La maltrecha reputación internacional del poder judicial venezolano recibió otro duro golpe. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que en Venezuela los jueces no toman sus decisiones según los argumentos, evidencias o pruebas que les presentan en los juicios y lo que estipulan las leyes, sino que se limitan a cumplir las órdenes que les giran desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El duro señalamiento lo realizó la también exmandataria chilena en el informe sobre la independencia del sistema de justicia y la situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco, el cual presentó este 15 de julio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Bachelet afirmó lo siguiente:
«La información de que dispone el ACNUDH (Alto Comisionado) refleja que los magistrados del TSJ tienen control sobre las decisiones de los tribunales inferiores en todo el país, sobre todo en el ámbito del derecho penal. Las personas entrevistadas indicaron que, especialmente en los casos de relevancia política, los jueces aguardan recibir instrucciones de los magistrados del TSJ antes de tomar una decisión por temor a ser despedidos o a sufrir otras represalias»
Además, dejó en claro que el caso de la suspendida juez María Lourdes Afiuni ha tenido un efecto intimidatorio entre sus colegas.
Afiuni fue detenida a finales de 2009 horas después que acatara una decisión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias y excarcelara al banquero Eligio Cedeño, quien había permanecido tras las rejas más de dos años sin juicio. En 2019, luego de una década de estancias en la cárcel, un largo encarcelamiento domiciliario y varios juicios, fue condenada por hechos de corrupción «espiritual», porque el Ministerio Público no le halló ningún bien.
Provisionalidad y malas designaciones, los grandes males
Para Bachelet, el control que el TSJ ejerce sobre los tribunales inferiores solo tiene una causa: la provisionalidad.
«La inseguridad de que adolece la titularidad de los jueces los deja expuestos a la injerencia de sus superiores y de fuentes externas», apuntó.
De los más de 2.000 jueces que hay en el país, el 85,3% para abril de 2019 eran provisorios, temporales o accidentales, por lo cual el máximo juzgado, a través de la Comisión Judicial, los puede destituir de un momento a otro sin ningún tipo de procedimiento que les garantice su derecho a la defensa. En no pocas ocasiones jueces que han tomado decisiones contrarias a los intereses del Gobierno han sido removidos de sus cargos a las pocas horas. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen años advirtiendo que esta situación sitúa a los árbitros en una posición de sumisión frente al poder político y deja indefensos a los ciudadanos.
Pese a que el artículo 255 de la Constitución establece que «El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces se hará por concursos de oposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los o las participantes y serán seleccionados por los jurados de los circuitos judiciales», desde 2003 no se ha celebrado un solo concurso.
Pero el hecho de que la inmensa mayoría de los jueces no haya logrado sus puestos mediante los exámenes fijados por la Carta Magna no explica por sí solo el drama en el que está la justicia venezolana. Otro elemento fundamental en la ecuación es la cooptación del TSJ por parte del chavismo, algo que ha logrado gracias al nombramiento en los últimos años de magistrados afines a sus intereses. En este sentido, en la primera conclusión del informe se lee:
«El ACNUDH estima que la independencia del sistema de justicia se ve considerablemente socavada debido a la inseguridad en la titularidad de los jueces y fiscales, a la falta de transparencia en el proceso de su designación, a las condiciones de trabajo precarias y a la interferencia política, con inclusión de las estrechas relaciones que existen entre los miembros del TSJ con el Gobierno y el partido gobernante. Esta situación impide que el poder judicial ejerza su función clave como un actor independiente en la protección de los derechos humanos y contribuye a generar impunidad y la persistencia de violaciones de estos derechos» (resaltado nuestro).
Para la alta comisionada, decisiones como la que tomó el 26 de mayo pasado la Sala Constitucional y en la cual reconoció al diputado Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional, sin verificar si había conseguido el número de votos necesario para su elección prueban «la existencia de inconsistencias y posibles consideraciones políticas» al momento de sentenciar.
Como si no existieran
Los venezolanos víctimas de violaciones a sus derechos humanos están desamparados. Así lo admitió Bachelet, quien puso como ejemplo el caso de las víctimas de abusos durante las protestas de 2014, 2017 y 2019.
«El Ministerio Público indicó que había registrado 958 casos de violaciones de los derechos humanos en relación con protestas celebradas en 2014, 2017 y 2019. De estos casos, 474 estaban siendo objeto de una investigación y 406 habían sido desestimados; 44 personas habían sido acusadas, y otras diez se encontraban detenidas en espera del resultado de sus juicios. En la información que aportó el Gobierno no se especificaba si algún miembro de las fuerzas de seguridad había sido condenado por violación de los derechos humanos en el contexto de las protestas».
La impunidad también campea en el caso de presuntas ejecuciones extrajudiciales; entre agosto de 2017 y noviembre de 2019 las autoridades informaron que habían abierto 766 investigaciones por violaciones a los derechos humanos contra miembros de los cuerpos policiales y militares, por las cuales 505 agentes fueron acusados, 390 detenidos y 127 condenados.
Sin embargo, según el Monitor de Víctimas de Venezuela entre junio de 2018 y junio de 2019, solo en Caracas los uniformados habrían sido responsables de 1.119 homicidios.
El aparato judicial venezolano no solo es incapaz de castigar los delitos contra la vida o la integridad personal, sino también de prevenir otros que buscan garantizar derechos como la salud o la educación.
«El ACNUDH fue informado, por ejemplo, de que al cierre de este informe no se había admitido una aplicación de amparo que fue presentada por 307 personas con VIH en diciembre de 2017 exigiendo acceso a medicamentos antirretrovirales», ejemplificó la expresidenta chilena.
Por último, Bachelet advirtió que la crisis económica que golpea a Venezuela, en buena medida por el fallido modelo económico implantado por el chavismo, también puede deteriorar aún más el servicio judicial. «El salario mensual de un juez gira en torno a 30 dólares de los Estados Unidos, lo cual incrementa el riesgo de corrupción en todos los ámbitos y a todos los niveles de la administración de justicia», alertó.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
El mal funcionamiento del sistema de justicia pone en situación de indefensión a los ciudadanos frente al poder político o económico. Pero como si lo anterior no fuera suficiente, cuando los tribunales responden al Gobierno y no a la Constitución y las leyes, las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares corren el riesgo de ser revictimizadas cuando intentan exigir que se castigue a sus victimarios, en especial si estos tienen conexiones con las altas esferas del poder.
Bachelet expone al mundo la gravedad de la situación en la que están los ciudadanos de a pie cuando en su informe afirma que la provisionalidad de los jueces, la cooptación política del TSJ y la precariedad en la que laboran los funcionarios judiciales impiden que «el Poder Judicial ejerza su función clave como un actor independiente en la protección de los derechos humanos y contribuye a generar impunidad y la persistencia de violaciones de estos derechos».
El informe también revela la importancia de la contraloría social que ejercen organizaciones como Acceso a la Justicia, cuyos informes fueron tomados en cuenta por la exmandataria chilena y su equipo para elaborar su último reporte sobre la situación del sistema judicial.
