El 16 de julio, tras un proceso convocado por la Asamblea Nacional (AN), un promedio de 7.444.616 ciudadanos (de 7.535.259 que participaron) le dijo “no” a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) propuesta por el Gobierno nacional.
A dicha manifestación de voluntad nacional se le sumaron pronunciamientos internacionales que también piden al presidente de la República, Nicolás Maduro, escuchar el clamor popular y detener el proceso constituyente, que continuará su marcha el próximo 30 de julio con la elección de los integrantes de la ANC.
La comisión de expresidentes observadores de la consulta popular del 16 de julio integrada por Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Vicente Fox (México), Andrés Pastrana (Colombia) y Jorge “Tuto” Quiroga (Bolivia), los actuales gobiernos de Colombia, Alemania, Perú, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Puerto Rico, México, Costa Rica y Panamá, así como la alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, forman parte de la comunidad internacional que alzó su voz contra la ANC.
“Reiteramos: hay que desmontar Constituyente para lograr solución negociada, rápida y pacífica en Venezuela. El mundo entero lo está pidiendo”, escribió el Jefe de Estado colombiano, Juan Manuel Santos en su cuenta de la red social Twitter.
Mediante un comunicado de la cancillería, el gobierno argentino, encabezado por Mauricio Macri, también se pronunció e hizo votos porque el resultado de la consulta popular “lleve al Gobierno de Venezuela a desistir de la convocatoria a una Asamblea Constituyente”.
Estados Unidos no se quedó atrás y amenazó al Jefe de Estado venezolano con “fuertes” sanciones económicas si no rectifica con respecto a la ANC. “Estados Unidos no se quedará parado mientras Venezuela se desmorona. Si el régimen de Maduro impone su Asamblea Constituyente el 30 de julio, los Estados Unidos tomarán fuertes y rápidas sanciones económicas”, expresó Donald Trump mediante una misiva.
Por si fuera poco, un grupo de congresistas colombianos y chilenos, encabezados por el senador colombiano Iván Luque, presentó el 18 de julio una nueva denuncia (van 9) contra Maduro ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya por la presunta comisión de delitos contenidos en el Estatuto de Roma: crimen de asesinato por instigación directa e indirecta, imposición intencional de condiciones de vida, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación de opositores, tortura, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, desaparición forzada de personas y crimen de apartheid. Crímenes que de acuerdo con los denunciantes se han agravado con la convocatoria a una ANC y las sucesivas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia para respaldar dicho proceso.
Pese a todo ello, hasta ahora, en Miraflores no han dado señales de retroceder.
