En abril, esto es, en cuestión de pocas semanas, los venezolanos podrían conocer la identidad de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual, como hace más de quince años, pasará a estar integrado por veinte magistrados principales y veinte suplentes, de acuerdo con lo previsto en la reforma que sufrió en enero pasado la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ). Al menos eso es lo que se desprende de los plazos fijados en el cronograma aprobado por el Comité de Postulaciones Judiciales designado por la Asamblea Nacional (AN) electa en diciembre de 2020.
El proceso de selección, de acuerdo a los tiempos de ley, debería estar en la fase de tramitación de las impugnaciones, período en el cual los ciudadanos podrán poner reparos a las aspiraciones de alguno de los 434 candidatos. En la lista publicada el pasado 23 de febrero figuran treinta y nueve miembros del actual máximo juzgado, treinta de los cuales son titulares o suplentes que están cubriendo vacantes y los otros nueve son suplentes.
Una vez recibidas las objeciones, la instancia evaluadora tendrá ocho días para decidir si las mismas tienen algún sustento o si las desecha por infundadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la reforma de la LOTSJ.
Hasta el momento el Comité no ha informado oficialmente cuántas objeciones ha recibido; es más, desde que el 23 de febrero publicó la lista de candidatos no ha dado cuenta de la marcha del proceso, al menos a través de su cuenta de Twitter, lo cual refuerza más las dudas sobre su transparencia. Lo poco se sabe es que uno de sus integrantes, el diputado oficialista Francisco Torrealba, informó el 9 de marzo que se habían recibido escritos de cinco ciudadanos que impugnaron a trece de los postulados. (ojo, lo resaltado en rojo ya estaba en la versión de la nota que circuló esta mañana)
En caso de que acepte alguno de los cuestionamientos, según la Ley, el Comité deberá convocar al candidato impugnado a una audiencia oral, en la que este podrá presentar descargos en su defensa. Estos actos deberán celebrarse tres días después que el Comité notifique a los objetados. Si los evaluadores consideran que necesitan más información sobre alguno de los candidatos a magistrados, podrán requerirla a cualquier órgano público o privado y la misma deberá ser suministrada en cinco días continuos, señala el artículo 72 de la LOTSJ.
Una vez resueltas las objeciones, los evaluadores deberán realizar una primera selección para tener una lista de no menos de sesenta nombres, la cual remitirán al Consejo Moral Republicano, órgano integrado por el fiscal general, el defensor del pueblo y el contralor general de la República, para que aquel haga en un plazo de diez días una segunda preselección sobre la cual la plenaria de la AN realizará los nombramientos definitivos con el voto de las 2/3 partes de sus miembros.
De cumplirse los lapsos a más tardar a mediados del próximo mes, culminará el sexto proceso de remodelación que sufre el máximo juzgado en dos décadas. Junto a la designación de los magistrados se producirá también la del nuevo inspector general de Tribunales y del director de la Escuela Nacional de la Magistratura, los otros dos organismos del Poder Judicial cuyas máximas autoridades ya no dependerán del pleno del TSJ.
Sin embargo, el vicepresidente del Comité de Postulaciones, José Gregorio Correa, anunció en horas del mediodía del 11 de marzo la existencia de una lista de candidatos preseleccionados a magistrados, director de la Escuela Nacional de la Magistratura e inspector general de tribunales. Agregó que son un total de 271 y que espera el nombramiento del nuevo TSJ antes de que finalice marzo, sin precisar si se tramitaron las impugnaciones conforme a la Ley. Lo cierto es que no ha habido mayor información sobre el proceso de selección de candidatos, sino cuando se cumple una etapa y se pasa a la siguiente, o hay una prórroga de un lapso, por lo que no se puede decir con certeza lo que ocurrió.
Los magistrados eternos
¿Quiénes desean vestir una de las veinte togas del nuevo TSJ? Ya mencionamos que treinta y ocho magistrados en funciones y una exmagistrada aspiran nuevamente al cargo, esto, a pesar de que el artículo 264 de la Constitución de 1999 señala claramente que ocuparán ese cargo «por un único período de 12 años». No obstante, esta limitación fue burlada por la Asamblea Nacional electa en 2020, la cual en la reforma de la Ley Orgánica del TSJ estableció en la disposición final segunda que los magistrados en ejercicio que no hubieran terminado su período, podrían postularse nuevamente.
La maniobra del Parlamento controlado por el chavismo ha permitido situaciones insólitas como las de los magistrados Carmen Zuleta de Merchán y Juan José Mendoza, miembros de la Sala Constitucional; y de Malaquías Gil, actual vicepresidente de la Sala Electoral, cuyos períodos expiran en diciembre de 2022, es decir han pasado más de once años en el máximo juzgado, pero ahora intentan continuar por otra docena de años más.
Incluso la anterior presidenta del organismo, magistrada Gladys Gutiérrez, se ha postulado para otro período, a pesar de haber pasado diez años en la Sala Constitucional, haber estado en 2020 en comisión de servicios como rectora en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y luego renunciar a su cargo para asumir la representación venezolana ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Desde Acceso a la Justicia compartimos la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a que las postulaciones de magistrados en ejercicio no solo contradicen la Constitución, sino que representan un peligro para la independencia de la justicia. Al respecto, el organismo señaló lo siguiente en febrero pasado:
«Una persona operadora de justicia que pretenda ser reelegida corre el riesgo de comportarse de tal modo que obtenga el apoyo de la autoridad encargada de tal decisión, o de que su comportamiento se perciba de este modo por los justiciables».
Pero en la lista publicada por el Comité de Postulaciones Judiciales no solo hay magistrados en ejercicio, sino también algunos que ya estuvieron ejerciendo esa posición de manera temporal y que no fueron ratificados en otras ocasiones por la AN. Son los casos de los abogados Úrsula Mujica o Rafael Pérez Moochet.
Asimismo, hay jueces jubilados o que renunciaron a sus cargos que aspiran volver al Poder Judicial a través de su máxima instancia, entre ellos destacan Renée Moros, quien fue exmagistrada de la Corte de Apelaciones especializada en Violencia contra la Mujer de Caracas; Clotilde Condado y Jesús Orangel García, exmagistrados de la Corte de Apelaciones de Caracas.
Incluso el abogado y exjuez penal Ángel Zerpa se ha postulado, aunque en 2017 fue designado por la anterior AN como miembro del llamado TSJ en el exilio y haber sido detenido tras ello.
De otros poderes
El cargo de magistrado parece que ha recuperado su atractivo, prueba de ello es que entre los aspirantes figuran funcionarios y exfuncionarios de otros poderes del Estado de los últimos veintitrés años, es decir, del período en que el chavismo ha estado en el poder. Entre los más llamativos está la actual rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D’Amelio, así como sus excolegas Luis Emilio Rondón y José Luis Gutiérrez Parra o la exprocuradora general de la República, Marisol Plaza.
Entre los 434 candidatos hay diputados del actual Parlamento, como Gladys Requena (quien en principio fue designada como miembro del Comité de Postulaciones Judiciales y luego presentó su renuncia), Hermann Escarrá, Leopoldo Pita o Elvis Junior Hidrobo Pérez. Este último es hijo del contralor general de la República impuesto por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Elvis Amoroso.
El actual secretario ejecutivo del Consejo de Derechos Humanos y quien funge como representante del Estado ante los organismos internacionales de Derechos Humanos, Larry Devoe, también figura entre los postulados a magistrado. Otros nombres conocidos y polémicos son los de Katherine Harringthon, Jesús Gerardo Peña o de Gilberto Landaeta.
Katherine Harrighton fue fiscal y luego se desempeñó como viceministra del Interior. Sin embargo, en 2017 saltó a la palestra, pues fue designada por la Sala Constitucional como vicefiscal en respuesta a la decisión de la anterior titular del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, de acusar a esa sala de romper «el orden constitucional» con sus fallos contra el anterior Parlamento.
Por su parte, Jesús Gerardo Peña se desempeñó como fiscal durante la gestión de Ortega Díaz y luego fue director en lo Constitucional y Contencioso Administrativo con Tarek William Saab, pero desde 2017 trabaja en el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa, de acuerdo con su perfil de LinkedIn.
Por último, destaca el nombre del también exfiscal Gilberto Landaeta, quien integró el equipo que el exfiscal general de la República, Isaías Rodríguez, nombró para investigar el caso del asesinato del fiscal Danilo Anderson. La actuación de este funcionario fue muy cuestionada y se lo removió luego de un incidente con la Policía del estado Vargas, del cual terminó siendo sobreseído en 2009.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La marcha del proceso de renovación del TSJ, activado por la AN electa en 2020, tras la reforma que le hizo a la Ley que regula al organismo rector del Poder Judicial en enero pasado, confirma las sospechas de que el mismo no persigue reconstruir la independencia de la justicia. Estas dudas han sido corroboradas con el hecho de que treinta y ocho de los actuales magistrados del TSJ se postularon, así como una exmagistrada que fue su presidenta por mucho tiempo y magistrada hasta el año pasado.
Aunque pareciera que la intención de las autoridades es aplicar aquella máxima gatopardiana de «cambiar todo, para que nada cambie», desde Acceso a la Justicia esperamos que no sea así, de manera tal que empiecen a mejorar los problemas del país de inseguridad jurídica, indefensión e impunidad que actualmente padecen los venezolanos.
