El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no es un sitio seguro para los medios de comunicación, menos aún para aquellos pertenecientes al grupo empresarial 1BC. Prueba de ello es que apenas meses después de avalar la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de poner fin a las transmisiones en señal abierta de la emisora Radio Caracas Radio (RCR), ahora ha hecho lo mismo con la medida que también sacó del aire a su hermana menor, Tu FM 92.9.
La Sala Político Administrativa en su sentencia n.º 1.025 del 16 de noviembre de 2023 declaró sin lugar la demanda de nulidad con medida cautelar de suspensión de efectos que los abogados de la estación interpusieron en enero de 2018 contra la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) por no extenderle la concesión a la emisora capitalina.
En el fallo, el máximo juzgado rechazó que la medida fuera una represalia por la línea editorial de la estación o de otras empresas hermanas.
«No se desprende del estudio de las actas que conforman el expediente, prueba alguna que sirva de sustento a las afirmaciones realizadas por la recurrente con respecto a una motivación de índole política por parte del Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información para dictar el acto administrativo impugnado».
El que la frecuencia de Tu FM 92.9 fuese ocupada en su momento por la estatal Fundación Corazón Llanero no fue elemento suficiente para que la Sala sospechara que la no renovación de la concesión fuera una retaliación. Tampoco el hecho de que otras empresas del grupo hayan corrido la misma suerte en los últimos tres lustros, comenzando por la más grande, Radio Caracas Televisión (RCTV), a la cual el Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez le negó en mayo de 2007 la posibilidad de seguir operando en señal abierta, bajo la acusación de que era una televisora «golpista».
En 2019 le tocó el turno a Radio Caracas Radio (RCR), que pese a ser la emisora radial más antigua del país no escapó del paredón. Este mismo año la Sala Político Administrativa también avaló la medida con argumentos casi idénticos a los ahora expuestos.
Tu FM 92.9 fue una estación destinada al público adolescente y juvenil fundada en 1989. Pese a que estaba dedicada al entretenimiento y la música, tuvo espacios que tocaron algunas sensibilidades, entre ellos el Bola Jala, un programa que difundía música folclórica y que fue lanzado tras la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte), que obliga a incrementar la difusión de contenido nacional.
A la papelera
La Sala también desechó las denuncias de los representantes de la emisora con relación a que la decisión de Conatel de no renovarles la concesión era un atentado contra la libertad de expresión. Al respecto, esta fue la respuesta de la instancia:
«Que la accionante no pueda usar el espectro radioeléctrico a través de la radiofrecuencia que le había sido otorgada no implica que no pueda seguir ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, manifestando sus ideas, opiniones, informaciones y demás contenidos, mediante otros medios de comunicación».
¿Y dónde quedan los derechos de los oyentes de la emisora? Esto señaló el máximo juzgado.
«En la actualidad son diversos los canales de comunicación con los que cuentan no sólo tales “profesionales, dependientes, productores independientes e invitados”, sino la sociedad en general, entre los que además de los tradicionales se destacan las distintas plataformas digitales a través de las cuales se trasmite [sic], divulga y recibe información, ideas, opiniones y contenidos de diversa índole, por lo que no se constata la vulneración del derecho a la libertad de pensamiento y expresión alegada por la recurrente».
Más lapidaria fue la respuesta que dio respecto al perjuicio económico que ha supuesto la medida gubernamental para los accionistas de la empresa.
«La actora alega haber realizado una eventual inversión basándose en una expectativa legítima a seguir operando la frecuencia de radiodifusión sonora, en tal sentido, estima esta Sala que las inversiones que haya realizado fueron por cuenta propia y a riesgo que la concesión fuese o no renovada, por cuanto estaba en conocimiento de su tiempo de vigencia y no podía fundamentar una certeza de extensión de los títulos conferidos en un “derecho de preferencia”, que de estar vigente tampoco implicaría obligatoriedad de la renovación».
Construyendo la hegemonía comunicacional
La relación entre el chavismo y los medios de comunicación ha sido tormentosa casi desde el inicio. El fallecido Hugo Chávez demostró no tener mucha paciencia ni tolerancia con las críticas y resolvió adoptar medidas tales como sus famosas cadenas de radio y televisión o el maratónico programa ¡Aló presidente! para contrarrestar lo que consideraba una «campaña» en su contra.
Sin embargo, con el paso del tiempo optó por fortalecer el aparato comunicacional del Estado al dotar a los existentes medios públicos de recursos y crear otros nuevos.
En 1999, el Estado venezolano contaba con una televisora (Venezolana de Televisión), una agencia de noticias (Venpres, hoy ABN) y dos emisoras (Radio Nacional de Venezuela y YVKE Mundial), pero para 2015 el número se había multiplicado con creces: 14 televisoras, 11 emisoras, 8 diarios y cientos de sitios web, según un estudio realizado por el profesor Marcelino Bisbal.
Bajo la administración de Nicolás Maduro se ha sumado una nueva estrategia: la compra de algunos medios privados por empresarios o capitales cercanos al Gobierno, lo que ha llevado a que las líneas editoriales críticas con el Ejecutivo de dichos medios hayan cambiado de manera radical. Un ejemplo son los casos de los diarios El Universal y Notitarde, o el de la televisora Globovisión.
Este conjunto de medidas, sumadas a la salida del aire de RCTV y de unas 285 estaciones de radio, de acuerdo con Espacio Público, han supuesto un cambio radical al universo mediático en Venezuela y se han traducido en una reducción en la variedad de opiniones, ideas e informaciones que los ciudadanos reciben.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
Tu F.M. 92.9 ha pasado a engrosar la lista de medios de comunicación cuyas operaciones han sido liquidadas por el Gobierno nacional como parte de su política de silenciamiento de la crítica.
La decisión del TSJ no está en sintonía con el derecho humano a la libertad de expresión y pensamiento, y es una prueba más de su alineación con el Poder Ejecutivo, cuyos caprichos parece estar dispuesto a avalar sin importar las consecuencias que esto tiene para la endeble democracia venezolana y el Estado de derecho.
