“El Sistema de Justicia y los órganos que lo integran deberán presentar anual y públicamente, un informe detallado y preciso de la gestión realizada durante ese período. En tal sentido, deberán brindar explicación suficiente y razonada de las políticas y planes formulados, su ejecución, metas alcanzadas y presupuesto utilizado, así como la descripción de las actividades realizadas durante este período”.
Esto establece el artículo 25 de la Ley del Sistema de Justicia, pero en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) parece que desde 2013 olvidaron esta disposición, porque a partir de esa fecha dejaron de presentar su informe anual a la ciudadanía.
El pasado 31 de enero el máximo juzgado dio inicio formal a sus actividades con el acto de Apertura Judicial, en el cual su presidente, magistrado Maikel Moreno, ofreció un discurso que fue presentado como “informe anual de gestión”. Sin embargo, apenas tuvo datos que sirvan para evaluar el desempeño del organismo y del Poder Judicial en su conjunto, mientras que sí estuvo cargado de amenazas a la disidencia y mensajes que dejan clara la alineación de la justicia venezolana con el Gobierno de Nicolás Maduro.
Moreno solo informó que a lo largo de 2019 el TSJ resolvió 2.893 “asuntos”, lo cual no quiere decir que haya sentenciado igual número de casos. “La Sala Plena resolvió 115, la Sala Constitucional 520, la Sala de Casación Penal 247, la Sala de Casación Civil 621, la Sala Político Administrativa 816, la Sala Social 496 y la Sala Electoral 68”, desglosó, pero sin precisar, como sí lo hicieron en el pasado sus antecesores en el cargo, cuántas causas recibió la máxima instancia judicial en el mismo período de tiempo.
Sin embargo, el único dato aportado por el funcionario revela que el rendimiento del organismo en los últimos doce meses fue inferior al del año anterior. En su discurso de 2019, Moreno aseguró que el TSJ resolvió en 2018 4.400 asuntos, pero las cifras que ofreció la semana pasada sobre la gestión de 2019 son 34,25% inferiores. De esta manera, el funcionario insiste en su política de opacidad, que ha sido denunciada en el pasado por Acceso a la Justicia.
El también presidente de la Sala de Casación Penal informó por primera vez desde que abre el año judicial cuántos casos recibieron y decidieron los demás tribunales del país, como era la costumbre antes de su nombramiento como principal figura del máximo tribunal. Aclaró que, pese al sabotaje eléctrico, ingresaron 368.283 causas y fueron decididos 435.229 asuntos inherentes a todas las competencias y jurisdicciones del país. En 2017 la entonces presidenta del TSJ, magistrada Gladys Gutiérrez, aseguró que en 2016 el Poder Judicial dictó “1.591.661 fallos en todos los ámbitos materiales y territoriales”. Esto significa una presumible disminución de la productividad de los tribunales de aproximadamente 73%, aunque también incide en ello la reducción de casos ingresados.
Finalmente, Acceso a la Justicia aclara que cuando el presidente del TSJ se refiere a “asuntos inherentes a todas las competencias y jurisdicciones del país” se trata de actos jurídicos de cualquier tipo durante un proceso judicial, incluso de trámite, y no necesariamente sentencias, como hemos ya explicado anteriormente sobre lo que son realmente “expedientes decididos” del TSJ.
Opacidad total
A pesar de que también es el presidente de la Comisión Judicial, organismo encargado de designar y remover a los jueces provisorios, temporales y accidentales, por tercer año consecutivo Moreno obvió informar cuántos juzgados cambiaron de titular.
Acceso a la Justicia advierte que esta información es crucial, porque de los más de dos mil tribunales que hay en el país, 70% de ellos están ocupados en la actualidad por abogados que pueden ser despedidos de un momento a otro por la Comisión Judicial sin ningún tipo de procedimiento previo.
En materia disciplinaria, el funcionario solamente mencionó que la Inspectoría General de Tribunales realizó 316.056 inspecciones, “91,4% más que el año anterior”, resaltó.
Alineación absoluta
Moreno inició su discurso asegurando que 2019 fue un año de “desafíos y enseñanzas”, en el que “los venezolanos empezamos a creer en nuestra propia capacidad de resistir los embates de las políticas y de las élites y la presión de los imperios contra un país que decidió ser verdaderamente libre e independiente”.
Asimismo, no tuvo empacho en calificar de “traidores” a los diputados de la Asamblea Nacional, de quienes dijo que “amparados en las atribuciones que el pueblo les dio decidieron darle a la espalda para unirse en un complot con gobiernos extranjeros y sus lacayos”.
Acto seguido advirtió: “La justicia llegará con firmeza a los responsables de los daños que procuran hacerle a todo el país y a su pueblo noble y valiente”. Y como muestra recordó los diez fallos que la Sala Plena dictó el año pasado despojando de su inmunidad a una veintena de legisladores opositores.
Pese a que en varias ocasiones aseguró que las actuaciones del TSJ se guían por lo establecido en la Constitución, Moreno cerró su intervención con una declaración que comprueba la sumisión del organismo al chavismo:
“Hoy más que nunca debe existir la colaboración entre las distintas ramas del Poder Público, ante la brutal campaña internacional desarrollada para desconocer y deslegitimar el Gobierno legalmente constituido, debemos estar integrados en un bloque o muro de contención para que estos planes de conspiraciones no se lleven a cabo”.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
La falta de información adecuada impide a los académicos, organizaciones de derechos humanos y ciudadanos de a pie ejercer la llamada contraloría social sobre el Poder Judicial y velar porque éste cumpla su labor de manera correcta. Asimismo, el incumplimiento de esta obligación constitucional y legal por parte del responsable de sancionar el quebrantamiento del ordenamiento jurídico contribuye a la anomia institucional que vive Venezuela y abona al desmantelamiento del Estado de derecho.
