“Estamos muy sorprendidos con la sentencia de ayer por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela contra la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. La Ley, que fue aprobada por la Asamblea Nacional el 29 de marzo de este año, podría haber servido como base de un camino de diálogo y reconciliación en Venezuela.
Todavía estamos estudiando el fallo en detalle, pero observamos con preocupación que la corte declaró el texto completo como inconstitucional. A petición del Gobierno, desde el Alto Comisionado se envió un análisis legal de esta Ley a Venezuela, observando que el texto estaba, generalmente, en conformidad con los estándares internacionales de Derechos Humanos.
Hacemos un llamado al gobierno de Venezuela y a la oposición política a que abran nuevas vías para un proceso de diálogo que pueda contribuir a alcanzar los acuerdos políticos cruciales necesarios para abatir los múltiples desafíos que enfrenta el pueblo venezolano en materia de Derechos Humanos.
También instamos al gobierno de Venezuela y a todas las entidades del Estado a asegurar el respeto completo a los derechos básicos y libertades a los cuales todo el pueblo de Venezuela tiene derecho —incluyendo a los defensores de los Derechos Humanos y actores de la sociedad civil— de conformidad con las obligaciones del país bajo los tratados de Derechos Humanos que ha ratificado, y con los compromisos que hizo durante las Revisiones Periódicas Universales ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”
