Sucesos en la víspera del 1º de septiembre
Durante los últimos días a raíz de la convocatoria de una masiva manifestación pacífica por la oposición política para el 1º de septiembre, han venido desarrollándose en el país una serie de sucesos que no son propios de una democracia y ante los que Acceso a la Justicia se siente en el deber de pronunciarse por su gravedad, sobre todo por la participación en los mismos del propio Sistema de Justicia.
Las detenciones masivas de ciudadanos que se trasladan desde las regiones del país, las detenciones arbitrarias de activistas políticos como Yon Goicochea y Carlos Melo, sin que medie orden judicial alguna y hechas por hombres encapuchados que solamente horas después se sabe (a través de un diputado oficialista, que no es a quien corresponde) que son funcionarios de un organismo de seguridad del Estado.
Los traslados de Daniel Ceballos, Francisco Márquez, Gabriel San Miguel, Raúl Baduel y Alexander Tirado sin las debidas notificaciones a su defensa y familiares y sin que haya una causa conocida.
A esto se une la retención de la Diputada María Hernández, el allanamiento a la vivienda del Diputado Lester Toledo (quien posee inmunidad) y a la del alcalde Delson Guarate, el acoso al alcalde de Maturín Warner Jiménez, a la sede del partido Voluntad Popular y a los periodistas extranjeros que llegan al país para cubrir la marcha prevista para el 1º de septiembre.
Las denuncias que han llegado de diferentes partes del país sobre el impedimento de paso de los ciudadanos que quieren asistir al evento con despliegue además de la policía y militares en gran cantidad.
El hecho que el Tribunal Supremo de Justicia haya apoyado la política de limitación de las libertades civiles de los venezolanos al declarar constitucional la declaratoria de un estado de excepción que no lo es y al considerar válida una resolución que permite el uso de armas por parte del Ejército en contra los ciudadanos que manifiesten.
Todos y cada uno de estos hechos constituyen graves violaciones al Estado de Derecho ante las que no es posible permanecer indiferentes.
En ese sentido, Acceso a la Justicia celebra y apoya el comunicado de la Secretaría General de la OEA donde denuncia esta situación y coloca en el gobierno venezolano la entera responsabilidad de cualquier potencial víctima y advierte de antemano que cualquier abuso de autoridad ese día será inaceptable.
En consecuencia de todo lo expuesto nos unimos al llamado de la OEA al gobierno para que permita las manifestaciones y evite “medidas que puedan alentar la violencia y generar climas de confrontación, tales como la programación en el mismo día de marchas y manifestaciones pro gubernamentales”.
¿Y a ti venezolano cómo te afecta?
Según la ONG Civilis, “La manifestación es un derecho de toda persona, imprescindible para la exigencia y la defensa de derechos, que conlleva el ejercicio de tres derechos conexos, la libertad de reunión pacífica, la libertad de expresión y el derecho a la participación en los asuntos públicos, indispensables para la propia existencia de sociedades democráticas”.
El que en Venezuela la manifestación pacífica tenga tantas trabas y además sea motivo de persecución e incluso de encarcelamiento, y adicionalmente, que el Ejército pueda usar armas contra los manifestantes y que esto no sea inconstitucional para el máximo tribunal del país es una demostración de lo que dijo la Secretaría General de la OEA en su comunicado al calificar esta situación como propia “de los más connotados regímenes autoritarios a lo largo de la historia”.
Evidentemente que vivir en un país donde no hay libertad de disentir y de manifestar contra las políticas del gobierno, sobre todo, cuando está reconocida por la propia ONU una crisis humanitaria, es equivalente a vivir sin Estado de derecho, lo que nos afecta a todos como venezolanos.
