El estado de derecho en Venezuela ocupa el último eslabón de 126 países en el ranking de la organización internacional World Justice Project en su informe 2018-2019. Asimismo, la justicia penal en el país se ubica en el último lugar, en tanto que la civil está en el penúltimo.
¿Cómo se expresan esos índices dentro de la realidad del país? Desde las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, en Venezuela comenzó a imponerse un régimen de facto que no solo ha impedido el ejercicio de las funciones de la Asamblea Nacional (AN), sino que también ha designado autoridades inconstitucionales con la anuencia de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) o del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
En este sentido, el TSJ en vez de ser un órgano garante de la Constitución se ha alejado cada vez más de su misión de ejercer el control judicial del poder, así como de la protección de los derechos de los ciudadanos. Al respecto, destaca cómo el máximo tribunal ha avalado un estado de excepción continuado, decretado por primera vez el 14 de enero de 2016 y prorrogado veintiuna veces, cuando la Constitución solo permite una sola prórroga. Además todo ello ha sido sin la aprobación del Parlamento, requisito esencial para su validez y vigencia.
El TSJ también ha respaldado con sus sentencias o con su negativa a recursos judiciales, las elecciones celebradas en el país desde 2017, aunque esos comicios no hayan tenido carácter democrático. En este sentido, se han realizado desde 2017 elecciones regionales, municipales y presidenciales, todas en contra de la Constitución y las leyes vigentes en materia electoral.
Por ejemplo, las presidenciales de 2018 se realizaron de manera anticipada sin motivo legal o constitucional en mayo y no en diciembre, además de no ajustarse a las garantías de una elección libre. Sin embargo, ante solicitudes de anulación de la misma el TSJ respondió negativamente. A la inconstitucionalidad de esos comicios celebrados en condiciones ajenas a la democracia, debe destacarse el rol del TSJ en el proceso de anulación de partidos políticos, completamente violatorio de la Constitución, al que se dio inicio en 2016, lo que fue cerrando progresivamente el paso a la participación política opositora. Como consecuencia de ello, concurrieron a la contienda electoral presidencial las organizaciones que el Gobierno avaló en una suerte de oposición a su medida.
Junto a las presidenciales anticipadas, el régimen de Maduro celebró las elecciones de los consejos legislativos estadales. Esta decisión contravino la Constitución por no contar con las condiciones necesarias para una elección democrática, así como la ley al separarse de las de gobernadores, efectuadas en octubre de 2017, lo que es contrario a la a Ley Orgánica de Procesos Electorales, la Ley del Poder Público Municipal y la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales.
Las convocatorias electorales ejecutadas de forma ilegal se repitieron, en diciembre de 2018, cuando se realizaron los comicios para elegir a los concejales municipales, también sin garantías y separadas de las elecciones de alcaldes, realizadas en diciembre de 2017. En estos comicios no participaron el Cabildo Metropolitano de Caracas ni el distrital apureño, instancias que fueron suprimidas por un decreto de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el 20 de diciembre de 2017.
Adicionalmente el TSJ ha tenido un rol protagónico desde la elección parlamentaria en la persecución de autoridades de oposición o disidentes. En 2017 arremetió contra tres diputados, diecisiete alcaldes, un gobernador y veintitrés magistrados designados por la Asamblea Nacional y la fiscal general de la República, entre otros. En 2018, el blanco fueron dos diputados, siendo apresado uno de ellos: Juan Requesens. En 2019, el máximo tribunal del país ha dictado sentencias contra dieciséis diputados y ordenado allanarle su inmunidad parlamentaria a la ANC, órgano que no tiene la potestad de hacerlo, sino la AN.
El definitivo quiebre institucional: autoridades de hecho
El TSJ también tuvo un rol fundamental en la designación de autoridades en franca violación de la Constitución, como en el caso de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), así como al avalar el procedimiento de convocatoria de la ANC y elección de sus miembros.
Lo más grave en este camino hacia un régimen de facto, la ANC, desde su instalación comenzó a designar autoridades inconstitucionalmente, usurpando funciones de la AN. Así lo hizo con el fiscal general Tarek William Saab, luego repitió esa práctica en 2018 con los nombramientos del defensor del pueblo y el contralor general. También juramentó a Nicolás Maduro como presidente de la República en enero de 2019, luego de su fraudulenta elección de mayo de 2018.
Esta situación ha derivado en que actualmente las cabezas del Poder Público venezolano sean ilegítimas e inconstitucionales, salvo por el Parlamento, elegido en diciembre de 2015 e integrado por 2/3 partes de partidos de oposición. Sin embargo, pese a la constitucionalidad y legitimidad de la AN, el Tribunal Supremo de Justicia ha anulado todos sus actos mediante 103 sentencias dictadas desde diciembre de 2015 hasta julio de 2019 solo por ser un órgano dominado por la oposición política por primera vez en diecisiete años de chavismo.
Crisis humanitaria
El resultado del quiebre institucional venezolano es que ha generado una distorsión absoluta de la función pública, donde el Estado se ha reducido solo a lo necesario para mantenerse en el poder con una progresiva policialización y militarización para reprimir al ciudadano que lo adverse o reclame frente a la falta de cumplimiento de sus obligaciones.
Lo más grave es que en vez de ocuparse de atender las necesidades de los ciudadanos, incluso las mínimas como es la provisión de servicios públicos básicos, ha institucionalizado la escasez con figuras como los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT), transformándola en un medio para que los subsidios que otorga a través del carnet de la patria sean herramientas de control social y político.
Este panorama ha agravado aún más la crisis humanitaria denunciada por las organizaciones no gubernamentales venezolanas desde 2015 y reconocida por el Secretario General de Naciones Unidas en 2016. Aun así, el gobierno de Nicolás Maduro no la admite, lo que la ha agravado todavía más, como denotan las cifras más recientes de esta infografía en materia de educación, salud y alimentación, así como nuestros índices de pobreza, inseguridad y migración.
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