A repetir grado. Si Venezuela fuera un estudiante eso sería lo que le pasaría a la luz de los malos resultados obtenidos en el último Índice de Estado de derecho, elaborado por la organización World Justice Project y el cual fue publicado el pasado 14 de octubre. De acuerdo con la evaluación, el país terminó el curso, por segundo año consecutivo, como el peor alumno no solo en la región, sino también en todo el mundo.
Pese a que el puntaje obtenido por Venezuela (0,27 sobre 1) es similar al logrado en 2020, en términos generales revela un retroceso en comparación con el reporte anterior, pues este año fueron evaluados 139 países frente a 128 del año anterior, y Venezuela sigue estando de última en los mismos rubros en los que estaba en 2020.
El Estado de derecho, según World Justice Project, es un sistema durable de leyes, de instituciones y de normas que obliga a las autoridades a rendir cuentas sobre sus actuaciones, al tiempo que protege los derechos fundamentales de toda la población. Este sistema además ofrece mecanismos accesibles e imparciales para resolver las controversias y disputas que se presenten en una sociedad determinada.
Para elaborar el Índice, la agrupación internacional no solo evaluó la actuación de los jueces y fiscales en materia penal y civil, sino también la capacidad del Poder Judicial en general para fijarle límites al poder del Ejecutivo; la ausencia de corrupción en el país; qué tan abierto y transparente es el Gobierno a la hora de tomar sus decisiones; el grado de respeto y disfrute de los derechos fundamentales de los ciudadanos; la situación del orden y la seguridad interna; y el nivel de cumplimiento del marco legal vigente. Para ello se entrevistaron 138.000 hogares y se consultó la opinión de 4.200 abogados, académicos, juristas y catedráticos en Derecho.
De mal en peor
En tres de las ocho categorías evaluadas (límites al poder del Gobierno, cumplimiento del marco legal y actuación del sistema de justicia penal), Venezuela -al igual que en el índice de Estado de derecho- ocupa el último lugar en el mundo.
La justicia penal venezolana logró apenas una calificación de 0,12, la peor obtenida en todos los aspectos evaluados y en la que existe una mayor diferencia frente al penúltimo país en el ranking: Bolivia, que obtuvo 0,22. Estos datos van en sintonía con los señalamientos de otras instancias como la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que en su último informe, afirmó:
«El deterioro de la independencia fiscal y judicial ha sido constante durante varias décadas (pero) se ha acelerado en los últimos años (…) Un problema importante que afecta a la independencia del sistema judicial, según observa la Misión, lo constituyen las graves y generalizadas acusaciones de corrupción. Numerosas fuentes entrevistadas por la Misión, incluyendo exjueces, juezas y fiscales, así como quienes respondieron al cuestionario, identificaron que el cobro por transacciones es una práctica constante entre ciertos miembros de la judicatura».
Como si la corrupción no fuera suficiente, otro elemento hallado por los investigadores designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que socava la autonomía judicial es la provisionalidad de los funcionarios del Poder Judicial. «El Tribunal Supremo de Justicia continúa nombrando un número elevado de jueces provisionales», verificó la instancia, la cual no solo recordó que esto va en contra del mandato previsto en el artículo 255 de la Constitución, que ordena que los jueces sean designados por concursos de oposición, sino que ha conducido la politización de los tribunales y su alineación con el Poder Ejecutivo.
«No existe un proceso formal establecido por ley o por resolución dentro de la Comisión Judicial para la selección de jueces provisionales (…) Los nombramientos que efectúan los miembros de la Comisión Judicial se basan en consideraciones personales o políticas», expuso la Misión.
En 2012 la entonces relatora de la ONU para la Independencia de los Jueces, Fiscales y Abogados, la brasileña Gabriela Knaul, ya criticó el hecho de que 80% de los jueces y casi 100% de los fiscales venezolanos fueran provisorios, temporales y accidentales y, por lo tanto, pudieran ser destituidos de un momento a otro por sus superiores jerárquicos sin ningún tipo de procedimiento donde se le garantizara el debido proceso. «La escogencia de jueces por mecanismos que no sigan criterios objetivos implica un riesgo para la independencia judicial, pues dichos nombramientos pueden realizarse según conveniencia política», alertó Knaul en 2012.
Por su parte, en materia de corrupción se registró otro pequeño retroceso. El país obtuvo 0,29 puntos frente a 0,31 en el anterior, con lo cual quedó a 10 puestos del peor del mundo: la República Democrática del Congo.
Estos datos son similares a los del Índice de Percepción de Corrupción que Transparencia Internacional publica año tras año. En el último de estos informes, difundido en enero pasado, se anunció que Venezuela se encontraba entre los cinco países más corruptos del mundo .
¿Avances o espejismo?
Solamente en materia de seguridad y orden público el país registró un pequeño avance y pasó al puesto 132, mientras que el último lo ocupa el convulsionado Afganistán, que desde agosto pasado vuelve a estar en manos de los talibanes.
Sin embargo, estos datos hay que mirarlos con cuidado. ¿El motivo? Desde 2018 organizaciones como el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) registran una caída en el número de homicidios en el país. La agrupación atribuye esta situación a fenómenos como la migración masiva que sufre el país desde hace años y la profunda crisis económica, y no a las políticas contra el crimen puestas en marcha por el Gobierno.
En materia de Gobierno abierto, solamente Egipto, Camboya o Irán se encuentran peor evaluados que Venezuela. ¿Qué tienen en común todos estos países? Son considerados regímenes autoritarios.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
El Estado de derecho es un concepto fundamental en el mundo actual y que tiene un impacto directo en la vida de los ciudadanos. Por un lado, les permite disfrutar de sus derechos y conseguir amparo, protección y reparación cuando los mismos han sido vulnerados por particulares o por el propio Estado. Asimismo, genera las condiciones que hace que inversiones privadas y públicas, nacionales o extranjeras, escojan un determinado país para instalarse, generando así riqueza y prosperidad, lo cual a su vez redunda en garantías fundamentales como el trabajo, la educación, la recreación, la salud o la cultura para sus ciudadanos.
Sobre esto último habría que destacar un dato que está en el Índice de los países mejor evaluados (Dinamarca, Noruega o Finlandia): estos son además de los países que tienen rentas per cápita más altas en el mundo, mientras que los peores evaluados, como en el caso venezolano, Camboya o la República Democrática del Congo, sus ciudadanos son de los más pobres.
La mala calificación obtenida por Venezuela en este nuevo estudio revela la verdadera razón de la emergencia humanitaria compleja: la concentración del poder en el Ejecutivo y la ausencia de Estado de derecho. Consideramos que los datos no solo representan un esfuerzo para entender lo que está pasando a nivel institucional, sino que además constituyen una oportunidad para que los responsables de formular y ejecutar las políticas públicas adopten aquellas que contribuyan a superar la actual coyuntura.
Para ver la infografía Índice de Estado de derecho de World Justice Project (calificación de Venezuela), hacer clic acá.
Para ver la infografía Lo nuevo y lo viejo del índice de Estado de derecho World Justice Project de 2021. El caso de Venezuela, hacer clic acá.
