El retardo procesal, entendido como la dilación indebida en la tramitación y resolución de procesos judiciales, puede acarrear serias consecuencias para las partes involucradas y el sistema de justicia en general. En primer lugar, afecta directamente el derecho de las personas a obtener una tutela judicial efectiva, creando una sensación de desconfianza e inseguridad jurídica. Además, puede causar un incremento en los costos legales y económicos para las partes, ya que la prolongación de los procesos implica mayores gastos en honorarios y otros recursos. Por otro lado, el retardo procesal también incide negativamente en la congestión de los tribunales, generando un círculo vicioso que perpetúa la ineficiencia y la saturación del sistema judicial.
En Venezuela, el retardo procesal es muy común y afecta de manera significativa el funcionamiento del sistema judicial. La acumulación de casos pendientes, la falta de recursos y personal suficiente, así como la burocracia excesiva, contribuyen a que los procesos legales se prolonguen de manera indebida. Así lo demuestra el caso abordado mediante la sentencia n.° 1361 de la Sala Constitucional, en el que el Ministerio Público tardó 5 años, desde la denuncia en 2010, para realizar una actuación, y la Sala demoró casi una década para decidir una solicitud de avocamiento
Esto significa que la causa suma casi 15 años desde el inicio hasta la fecha de la decisión de la Sala, el 10 de diciembre de 2024. Lo más grave del asunto es que la Sala no resolvió el fondo de la solicitud, sino que remitió el caso a otra por considerarse incompetente, lo cual añadirá más tiempo al proceso, sin que los magistrados se inmuten en pronunciarse sobre lo injustificado de tal demora procedimental. Ello genera violaciones fundamentales al debido proceso, a la defensa que involucra tanto a la víctima como al justiciable que no ven satisfechas sus pretensiones, así como a la tutela judicial efectiva.
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