Las universidades públicas nacionales han sido históricamente un dolor de cabeza para todos los gobiernos, y no solo los dictatoriales; por su postura crítica y su defensa de las libertades. Las administraciones del fallecido Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro, no han escapado a esta tradición y por ello a lo largo de las últimas dos décadas han tratado por todos los medios de cooptarlas, sin lograrlo. Sin embargo, en 2020 parecía que el chavismo daría el zarpazo definitivo a estas instituciones gracias a la decisión que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) adoptó en agosto de 2019 ordenando la celebración de las elecciones rectorales.
La denuncia la formuló Acceso a la Justicia, en su informe anual titulado La consolidación de un Estado de hecho en Venezuela, en el cual afirma que la sentencia 324 de la Sala Constitucional atenta contra la autonomía universitaria «al establecer un sistema electoral ajeno a la legislación universitaria para elegir las autoridades de las casas de estudio».
El cuestionado fallo, el cual fue redactado por la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, ordenaba a ocho universidades públicas nacionales (Central de Venezuela, del Zulia, de Carabobo, Nacional Experimental del Táchira, Nacional Experimental de Puerto Ordaz, de Los Andes, Simón Bolívar y Centro Occidental Lisandro Alvarado) celebrar en seis meses los comicios para renovar a sus autoridades rectorales y decanales, pero siguiendo unas pautas distintas a las fijadas en sus normativas internas y en la Ley de Universidades vigente. Así, los centros deben permitirles a obreros, personal administrativo y egresados votar, y el voto de dichos grupos tendría el mismo valor que el de un docente y un estudiante.
Como si lo anterior no fuera suficiente, la instancia también fijó que el candidato ganador debe obtener la mayoría de los votos entre tres de los cinco grupos de electores (docentes, estudiantes, egresados, personal administrativo y obrero), y no simplemente la mayoría de los votos. Por último, estableció que si los comicios no se realizaban antes de febrero de 2020 declararía vacantes los cargos y el Ministro de Educación Universitaria podría designar autoridades provisionales. Esta última amenaza fue anulada por la Sala Constitucional a horas de que se venciera el plazo fijado por ella.
Acceso a la Justicia, en su informe, no dudó en denunciar que con esta decisión el máximo juzgado le dio al Gobierno de Maduro «un instrumento para acosar y reprimir a las universidades autónomas del país y a sus propias autoridades, además de aplicar un modelo de sistema electoral carente totalmente de legitimidad democrática».
Para la organización esta sentencia no es más que una medida más en un conjunto de acciones que el chavismo ha venido tomando contra las casas de estudios con el propósito de doblegarlas, las cuales han incluido anulación de comicios internos, reducción de los fondos destinados para su funcionamiento o reformas legales para limitar su autonomía.
Otros ataques
Aunque la sentencia sobre las elecciones internas fue la amenaza más grave que enfrentaron las universidades públicas nacionales, no fue la única decisión judicial que les complicó su funcionamiento. Acceso a la Justicia también denunció la sentencia n.º 500 que la misma Sala Constitucional adoptó en diciembre de 2019 que dejó sin efecto la designación de los representantes de la Asamblea Nacional ante el Consejo Nacional de Universidades (CNU).
El máximo juzgado no solo dejó sin efecto los nombramientos de los profesores Miguel Eduardo Albujas y Manuel Leopoldo Rachadell, sino que además les prohibió salir del país y les congeló sus cuentas.
Para Acceso a la Justicia, con esta última decisión la Sala Constitucional no solo se arrogó funciones que son exclusivas de los tribunales penales sino que además «sancionó, sin juicio ni condenas previas, a los nombrados por la Asamblea Nacional como sus representantes, violándoles a los afectados sus más elementales garantías jurídicas».
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Las universidades no solo son centros de formación y capacitación, sino que también son espacios para la creación y la reflexión, pero para que ellas produzcan innovación es necesario que gocen de libertad. Precisamente por ello las últimas dos constituciones nacionales (1961 y 1999) les han reconocido el derecho a su autonomía.
De lograr el chavismo su objetivo de hacerse con las universidades, al ganar unas elecciones para escoger sus autoridades hechas a la medida, se reducirían aún más los ya escasos espacios con los que cuenta la sociedad civil para expresarse y desarrollarse.
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