El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, visitó Venezuela en abril pasado. Este fue su cuarto viaje al país desde que fue nombrado a mediados de 2021. En esa ocasión, además de reunirse con Nicolás Maduro y con otras autoridades, en la agenda del jurista británico estaba la inauguración de una oficina de su despacho en el país, que estará centrada, dijo, «en actividades de complementariedad e interacción con las autoridades nacionales».
¿Qué significan esas palabras? ¿En la práctica cuáles serán las funciones de este despacho? Como ha sido señalado por el fiscal Khan, se trata de una oficina de asistencia técnica en materia de complementariedad y cooperación. Sin embargo, más de 2 meses después, el tribunal con sede en La Haya (Países Bajos) ha intentado despejar algunas de las incógnitas que rodean a esta instancia desde que fuera anunciada hace más de un año.
«No cubrirá ni llevará a cabo labores de investigación», explicó Francisco González Centeno, funcionario de información pública de la CPI, en uno de los siete videos de la serie Pregúntele a la Corte, que el organismo publicó recientemente y que tienen por propósito informar sobre el actual proceso de investigación por crímenes de lesa humanidad.
«La oficina de la Fiscalía en el país no estará abierta al público en general, no participará en investigaciones y no estará en condiciones de proporcionar ninguna medida de protección», precisó.
Las víctimas y sus familiares, así como las organizaciones de la sociedad civil que deseen presentar información o evidencias, no deberían acudir ante la oficina en Caracas, sino que deberían emplear los canales habituales de la Fiscalía: correo electrónico, la plataforma OTPlink o acudir presencialmente a La Haya.
Solo asesoría y formación
Aclarado lo que no hará la oficina, queda la duda sobre lo que sí hará. «(Brindar) asistencia para el desarrollo legislativo en el ámbito de la justicia y el intercambio de conocimientos y mejores prácticas con las autoridades nacionales», explica González Centeno en el video.
Se confirma así que los funcionarios de la Fiscalía de la CPI en Venezuela se limitarán a presentar observaciones y recomendaciones a proyectos de leyes relacionados con el sistema de administración de justicia que debata la Asamblea Nacional (AN) y participarán en el entrenamiento de los jueces, fiscales, defensores públicos y miembros de las fuerzas de seguridad.
Aunque en el audiovisual se menciona en varias ocasiones el segundo memorando de entendimiento y el Plan de Trabajo que en diciembre pasado firmó Khan con las autoridades venezolanas, ambos documentos siguen siendo confidenciales.
Sin fecha en el calendario
En el segundo de los videos, se explica que la investigación de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela podría demorarse meses, incluso años. Esto afirmó el funcionario de la Corte en el audiovisual:
«Los dispositivos legales de la CPI no establecen un plazo para la realización de la investigación. Cada situación bajo investigación de la Fiscalía cuenta con una estrategia investigativa diferenciada, basada en el contexto y especificidades de cada investigación (…) Los plazos de acción y resultados varían dependiendo del contexto de cada situación».
Asimismo, en esta grabación se precisa que la averiguación es «estrictamente confidencial», y, por lo tanto, «no se hace publicidad ni se informa al público sobre las actividades de investigación de la Fiscalía en ninguna situación o caso».
¿Qué implica esto? Que los posibles hallazgos que puedan hacer los investigadores a la hora de determinar a los presuntos responsables de los crímenes de encarcelamiento, tortura, violación y abuso sexual o persecución no se conocerán hasta que se anuncie su eventual procesamiento. Tampoco se reportarán las citaciones de víctimas, testigos, expertos o sospechosos o las peticiones de información o colaboración que la Fiscalía pueda hacer a personas o instituciones dentro o fuera de Venezuela.
Solo los más representativos
Otra duda que quedó despejada en el cuarto video de la serie es que Khan y su equipo no buscarán sentar en el banquillo de los acusados a todos los responsables de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país, ni tampoco podrán juzgar todos los casos.
González Centeno explicó:
«La Fiscalía no está en condiciones de llevar ante la justicia a todas las personas sospechosas de haber cometido los crímenes previstos en el Estatuto de Roma. El Fiscal tiene discrecionalidad estatutaria para decidir cuántos y cuáles casos serán investigados y enjuiciados».
¿Cómo se decide cuál caso será enjuiciado y cuál no? Así lo ilustró el vocero de la CPI:
«La política de la Fiscalía en materia de enjuiciamiento consiste en centrar sus investigaciones y actuaciones en quienes, a la luz de las pruebas reunidas, tengan el mayor grado de responsabilidad por los crímenes previstos en el Estatuto de Roma».
De lo anterior se desprende que la Fiscalía buscaría procesar a los máximos responsables, mientras que presionaría para que la justicia venezolana procese a los autores materiales de menor jerarquía. Este es el común de los procesos de justicia internacional.
En el caso de la CPI, la selección y priorización de casos responde a sus limitaciones de recursos, ya que tiene apenas 900 funcionarios y un presupuesto de casi 200 millones de dólares.
Por último, la CPI confirmó que las investigaciones de su Fiscalía abarcan hechos ocurridos a partir del 12 de febrero de 2014, cuando la violenta represión a una marcha por el Día de la Juventud en el centro de Caracas desató una ola de protestas que se prolongó por meses y dejó decenas de muertos y heridos, así como cientos de detenidos y de torturados.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La información proveniente de la CPI se da cuando el país no solo está a días de celebrar unas elecciones presidenciales, sino que enfrenta una nueva ola de persecución contra la disidencia, en la cual se están repitiendo algunos de los crímenes investigados por la Fiscalía de La Haya.
La información aclara detalles de cómo se adelantará el proceso ante la CPI y confirma que el mismo no será breve ni sencillo. Sin embargo, la posibilidad de que un tribunal independiente e imparcial conozca lo ocurrido en el país debe ser motivo más que suficiente para que las víctimas, sus familiares y sus representantes se armen de valor y fuerzas para que no desmayen ni tiren la toalla.
Noticias como que no todos los sospechosos serán procesados seguramente desalentarán a más de uno y provocarán críticas contra la CPI. Sin embargo, hay que recordar que la justicia internacional es complementaria de la nacional y que es esta la que tiene la responsabilidad primaria de conocer estos casos. Así que cualquier posible proceso en La Haya podría y debería provocar en Venezuela que los tribunales comiencen a actuar hasta las últimas consecuencias. Por ello, en enero de este año Acceso a la Justicia junto con otras ONG en publicamos un informe con una serie de recomendaciones para que la justicia venezolana penal mejore.
Del mismo modo, el deber de juzgar los crímenes internacionales es compartido por todos los países del mundo, muchos de los cuales aceptan la figura de la justicia universal y pudieran juzgar a sospechosos distintos a los que eventualmente procesaría la CPI, siendo un ejemplo de ello en este momento la investigación que conduce la Fiscalía argentina respecto de algunos de los presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Enlace a la serie de reproducción completa de la Fiscalía de la CPI en español.
Enlace a la serie de reproducción completa de la Fiscalía de la CPI en inglés.
