En examen del 2do ciclo del EPU, Venezuela recibió 3 recomendaciones relacionadas con la democracia, de las cuales aceptó dos y anotó una, sin apoyarla. Entre las aceptadas se encuentran: a) su compromiso con los principios y valores democráticos y de defensa de los derechos humanos, realizar los mayores esfuerzos posibles para asegurar un diálogo nacional que facilite garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, la independencia de poderes y el fortalecimiento institucional del país (133.46) y b) seguir promoviendo la democracia en el país y la equidad de género en los partidos políticos (133.214). La tercera recomendación no fue apoyada: d) atender los llamados del Alto Comisionado para garantizar la adecuada protección de los opositores políticos, los defensores de los derechos humanos y otras personas que enfrentan amenazas por su trabajo, así como buscar, mediante el diálogo constructivo, soluciones que respeten el estado de derecho y las garantías constitucionales que permitan a todos los venezolanos ejercer sus derechos fundamentales (133.191).
El Estado no ha seguido estas recomendaciones ni ha garantizado el derecho a la democracia y al pluralismo político en el país. Los derechos políticos están restringidos por el Estado a través de fallos judiciales que desconocen a los representantes elegidos libremente por el pueblo venezolano y anulan sus actos sin fundamento jurídico alguno. En los últimos años se han constatado sistemáticas violaciones del derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus representantes a cargos públicos, que impiden sostener que en Venezuela ocurran elecciones auténticas y que haya integridad electoral y alternancia en el poder, al restringir la participación de candidatos y partidos políticos contrarios a la coalición gobernante; al vulnerarse el carácter universal y secreto del voto, y los principios de igualdad, imparcialidad y transparencia que deben caracterizar estos procesos; no publicarse ni actualizarse el registro electoral; desconocerse la periodicidad de las elecciones en los tiempos establecidos por la Constitución, todo lo cual ha generado que la población haya perdido confianza en el voto. En estos procesos, de forma parcializada, el ente rector de la materia electoral ha llegado a aprobar una serie de normas que arbitrariamente han modificado el sistema electoral venezolano, desconociendo inclusive el derecho al voto de sectores de la población, como el de los pueblos indígenas.
A esto se suma los patrones de persecución a la disidencia política donde la inhabilitación, persecución y encarcelamiento de dirigentes opositores y diputados a la Asamblea Nacional (AN), han atentado contra el principio de pluralidad contemplado en la Constitución venezolana e instituido en los estándares democráticos internacionales, así como los actos graves y sistemáticos de represión, detención arbitraria, desaparición forzosa, tortura y asesinato de cientos de manifestantes, por parte de cuerpos de seguridad y otros actores no estatales, en el contexto de masivas protestas pacíficas de oposición a las políticas gubernamentales, principalmente durante los años 2014 y 2017, y en los sectores populares por causa de las precariedades económicas y la falta generalizada de servicios esenciales, en el contexto de una emergencia humanitaria compleja durante los últimos años. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha destacado en sus informes la aplicación de políticas por parte del Estado venezolano para silenciar, desalentar y anular figuras de oposición al gobierno que podían constituir actos atroces o delitos de persecución sistemática contra la disidencia.
Estas severas vulneraciones a la democracia y al pluralismo político han sido determinantes en la prolongada inestabilidad en la que se ha sumido el país durante más de una década, auspiciada por el irrespeto al Estado de derecho, la falta de independencia de los poderes públicos y su sujeción al Ejecutivo, la desestructuración de las instituciones públicas y el control militar y policial de la sociedad. La renovación de autoridades electorales en el Consejo Nacional Electoral en mayo de 2021, producto del diálogo político, se leyó como un paso inicial en un proceso largo y complejo hacia el fortalecimiento de la institucionalidad electoral y cuyo primer desafío sería las elecciones regionales y locales pautadas para el 21 de noviembre de 2021.
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