Las consecuencias derivadas del desacato a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) varían según el órgano o ente que las incumpla. Para muestra el ejemplo de la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015, que fue despojada de todas sus facultades por no obedecer los mandatos del máximo tribunal. Sin embargo, ello no ocurre cuando quienes incumplen son los propios integrantes del Poder Judicial o del Ejecutivo. Este es el caso de Gloria Josefina Rey Moreno, a quien destituyeron ilegalmente del cargo de juez, y aun obteniendo una sentencia a su favor ni ha sido reincorporada a su cargo ni se ha generado alguna sanción o pronunciamiento.
Todo comenzó cuando en octubre de 1992 Gloria Rey fue designada juez itinerante permanente para actuar en materia penal con competencia nacional, siendo ratificada como juez titular en enero de 1998. Pero en el año 2008 la Comisión Judicial dictó un acto por el que destituyó a la jueza, sin procedimiento previo, a pesar de su titularidad.
Gloria Rey interpuso un recurso de reconsideración para que la Comisión rectificara su decisión. Sin embargo, esta acción fue negada. En vista de ello, la agraviada presentó en mayo de 2008 un recurso contencioso administrativo ante la Sala Político Administrativa (SPA), el cual fue decidido favorablemente nueve años después, en febrero de 2017.
Mediante la decisión, el máximo tribunal ordenó la reincorporación al cargo de jueza que ostentaba, así como el pago de los salarios dejados de percibir. Pero pasados dos años, el TSJ constató que la Comisión Judicial no cumplió con lo dispuesto y ordenó la ejecución forzosa de la sentencia, sin hacer ningún señalamiento al desacato cometido.
No menos grave que lo anterior es que la SPA está tan consciente del largo tiempo transcurrido entre la destitución y la última decisión (once años), que ordena adicionalmente a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) que evalúe si la demandante reúne los requisitos para ser jubilada, en clara confesión de lo tardía de su decisión.
En este caso, tanto el retardo judicial como la falta de acción ante la desobediencia a una sentencia del máximo tribunal por parte de la Comisión Judicial pone en evidencia la parcialidad del TSJ cuando se trata de asuntos que afectan al oficialismo.
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