La poca asignación de recursos al sistema de justicia, la prioridad dada a instituciones represivas (cárceles y policías) y la poca confianza que siente el ciudadano a la hora de denunciar delitos son factores que, entre otros problemas, alimentan la impunidad en el país y que la abogada constitucionalista Laura Louza puso sobre el tapete durante el foro Hablemos Derechos Humanos. Guayana en Contexto, para denunciar que estamos ante lo que pudiera ser una política de Estado que agrava la situación en lugar de solucionarla.
La también directora de la ONG Acceso a la Justicia evidenció que el Estado venezolano invierte cada vez menos en el sistema de justicia. Entre 2005 y 2015 el presupuesto real del sector (Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Público, Defensa Pública, Defensoría del Pueblo, cárceles y policías) pasó de 2,6% a 1,6%, con respecto al presupuesto nacional.
Igualmente destacó que la mayor inversión la recibe el sector represivo, lo cual se traduce en menos jueces y fiscales necesarios para que los procesos judiciales fluyan en el tiempo oportuno y se evite a su vez el hacinamiento carcelario. Pese a ello, no tenemos suficientes policías para combatir el delito en las calles. El promedio latinoamericano para 2011 se ubicó en 368 policías por cada 100 mil habitantes, y entre 2006 y 2014 Venezuela bajó de 309 a 281 efectivos por cada 100 mil habitantes.
El ciudadano observa, y la forma como se administra la justicia en el país le genera poca confianza. Esto se refleja en que de acuerdo con las encuestas de victimización realizadas por la Comisión Nacional para la Reforma Policial, Conarepol (2007), y la Encuesta sobre Condiciones de Vida, Encovi, de la UCAB, USB y UCV (entre 2014 y 2016), el 70% de los delitos no se denuncia porque se cree que no recibirá ningún castigo.
Un estudio realizado sobre el desempeño del Ministerio Público lo demuestra. Para 2011, de cada 100 delitos registrados más de 86 no eran llevados a tribunales penales puesto que la Fiscalía solicitaba sobreseimiento (fin del juicio) y archivo, por lo que solo 14% de los delitos reportados llegaban a un tribunal. En cuanto a las sentencias, también para 2011, solo se dictaban 10,6 de cada 100 delitos conocidos.
La consecuencia de todo esto también fue mostrada por Louza: impunidad. Entre 2014 y 2015 la cantidad de presos bajó de 54. 895 a 50.892, pero la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes aumentó de 82 a 90 homicidios por cada 100 mil habitantes. Entonces, ¿cómo hay menos presos pero más delitos?
Lo dicho pone en evidencia una política de impunidad que alienta el delito en vez de prevenirlo.
Enlace a la presentación:Una política de Estado para la impunidad (1)
