«El Fiscal de la Corte Penal Internacional ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela I y ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma». Así, con estas pocas palabras, los venezolanos y el mundo conocieron la decisión del jurista británico Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), de iniciar el arduo trabajo de determinar quiénes fueron los autores de las detenciones arbitrarias y masivas, torturas y malos tratos, violación y otras formas de violencia sexual, y persecución, todos ellos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país al menos desde 2017.
La noticia en su primer momento no salió de la boca de Khan, ni siquiera de un comunicado de prensa emanado de su despacho en La Haya (Países Bajos), sino que estaba contenida en uno de los considerandos del memorando de entendimiento que firmó con el Gobierno de Nicolás Maduro este miércoles 3 de noviembre, en un acto celebrado en el salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores. El texto que contiene esta decisión fue leído en el evento, el cual fue transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).
La rúbrica del documento, el cual sienta las bases para las relaciones entre la instancia internacional y las autoridades venezolanas en esta nueva etapa, fue el punto final de la primera visita oficial del fiscal de la CPI al país desde que este organismo se puso en marcha hace dos décadas.
Desde Acceso a la Justicia saludamos la decisión y consideramos que la misma es histórica y que tendrá repercusiones más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué? A continuación, enumeramos algunas razones.
1. Por las víctimas
A nuestro juicio, lo más importante de la decisión del fiscal Khan de abrir una investigación por los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país es que da esperanzas a las víctimas y a sus familiares de que sus casos no quedarán impunes. El anuncio de una investigación por parte de un órgano independiente es un gran aliento, por cuanto indica que sus voces serán escuchadas en algún momento por un juez imparcial.
El numeral 2 del artículo 15 del Estatuto de Roma permite a las víctimas participar en las indagaciones que conducirá la Fiscalía, suministrarle información y formular objeciones.
No podemos olvidar que la posibilidad de participar en una investigación y en un eventual juicio ante una instancia internacional constituye parte de la reparación a la que las víctimas tienen derecho, de acuerdo con lo establecido por instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La víctima de violaciones de derechos humanos, así como sus familiares, encuentra reparación en el reconocimiento y puesta en práctica del derecho a la verdad; ello conlleva una expectativa que debe ser satisfecha por el Estado. Por otra parte, como declaró la Corte en 2006 al conocer un caso sobre Perú, «el conocer la verdad facilita a la sociedad peruana la búsqueda de formas de prevenir este tipo de violaciones en el futuro», con lo cual reforzó la línea jurisprudencial que viene manteniendo desde los años 90, que es aplicable también en el caso venezolano, en relación a que la participación de las víctimas en un proceso para esclarecer los hechos que las perjudicaron forma parte de la justicia.
2. Por la región
La decisión de Khan de investigar los hechos ocurridos en Venezuela es un hito en la historia de su despacho y de la Corte, ya que es la primera vez en diecinueve años desde su entrada en vigor que el organismo fijará su mirada en unos sucesos ocurridos en el continente americano.
Hasta ahora el grueso de las treinta investigaciones y la totalidad de los juicios que la CPI ha celebrado han estado relacionados con hechos ocurridos en África. Así, hasta el momento, el juzgado ha celebrado juicios relacionados con la República Democrática del Congo, Sudán, Uganda, Malí, la República Centroafricana y Costa de Marfil, como se lee en la página web del organismo.
Sobre América Latina, la Fiscalía estuvo examinando preliminarmente desde 2004 las denuncias de crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridas en Colombia durante el conflicto armado que sacudió a ese país. Sin embargo, a finales de octubre de 2021, Khan anunció que cerraba el caso por considerar que los pasos dados por las autoridades revelaban sus intenciones por esclarecer los hechos, impartir justicia y reparar a las víctimas.
Lo mismo ocurrió en Honduras por los hechos ocurridos durante el golpe de Estado de 2009 y que fue cerrado por la Fiscalía en 2015.
El otro caso que está siendo analizado es uno relacionado con Bolivia y se refiere a los bloqueos que simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales llevaron a cabo durante 2020 y que fue remitido a la Fiscalía de la CPI por el gobierno anterior.
Finalmente, el otro examen preliminar de la región es el que remitió el Estado venezolano por las sanciones impuestas por Estados Unidos.
3. Desenmascarando al Gobierno
La decisión de Khan no solo confirma que los derechos humanos no están garantizados en Venezuela, algo que organizaciones nacionales e internacionales vienen denunciando desde hace tiempo, sino que de paso las medidas que en los últimos meses han venido adoptando las autoridades para castigar los crímenes han sido claramente insuficientes.
Desde enero, el Gobierno de Maduro ordenó la reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y mandó a que los presos bajo la responsabilidad del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) fueran enviados a cárceles ordinarias, lo que hasta el presente no se ha cumplido a cabalidad en uno u otro caso. Asimismo, el Ministerio Público ha dado un giro de 180 grados sobre lo ocurrido en casos como el asesinato del estudiante Juan Pablo Pernalete durante las protestas de 2017; y el del concejal Fernando Albán en 2018. El despacho dirigido por Tarek William Saab debió admitir que Pernalete sí murió producto de una bomba lacrimógena disparada por un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana y que Albán no se suicidó, como había dicho en un primer momento, sino que fue asesinado por sus captores.
Como si lo anterior fuera poco, en las últimas semanas la justicia resolvió los casos de David Vallenilla y Daniel Alejandro Queliz, ambos víctimas de la represión gubernamental contra las protestas de 2017. Con horas de diferencia fueron anunciadas las condenadas contra el militar y los policías que dieron muerte a cada uno de los jóvenes. Hasta ahora todas las medidas adoptadas por las autoridades judiciales han estado dirigidas contra subalternos, sin abarcar a superiores, pese a lo extendido de los abusos, algo que contradice lo dispuesto en el Estatuto de Roma.
«La decisión (de Khan) sobre Venezuela es un mensaje contundente no solo para quienes cometieron abusos o los encubrieron, sino también para los líderes militares y civiles que sabían o deberían haber sabido lo que ocurría y no intervinieron», advirtió José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
El anuncio de la investigación revela que la Fiscalía de la CPI no considera, por lo menos hasta este momento, que la justicia venezolana sea capaz o esté interesada en identificar y sancionar a los responsables de los presuntos crímenes de lesa humanidad, unas sospechas que son confirmadas por el mal desempeño del Poder Judicial; basta con ver los últimos datos del Índice de Estado de Derecho de World Justice Project y el de la justicia penal, en el cual Venezuela figura en el último lugar.
Sin embargo, en los próximos meses se verá si las promesas de colaboración de Nicolás Maduro con la CPI se cumplen. «Le garantizo que para esta etapa que vamos a vivir (en referencia a la fase de investigación) dejamos los ruidos de lado y nos empeñamos en trabajar en el cumplimiento de este acuerdo para que pueda encontrarse la verdad», dijo Maduro, en el acto celebrado en el palacio presidencial, al tiempo que se atrevió a decir: «Venezuela garantiza la justicia con instituciones que están dispuestas a mejorar, a perfeccionarse y avanzar. Soy el primero que quiere saber la verdad, que quiere hacer justicia».
En ese sentido, para que haya justicia no bastan las palabras; basta recordar que el que en Venezuela se realicen algunos juicios no impedirá a la Fiscalía de la CPI avanzar en la investigación, porque estos deben hacerse de acuerdo con los estándares internacionales y bajo la supervisión de la Fiscalía de la CPI, lo que implica, la investigación y juicio de los máximos responsables.
De ahí entonces que sea legítima la siguiente pregunta: ¿con ausencia de jueces imparciales e independientes se pueden realizar juicios en Venezuela de acuerdo con los estándares internacionales?
Todos sabemos la respuesta.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La decisión de la Fiscalía de la CPI de posar su mirada en Venezuela tiene varias lecturas, siendo la primera y más evidente que las víctimas y sus familiares están más cerca de ver cómo sus agresores no quedarán impunes. Pese a ello debemos advertir, que si bien esto significa un gran progreso, lo que se hace es abrir el camino a un nuevo proceso que puede durar años, por lo que hemos de ser prudentes y no invocar logros en el corto plazo.
Aun así, a la apertura de la investigación en el caso venezolano por parte de la Fiscalía de la CPI no se le puede restar la significación histórica que tiene para las víctimas y sus familiares, valientes mujeres y hombres que, pese a las amenazas y a las intimidaciones, han luchado por años contra la soberbia del poder, para ver el día en que finalmente, luego de muchos años de penumbra, pudo verse algo de luz en Miraflores. Y esa fue la luz de la justicia.
