Acceso a la Justicia presenta un informe titulado “La consolidación de un Estado de hecho en Venezuela”, en el marco del próximo Examen Periódico Universal (EPU) en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La investigación parte de que Venezuela no ha seguido las recomendaciones en el ámbito de justicia y Estado de derecho desde que se inició el EPU.
Respecto del EPU 2012-2016, Venezuela aceptó 193 de las 274 recomendaciones de los Estados en el Consejo de Derechos Humanos durante su segundo ciclo, tomó nota de otras 28 y no apoyó 53, referidas a las libertades de expresión, reunión y asociación pacíficas; detenciones arbitrarias o por motivaciones políticas; e independencia y adecuado funcionamiento de los poderes y órganos del Estado.
En el ámbito de la administración de justicia, no ha cumplido con ninguna de las recomendaciones, aunque aceptó algunas y tomó nota de otras.
Además de la introducción en el que se describe el contexto, el Informe posee cuatro capítulos. En el primero se toca el tema de la anulación del Parlamento electo en diciembre de 2015, la persecución de la disidencia y represión generalizada. El segundo tema abordado es la anulación del voto pasivo y activo. En tercera instancia el Informe dedica un capítulo a la anulación de garantías constitucionales y los tratados de derechos humanos; mientras que en cuarto lugar se describe la situación de la autonomía universitaria, cómo ha sido atacada, al igual que el derecho a la asociación.
Finalmente, Acceso a la Justicia presenta sus recomendaciones en el marco de los temas abordados y con la esperanza de que la historia del ciclo anterior del EPU no se repita; esto es, que más allá de aceptar recomendaciones y tomar nota de otras, el Estado no dio cumplimiento efectivo a ninguna recomendación, profundizando así los retrocesos en independencia, imparcialidad y autonomía del Poder Judicial, abriendo las puertas a graves violaciones de derechos humanos.
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