El 4 de julio iniciará oficialmente la campaña para las elecciones presidenciales previstas para el 28, y durará 21 días de acuerdo con el cronograma publicado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, como ha pasado en las últimas dos décadas, la contienda por la silla del Palacio de Miraflores no estará regulada por un marco legal específico, una situación que abre las puertas a que el ventajismo que ha empañado otros procesos se vuelva a repetir.
La ausencia de una ley que establezca claramente las reglas de juego ha pretendido ser subsanada mediante normativas como el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y con las resoluciones que el árbitro ha venido dictando en cada evento, como las relacionadas con la publicidad o el acceso a los medios de comunicación.
Aunque las regulaciones del CNE, específicamente el Reglamento General de la LOPRE, prohíben el uso de fondos públicos para favorecer una tendencia (numeral 14 del artículo 204), así como la colocación de propaganda en «las edificaciones donde funcionen órganos y entes públicos» (numeral 1 del artículo 205) y que los funcionarios públicos favorezcan a uno de los bandos en contienda (numeral 1 del artículo 221), por mencionar solo algunas, en la práctica dichas disposiciones han demostrado ser insuficientes. Así lo han dejado en claro las sucesivas misiones de observación electoral que han venido al país a seguir el desarrollo de los distintos comicios que se han celebrado.
Esto denunció al respecto la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) invitada para las elecciones regionales y municipales celebradas en 2021:
«Los candidatos del partido gobernante se beneficiaron de una amplia red de activistas y del extendido uso de los recursos del Estado, incluido el transporte público y la distribución de bienes y servicios. Los observadores (…) reportaron indicios de que se presionaba o pagaba a la gente para que asistiera a los actos del partido».
Por su parte, el Centro Carter expuso lo siguiente en el informe que emitió tras monitorear los comicios presidenciales de 2012:
«El uso de recursos del Estado es quizá la ventaja más grande de la que gozan los candidatos en el ejercicio del poder, y la más difícil de evaluar, en particular cuando las contribuciones y los gastos de campaña no se dan a conocer públicamente, como es el caso de Venezuela»,
Permitiendo el desequilibrio
La necesidad de una ley especial que regule las campañas electorales ya la puso sobre la mesa la Misión que la UE envió a Venezuela a seguir las elecciones presidenciales que se celebraron en 2006. Esto alertó en esa oportunidad el grupo de veedores europeos en su informe final:
«Las leyes que gobiernan los procesos electorales presentan inconsistencias y vacíos que podrían ser solucionados bien con la aprobación por la Asamblea Nacional de una Ley Orgánica General, o bien con un nuevo Reglamento General Electoral del CNE, que fijen clara y definitivamente todos los aspectos clave de las elecciones de acuerdo a la Constitución de 1999 y en consonancia con principios y buenas prácticas internacionales»,
Seis años después, desde el Centro Carter advirtieron que:
«sin normas estrictas que exijan la rendición de cuentas (…), es difícil evaluar en qué medida se usan recursos estatales en campañas electorales. En el contexto venezolano, faltan lamentablemente salvaguardas para prevenir los abusos derivados del ventajismo o hacer que las infracciones a la ley resulten costosas, no sólo financiera sino también políticamente, con imposición de sanciones a la campaña que comete la infracción».
La normativa vigente es muy vaga en cuanto al uso de los recursos públicos para financiar campañas electorales y apenas establece sanciones. Una de las pocas normas que castiga el ventajismo electoral ni siquiera está prevista en la legislación comicial, sino en la Ley contra la Corrupción.
«El funcionario público que, abusando de sus funciones, utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político, será sancionada o sancionado con prisión de un (1) año a tres (3) años», se lee en el artículo 75 de la norma antes señalada.
Los candidatos deberían estar sometidos a una serie de restricciones durante la campaña electoral, a fin de garantizar las condiciones de equidad y competitividad necesarias. Esta ha sido precisamente una de las recomendaciones que los veedores han formulado con más insistencia en los últimos años. Así lo planteó el Centro Carter en 2012:
«Los venezolanos que diseñan políticas públicas podrían inspirarse, entre otros, en sus homólogos de Colombia, Canadá, España, Perú y México a fin de proponer una estricta fecha límite, pasada la cual, los funcionarios que aspiran a la reelección no puedan inaugurar obras estatales».
La suspensión de la propaganda institucional, la prohibición de las transmisiones conjuntas de radio y televisión —mejor conocidas como cadenas presidenciales— e incluso la limitación del avión presidencial con fines proselitistas fueron algunas de las propuestas que se han llegado a formular.
Sin embargo, una de las principales falencias de la normativa actual es que no impone límite alguno a los gastos que cada aspirante puede hacer a lo largo de las campañas electorales.
No solo la campaña
El actual vacío legal va en contra de lo previsto en el artículo 67 de la Constitución de 1999, el cual señala:
«La ley regulará lo concerniente al financiamiento y a las contribuciones privadas de las organizaciones con fines políticos, y los mecanismos de control que aseguren la pulcritud en el origen y manejo de las mismas. Así mismo regulará las campañas políticas y electorales, su duración y límites de gastos propendiendo a su democratización».
Los legisladores no solo deberían normar la campaña, sino también las precampañas, es decir, esos períodos previos a la campaña electoral oficial durante los cuales los candidatos, en particular los oficialistas, aprovechan para promocionarse. El CNE ha alegado a su favor que no tiene competencia para regularla.
En los últimos tiempos, las precampañas han tendido a durar mucho más que la campaña electoral en sí.
Más allá de la ley
Aunque es necesaria una legislación, también se requiere de un cambio de actitud por parte del organismo comicial, que en más de una ocasión a lo largo de los últimos años se ha negado a ejercer sus funciones como árbitro del proceso electoral.
Prueba de ello es lo ocurrido en la campaña presidencial de 2006, durante la cual el CNE constató que el oficialismo hizo un uso excesivo de la propaganda institucional a favor del entonces presidente Hugo Chávez., pero «no tomó las medidas sancionadoras con las que está facultado por ley para modificar esta situación», se quejó la Misión de la UE.
Esta práctica ha continuado a lo largo del tiempo. «El CNE no sancionó las violaciones del reglamento de campaña ni el uso de recursos del Estado», expuso el grupo de observadores europeos que monitorearon a las «megaelecciones» regionales y municipales de 2021, a pesar de que ellos constataron decenas de casos en los que funcionarios emplearon fondos y recursos públicos en favor de los candidatos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Lo anterior demuestra la alineación del árbitro electoral con los Gobiernos de Chávez y de Nicolás Maduro; no se puede olvidar que el organismo ha estado controlado durante los últimos cinco lustros por el oficialismo. Una prueba de esto es que algunos de los presidentes del máximo organismo del Poder Electoral han terminado ocupando altos cargos en el Ejecutivo. Son los casos de Jorge Rodríguez, quien tras abandonar el CNE llegó a ser vicepresidente y luego ministro de Comunicación, o de la fallecida Tibisay Lucena, que luego fue ministra de Educación Superior. También ocurre lo contrario, como con Pedro Calzadilla, quien tras ser ministro de Cultura estuvo al frente del ente electoral.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
El cuadro antes descrito pone en evidencia que las posibilidades de que las elecciones del próximo 28 de julio cumplan con los estándares internacionales de transparencia, equilibrio e igualdad, en el sentido estricto de la palabra, son escasas.
La ausencia de un marco legal y también de unas autoridades dispuestas a aplicarlo hasta las últimas consecuencias no hacen más que golpear a la institución del voto y, por ende, a la maltrecha democracia venezolana. Un árbitro imparcial es fundamental para nivelar las condiciones y las reglas de juego en la contienda electoral, pero mientras el CNE no asuma ese rol el ventajismo del que hasta ahora gozan los candidatos en el ejercicio de cargos públicos continuará campeando. También es necesaria una administración de justicia independiente para que cualquier fraude o ilícito electoral pueda ser denunciado y haya un pronunciamiento imparcial e inmediato sobre el mismo.
Situaciones como el programa que la Fundación Televisora Social (TVES), un ente creado por decreto presidencial n.° 5.349 publicado en Gaceta Oficial n.° 38.681 y adscrito a la cartera ministerial de comunicación e información, lanzó para elegir la canción de la campaña del aspirante a la reelección es un caso flagrante de uso de recursos públicos para promover una candidatura, lo que en una democracia y Estado de derecho no serían posible. Ante esto, cabe preguntarse: ¿no tienen derecho los otros contendientes a un programa similar?
Por ello, es importante que frente a la situación de ventajismo gubernamental instituciones de prestigio y de reconocida experticia en el campo, como el Centro Carter y el Panel de Expertos de Electorales de Naciones Unidas, hayan aceptado venir a Venezuela para las elecciones, así como que el propio Gobierno aprobara su presencia, aunque lamentamos que no haya sido así en el caso de la Misión de la Unión Europea.
