: con este retraso procesal no solo se afectan las garantías de tutela judicial efectiva y debido proceso del detenido, sino que se pone en riesgo su salud y su vida.
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