«Ante los daños irreversibles provocados por el sistema destructor capitalista, que han generado el desequilibrio en nuestra Madre Tierra, es necesario promover la acción ambiental desde los hogares. La Pachamama nos está hablando. ¡Escuchémosla!». Nicolás Maduro hizo este llamado el pasado 5 de junio con motivo de la celebración del Día Mundial del Ambiente. Acto seguido, el presidente aseguró que «solo el socialismo puede estar en equilibrio con la naturaleza, es el único camino para la preservación del medio ambiente y la salvación de la especie humana. ¡Salvemos al Mundo!».
Sin embargo, una revisión al marco legal y normativo realizada por Acceso a la Justicia halló lagunas que ponen en entredicho la verdadera disposición de las autoridades nacionales a la hora de proteger a la naturaleza. En el informe La legislación ambiental en Venezuela expone que, aunque la República ha suscrito alrededor de cincuenta tratados internacionales relacionados con el medioambiente, entre ellos el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París contra el cambio climático, no ha dictado
«las medidas legislativas, administrativas y judiciales idóneas, adecuadas y eficaces para que todos los actores involucrados en el país actúen con la diligencia debida, a los fines de honrar las obligaciones contraídas y efectuar las cuotas de aporte a la disminución de los gases de efecto invernadero, así como el cumplimiento de los compromisos asumidos».
Los textos antes mencionados obligan a los Estados a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y así evitar que la temperatura del planeta aumente más de 1,5 grados centígrados en los próximos años.
Asimismo, el reporte denuncia que el Gobierno no ha suscrito el acuerdo de Escazú, el cual es «el primer tratado regional sobre derechos humanos y ambiente». Esto parece confirmar las intenciones del Gobierno de Maduro de alejarse aún más del sistema interamericano, tras la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos en 2013 y la salida de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2019.
En el reporte se enumeran las treinta y un leyes, cincuenta y dos decretos presidenciales y treinta y tres resoluciones y providencias vigentes para proteger el entorno, la mayoría de las cuales fueron dictadas antes de la aprobación de la actual Constitución.
La actual carta magna tiene un capítulo dedicado a la materia. Así, el artículo 127 reza lo siguiente:
«Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado».
Una hoja de ruta
En la investigación se presenta al Estado una hoja de ruta para desarrollar los postulados constitucionales y cumplir con los compromisos internacionales libre y soberanamente adquiridos.
En primer lugar, se propone avanzar en la transición energética. Para lograr «la descarbonización de la economía en el menor tiempo posible, sin sacrificar la calidad de vida de las personas», se insta a las autoridades a hacerlo de manera planificada.
«Ello plantea que se sigan aprovechando los recursos energéticos de origen fósil (economía marrón), para invertirlos e incrementar el uso de los recursos energéticos de origen renovable (economía verde), que permitan la sostenibilidad en su triple dimensión. Hasta ahora, más allá de las consignas, ningún plan concreto se ha establecido ni hecho público para lograr esa transición a través de políticas de Estado».
En segundo lugar, se llama a las autoridades a tomar medidas para mitigar los efectos de la crisis climática, entre ellas la reducción de la emisión de gases de efectos invernadero.
En tercer lugar, se aboga por asegurar el acceso efectivo al agua potable y al saneamiento de la siguiente manera:
«Aunque estos son derechos independientes, están interrelacionados y conforman una garantía del ejercicio de otros derechos humanos como a la vida, a la salud, a la alimentación y a una vivienda digna, en especial para aquellos grupos de personas en situación de mayor vulnerabilidad. De este modo, más allá de la consagración de estos derechos en la Constitución o en los tratados internacionales, el desarrollo conjunto de los mismos se encuentra con el abismo de una emergencia humanitaria compleja en la que el acceso al agua y el saneamiento no están al alcance de vastos sectores de la población, con el agravante, además, de que el Estado no reconoce esta situación».
El reconocimiento de la democracia ambiental para garantizar el real acceso a la información pública en general y en temas ambientales en particular es el cuarto punto que figura en la hoja de ruta. Así, se puntualiza en la investigación que
«Se ha demostrado que, sin concurso de la sociedad para lograr el desarrollo de los temas ambientales, la acción del Estado no es suficiente y, por el contrario, debe establecer mecanismos de cogestión y coadministración reales y efectivos que lamentablemente son ajenos, más allá de los lemas oficiales, a la actividad de la administración pública venezolana».
Una reforma institucional orientada a brindarle la real importancia que merece la cuestión ambiental y a asegurar que los estudios de impacto ambiental y sociocultural se realicen conforme a los estándares internacionales, es la quinta medida propuesta para disminuir el impacto de la ejecución de grandes proyectos de infraestructura o extractivos. «El trágico ejemplo del Arco Minero del Orinoco demuestra cómo la falta de estos estudios conlleva sistemas y reiteradas violaciones a los derechos humanos», se denuncia, al tiempo que se insta a las autoridades a promover la educación de la población en estos temas.
La investigación concluye afirmando lo siguiente:
«El gran desafío del petroestado venezolano consiste en asumir su cuota de responsabilidad ambiental frente al desarrollo sostenible como productor de hidrocarburos, e iniciar y acelerar el gran viraje hacia un nuevo modelo de desarrollo que no se encuentre anclado únicamente a las industrias extractivas, que sea menos contaminante, que se oriente a la economía circular y sea más compatible con el efectivo ejercicio de los derechos humanos de las presentes y futuras generaciones».
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
El informe La legislación ambiental en Venezuela revela que el extenso marco normativo venezolano no es suficiente para garantizar el derecho humano a un ambiente sano y proteger la riqueza natural del país. Asimismo, exhibe que pese a los anuncios y declaraciones oficiales no se han tomado medidas efectivas para materializar los compromisos adquiridos a través de tratados como el Protocolo de Kioto o el Acuerdo de París, que buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y así frenar el calentamiento global.
Para leer el informe La legislación ambiental en Venezuela, pulse aquí.
Para leer el informe La legislación ambiental en Venezuela en inglés, pulse aquí.
