El retardo procesal en Venezuela es uno de los factores que más lesiona los derechos de la población. El caso de Carlos Conaro Nieto, chofer de la gobernación de Portuguesa, que perdió diez años de vida esperando la conclusión de un juicio laboral, es un ejemplo del perjuicio que suponen las sentencias a destiempo, pues además de haber sido afectado con un despido ilegal en 2007 tras veintitrés años de servicio, y de habérsele negado cualquier tipo de compensación, los órganos de administración de justicia se tomaron una década en resolver su reclamo.
Lo extendido del juicio obligó a Conaro a tener que esperar hasta los ochenta y tres años para recibir el dictamen de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con el cual se le reconoció el carácter laboral de su relación con la gobernación de Portuguesa, pero se le castigó imponiendo que una parte del pago de beneficios salariales y de pensiones acordadas se hagan en función de su último salario (Bs. 862), y que luego se completen con el salario mínimo decretado por el Gobierno.
Por efecto de la inflación de más de diez años, el pago que recibirá –de realizarse este año– ni siquiera le alcanzará para pagarse un desayuno, constituyéndose en otro caso de las diarias injusticias que padece Venezuela.
Si desea tener más información sobre la sentencia en cuestión puede consultar en el siguiente enlace: https://accesoalajusticia.org/se-ordena-la-inscripcion-y-pago-de-cotizaciones-al-ivss-de-trabajador-al-que-el-patrono-no-pago-durante-la-relacion/
