El camino a la dictadura

El verdadero golpe de Estado

En 2015 hubo un golpe de Estado que se desarrolló sin tanquetas ni ruidos de sables y que comenzó con un zarpazo letal a la Constitución en diciembre de ese año por parte del Ejecutivo nacional y su brazo político, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), con apoyo de otros poderes públicos, en particular, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Todo esto, luego del triunfo de la coalición opositora en los comicios para elegir a los representantes de la Asamblea Nacional por primera vez en 17 años de “chavismo”.

El verdadero golpe de Estado ha sido institucional y se ha dado en los ámbitos judicial, constitucional y electoral, configurándose con la violación deliberada de las formas constitucionales por un grupo que detenta el poder, de acuerdo con la definición del jurista y politólogo italiano Norberto Bobbio et Al en su Diccionario de Política.

A pesar de que es cada vez más evidente que Venezuela está bajo un régimen autocrático, el camino que emprendió el gobierno de Nicolás Maduro para llegar a ello no ha sido sencillo ni directo, y menos aún el tradicional ya que tuvo un origen democrático: elecciones.

En Venezuela, como en otros casos en América Latina –un ejemplo es el de Perú durante el régimen de Alberto Fujimori  (1990-2000) – los gobiernos han llegado al poder a través de elecciones democráticas y han “evolucionado” para mutar en dictaduras a través de prácticas de control social y político, ayudados por la corrupción y la impunidad.

En el especial El Camino a la Dictadura, la ONG Acceso a la Justicia describe los pasos que el Ejecutivo nacional ha transitado para socavar el sendero democrático y ejercer la toma absoluta del poder, especialmente desde diciembre de 2015, luego de la elección parlamentaria.

La amenaza al único poder legítimamente electo

Lograr las 2/3 partes del Parlamento  –112 de los 167 escaños en la Asamblea Nacional, la mayoría calificada– en diciembre de 2015 se convirtió para la oposición, congregada en ese momento en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD),  en un triunfo pero también en una espada de Damocles.

Por lo menos 28 diputados han sido perseguidos, separados de sus cargos, encarcelados o enjuiciados, violentándoseles el debido proceso con un único propósito: desmantelar la AN, único poder legítimamente electo con 56,2% del voto ciudadano.

A solo días de los comicios comenzaron los artilugios jurídicos y el gobierno de Maduro dio un primer zarpazo al bloque opositor. El TSJ ordenó suspender la proclamación de los cuatro diputados indígenas del estado Amazonas, de los cuales tres eran de oposición –Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana– ante una solicitud de nulidad con amparo cautelar (suspensión temporal de efectos del acto de proclamación), hecha por miembros del PSUV, en la cual se argumentaban irregularidades en esa elección basadas en un audio de origen incierto e inválido según lo que exige la Constitución en la materia. Por ello, los tres parlamentarios de oposición fueron incorporados a la Asamblea Nacional. El TSJ emitió una sentencia calificando el hecho como desacato por parte de la AN y declaró nulas todas sus actuaciones mientras los diputados de Amazonas no fuesen separados de su cargo. Después de un año de múltiples sentencias del TSJ en una verdadera guerra contra el parlamento, en marzo de 2017, el máximo tribunal anunció que asumiría las competencias de la cámara legislativa por considerar que se encontraba en desacato desde ya hace un tiempo.

La situación se agravó con la implantación de una nueva Asamblea Nacional Constituyente (ANC) –convocada por el presidente de la República y no por el pueblo como establece la Constitución– y erigida como un súper poder por encima de los constituidos, con la potestad de dictar normas supraconstitucionales y de destituir a las autoridades o funcionarios que considerara.

Así se instaló una fraudulenta ANC que empezó a gobernar, juzgar, legislar y que destituyó a la fiscal general de la República, nombró al defensor del Pueblo como encargado del Ministerio Público y a su adjunto como defensor sustituto, y creó una comisión de la verdad para amedrentar a los familiares de los manifestantes que murieron durante las protestas de abril a julio de 2017.

La ANC, en la práctica, sustituyó al Parlamento, aunque la AN siguió funcionando. Sus actos, sin embargo, desde su elección en diciembre de 2015 no han tenido validez alguna, ya que el TSJ se ha encargado de anularlos uno por uno. Para mediados de julio de 2019, a tres años y medio de su elección, ha emitido 100 sentencias en su contra. Por otra parte, las leyes que hasta ahora ha promulgado el organismo fraudulento, la ANC, casi todas propuestas por el Ejecutivo, mantienen y profundizan el modelo socioeconómico existente que implica un control absoluto del Estado de los medios de producción y de la economía, además de estar dirigidas a reprimir aún más a la población y acallar la disidencia política.

Dictaduras modernas: con votos

Los partidos opositores congregados en la MUD sortearon los obstáculos que una y otra vez impuso el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la realización de un referéndum revocatorio establecido en la Constitución. Cuando finalmente el referéndum pareció posible, el CNE paralizó el proceso en virtud de unas medidas cautelares dictadas por tribunales penales de cuatro estados del país.

El TSJ lo hizo aún más imposible con la sentencia de la Sala Electoral nº 147 del 17 de octubre de 2016 con la que exigió que el 20% requerido según la Constitución para aprobar la realización de la consulta popular fuese por estado y no a nivel nacional, decisión inconstitucional por tratarse de un proceso nacional y no regional y no exigir esto la Constitución.

Más adelante, siempre en el ámbito de la participación política, las elecciones regionales y municipales fueron postergadas y se separaron los comicios de los órganos ejecutivos de los legislativos, contrariando lo que dispone la Ley sobre la materia.  Las de gobernadores fueron realizadas en octubre de 2017 cuando debían celebrarse en 2016. Las de alcaldes se celebraron en diciembre de 2017. Las de concejos legislativos en mayo de 2018 conjuntamente con las presidenciales anticipadas. Y las de concejos municipales en diciembre de 2018. Todos estos comicios fueron convocados por la Asamblea Nacional Constituyente usurpando funciones del órgano electoral. En todas se usaron las figuras del voto asistido y los puntos rojos. Hubo otras irregularidades en cada una de ellas según el caso.

Ante una situación de ingobernabilidad y crisis, Nicolás Maduro adelantó los comicios generales pautados para diciembre de 2018 y fueron convocados para  mayo de ese año por la Asamblea Nacional Constituyente con la anuencia y apoyo del Poder Electoral y en condiciones ajenas a la legalidad y a la democracia.

El 10 de enero de 2019 Nicolás Maduro tomó posesión y juramentación como Presidente de la República en su segundo mandato ante el TSJ y no ante la AN como establece la Constitución en su artículo 231.

La asunción de Maduro como presidente electo, aún sin haber sido elegido apegado a las normas constitucionales, lo transformó en un presidente de facto, así como su gobierno y los demás órganos del Estado por haber sido su origen ilegítimo e inconstitucional.

Frente a este hecho, la AN, mediante acuerdo del 15 de enero de 2019, declaró en una sesión formal la usurpación de la Presidencia de la República  y pidió el “repudio” de todos los actos emanados por el Ejecutivo.

El ataque a los diputados opositores ha persistido y ellos han sido objeto de agresiones, acusaciones infundadas, detenciones arbitrarias, cárcel, torturas y allanamiento de la inmunidad parlamentaria mediante sentencias del TSJ y decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando ambas instancias carecen de facultades para ello, según la propia Constitución que establece que solo la AN tiene esa competencia. Los casos de los legisladores Juan Requesens, Gilber Caro, Gilberto Sojo, Renzo Prieto, Rosmit Mantilla, José Manuel Olivares, Gaby Arellano, Ismael García, Adriana D’Elia, Adriana Pichardo y Tomás Guanipa son ejemplo de ello.

Hoy, Édgar Zambrano, primer vicepresidente de la AN se encuentra detenido; otros dieciséis parlamentarios han sido acusados de varios delitos y a casi todos el fuero les ha sido allanado bajo artilugios jurídicos e interpretaciones subjetivas de la letra de la Constitución.

Venezuela ha sido catalogada como una dictadura por organizaciones dedicadas a la protección de los derechos humanos como Human Rigths Watch y Freedom House International. Desde 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ha dado un puesto en su informe anual (capítulo IV) donde están los países no hay democracia o enfrentan situaciones que afectan gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales.

La comunidad internacional no se ha quedado atrás y desde las sentencias nº 155 y 156 de la Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia de marzo de 2017 –las cuales le otorgan al Presidente de la República los poderes más amplios que jamás haya tenido mandatario alguno en la historia republicana del país y en que se atribuye funciones legislativas, anulando las competencias de la Asamblea Nacional– comenzó a retirar embajadores y a pronunciarse sobre el hecho de que en Venezuela se ha instaurado una dictadura. Sin embargo, aunque soterradamente, el régimen se ha cuidado de no disolver el Parlamento para dar la idea, sobre todo en el plano internacional, que existen ciertas instituciones, aun cuando ha creado otras de hecho (caso ANC y designación de “protectores” de estados que fungen como gobernadores paralelos donde sus aliados perdieron las elecciones regionales).

Nicolás Maduro ha asestado un golpe judicial e institucional al acabar con la independencia de poderes y  despojar a la población de las garantías y libertades políticas, hechos que venían gestándose desde el mandato del fallecido Hugo Chávez Frías, y que se han traducido en una ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela.

El quiebre institucional que ha ocurrido de manera progresiva en Venezuela, especialmente desde 2015 ha conllevado a una crisis económica y social de gran magnitud que, por su tiempo y desatención, se ha convertido en una emergencia humanitaria compleja, lo que explica la verdadera causa del éxodo masivo de un importante número de habitantes del país y revela la absoluta responsabilidad del Estado al no garantizar a la población el acceso a los servicios públicos imprescindibles ni la posibilidad de cubrir sus necesidades más básicas.

El manejo de la economía por parte del gobierno de facto de Maduro se ha basado en un constante endeudamiento sin control e impresión de moneda sin bienes que la sustenten. Eso ha dado lugar, entre otros muchos factores, a una hiperinflación que cumple más de un año; la pérdida del valor de la moneda ha sido enorme lo que ha generado que, pese al aumento constante de sueldos, sea difícil que un trabajo pagado en moneda local permita a la persona subsistir. No extraña en este sentido la cifra de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), 2018, según la cual 94% de venezolanos declara no tener recursos suficientes para vivir y que hay 48% de pobreza multidimensional en el país (toma en cuenta estándar de vida, empleo, protección social, educación, servicios y vivienda).

El régimen no sólo no toma medidas para solucionar la emergencia humanitaria, sino que no la reconoce, no ha aceptado ayuda internacional insistentemente ofrecida y menos aún admite que la provocó al dejar de cumplir con sus funciones, por políticas erradas que destruyeron la capacidad económica del país y sobre todo, su enorme corrupción en el manejo de fondos públicos.

En medio de la emergencia humanitaria compleja, de un total de 1,5 billones de bolívares o 3.857 millones de dólares aprobados por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), usurpando competencias de la Asamblea Nacional (AN) por segundo año consecutivo, para el presupuesto de la Nación en 2019 sólo 9% fue destinado a salud y 25% a “seguridad alimentaria” en plena emergencia humanitaria compleja. Que el gasto en salud no llegue siquiera a los dos dígitos, pese a la crisis en el sector, dice todo sobre la importancia que ha tenido para este régimen la salud de los venezolanos cuando al año que precedió 18,7 millones de personas no tuvieron acceso a diagnósticos ni a tratamientos médicos, aumentó la incidencia de casos y muertes por enfermedades que reaparecieron en los últimos años, así como de muertes por desnutrición, muertes maternas y neonatales.

A ese escenario se le suma la impunidad, la desmedida corrupción y el uso excesivo y criminal de la fuerza como control político, ejercido por funcionarios policiales, castrenses y grupo paramilitares (colectivos) contra la población que exige sus derechos y que se opone a las políticas de Estado, y especialmente contra la disidencia –civil y militar– que ha sido criminalizada. Todas estas situaciones forman parte del día a día de los venezolanos que anhelan el retorno de la democracia a Venezuela.

Por ello, desde Acceso a la Justicia hemos pensado que es fundamental explicar de una manera simple y gráfica cómo ha sido ese camino, especialmente desde las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, así como el impacto que esta situación de descalabro institucional ha tenido sobre la vida de los venezolanos. En este sentido, te invitamos a ver las presentaciones  Hitos del camino a la dictadura en Venezuela y Emergencia humanitaria compleja en Venezuela, al igual que hemos elaborado una infografía (ver infra).

Este especial cuenta con distintas secciones en las que se puede conocer más sobre los detalles del golpe de Estado del que el país ha sido víctima, vale decir, el Golpe Judicial, el Golpe Constitucional y el Golpe Electoral.