Las posibilidades de que las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio sean transparentes y confiables se reducen a medida que se acerca la fecha en la que se celebrarán. Como si convocar los comicios sin cumplir los formalismos legales o los obstáculos impuestos a determinados sectores para inscribir sus candidatos no fuera suficientes, el último golpe a la credibilidad del proceso lo ha supuesto la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de retirar la invitación que le había cursado a la Unión Europea (UE) para que enviara una misión de veeduría. Una decisión que viola disposiciones internacionales.
Esto anunció el presidente del CNE, Elvis Amoroso, el pasado 28 de mayo:
«Es un hecho público, notorio y comunicacional que el día 13 de mayo la Unión Europea (UE) en su posición histórica colonialista, ratificó las sanciones coercitivas, unilaterales y genocidas dictadas al digno pueblo de Venezuela, situación que atenta contra sus habitantes y contra la soberanía e independencia de la nación, como consecuencia de ello el Poder Electoral revoca y deja sin efecto la invitación que extendió a la UE para que participe, a través de una misión de veeduría».
Acto seguido, agregó: «sería inmoral permitir su participación (en referencia a la UE) conociendo sus prácticas neocolonialistas e intervencionistas contra Venezuela».
La decisión del árbitro va a contracorriente de lo establecido en el Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos que el Gobierno y la oposición representada en la Plataforma Unitaria suscribieron el 17 de octubre de 2023 en la isla de Barbados.
El numeral 5 del artículo 3 del pacto estipula claramente que:
«las garantías electorales para todos los actores a que hace referencia este Acuerdo Parcial y que serán promovidas conjuntamente por las Partes incluirán los siguientes aspectos: (…) Solicitud de invitación a misiones técnicas de observación electoral acordadas, incluidas la Unión Europea, el Panel de Expertos Electorales de la ONU, la Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter, a los fines de observar el proceso electoral presidencial, con estricto apego a la Constitución, la ley y los acuerdos suscriptos con el Poder Electoral, sin perjuicio del derecho de los actores políticos a invitar acompañantes nacionales e internacionales, dentro del marco de la ley».
La UE precisamente denunció la violación del acuerdo internacional y pidió al CNE que reconsidere su resolución, pero las autoridades venezolanas replicaron acusando de «insolente» al grupo conformado por 27 países del viejo continente y reiteraron que mientras no levante todas las sanciones «no será grata» su presencia en el país.
Una excusa sin sustento
La decisión del CNE se materializó horas después de que el bloque comunitario asegurara que estaba alistándose para enviar a 100 expertos a seguir el proceso.
Amoroso acusó a la UE de «ser cómplice» en el robo de empresas y de las reservas del oro que el Banco Central de Venezuela (BCV) tiene depositadas en el Banco de Inglaterra. Asimismo, aseguró que las sanciones han afectado los derechos a la salud de niños y ancianos (…) pues impiden el acceso a medicinas y alimentos. Igualmente, afectan la educación, el deporte y la economía, en este último caso restringiendo a los empresarios el acceso a materias primas».
Las razones del funcionario parecen una excusa sin basamento, puesto que las medidas impuestas por la UE en nada afectan la economía del país, pues están dirigidas contra 50 individualidades (funcionarios públicos o exfuncionarios) señaladas ser «responsables de violaciones a los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela», a quienes se les ha impuesto la prohibición de viajar a alguno de los 27 estados miembros de la organización y se les han congelado sus bienes y activos allí.
Solo una decisión tiene efectos generales y es el «embargo» que en 2017 impuso a la venta de armas y equipos destinados a la represión interna. No obstante, esta medida afecta más a empresas armamentistas de la UE, que no han podido continuar vendiendo sus equipos a la Fuerza Armada y a las policías venezolanas.
Otro aspecto es que ninguna filial de empresa pública venezolana en Europa ha sido objeto de medidas que afecten el control ejercido por el Gobierno, como sí ha ocurrido en otros países. Y sobre el caso del oro del BCV que está en el Reino Unido habría que acotar lo siguiente:
- El Reino Unido dejó de ser miembro de la UE en diciembre de 2020.
- La decisión de Londres está más relacionada con las sanciones impuestas por Estados Unidos y el desconocimiento del Gobierno de Nicolás Maduro.
- El oro no ha sido confiscado sino que está congelado mientras la justicia británica determina quién en Venezuela tiene potestad para decidir sobre su destino.
Llamativamente esta crisis se desató porque en Bruselas decidieron levantarles a Amoroso y a otras tres personas las sanciones que pesaban sobre ellos desde hace más de un lustro, en el caso del presidente del CNE, por su actuación como constituyente y como contralor general.
El gesto no sentó bien a algunos sectores del chavismo. Por ejemplo, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, declaró hace unos días lo siguiente:
«Yo creo que, con esa actitud racista, prepotente, grosera, insultante de la UE, se hace materialmente imposible por ilegal la invitación a una misión de observación electoral, y no es culpa nuestra, nosotros lo intentamos, nosotros hicimos todo lo que nos correspondía hacer, se les invitó»,
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La ausencia de la Misión de la UE en las elecciones presidenciales incrementará la desconfianza en la transparencia del proceso. Aunque no se puede olvidar que la actuación de los veedores y observadores está muy restringida por las regulaciones que el CNE ha dictado en los últimos años, la UE demostró en las «megaelecciones» de 2021 su capacidad de sortear los obstáculos institucionales; el informe publicado al respecto fue muy riguroso denunciando las fallas del proceso electoral y, además, estableciendo para el futuro una ruta para lograr unas elecciones acordes a los estándares internacionales en la materia.
