2021 podría ser el año en el que los venezolanos que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos puedan comenzar a ver justicia. ¿La razón? La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció que para principios del año próximo decidirá si presenta un caso ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte contra miembros del régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.
El anuncio lo hizo el despacho dirigido por la jurista gambiana Fatou Bensouda en su informe de actividades de examen preliminar 2020, publicado el pasado 14 de diciembre. En el texto no solo reiteró lo afirmado el 5 de noviembre, cuando dijo que tenía «fundamento razonable» para creer que en el país se habían cometido algunos de los delitos tipificados en el Estatuto de Roma, sino que además señaló que observó cuatro de ellos.
En el informe de seis páginas de extensión se lee lo siguiente
«Específicamente, y sin prejuicio de otros crímenes que la Fiscalía pueda determinar en una etapa posterior, la Fiscalía ha concluido que la información disponible en esta etapa brinda un fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional (…) tortura (…) violación sexual de gravedad (…) y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos».
Los responsables
Fatou Bensouda no solo señaló los delitos, sino también a los posibles perpetradores. Así, indicó que los presuntos responsables de las violaciones a los derechos humanos serían miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), de la Fuerza de Acciones Especiales de la PNB (FAES), de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y de ciertas unidades de la Fuerza Armada Nacional.
La fiscalía de la CPI también reveló que no solo tiene en la mira a funcionarios públicos, sino también a civiles y en particular a «individuos a favor del Gobierno», los cuales «también participaron en la represión de opositores». Aunque no los menciona expresamente, el señalamiento parece ir dirigido a los llamados colectivos.
En su primer informe, tras visitar el país en 2019, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que los colectivos son fuerzas de choque contra la disidencia y que actúan muchas veces en coordinación con fuerzas de seguridad. Por tal motivo, en esa ocasión exigió al Gobierno de Nicolás Maduro que «desarme y desmantele a los grupos armados civiles progubernamentales (los llamados “colectivos armados”) y garantice la investigación de sus delitos», algo que evidentemente no ha ocurrido.
La actuación de estos grupos no es nueva, pero se ha intensificado en los últimos años, sobre todo tras las olas de protestas masivas que ha vivido el país desde 2014. Ellos ejercen un control sobre la sociedad muy efectivo, tal y como lo han denunciado organizaciones como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
¿Responderán?
En su informe, Bensouda también anuncia que ha pedido a las autoridades venezolanas que «brinden información» sobre las investigaciones que conducen, y que las mismas han respondido entregando «cuatro voluminosos anexos que brindan datos concretos sobre los procesos nacionales llevados a cabo ante las jurisdicciones ordinaria y militar, y ante el Tribunal Supremo de Justicia». El Gobierno de Maduro le ha ofrecido más información para enero próximo.
La actuación de las autoridades venezolanas con la fiscalía de la CPI contrasta con el silencio frente a otros mecanismos de la Organización de Naciones Unidad (ONU). Desde 2011, la cancillería ha recibido ochenta y dos solicitudes de información de relatores, expertos y grupos de trabajo y apenas treinta y nueve han sido respondidas, de acuerdo a cifras manejadas por Provea y Transparencia Venezuela.
Sin embargo, la remisión de información del Gobierno, de acuerdo con lo que ha expuesto en sus propios informes, es la realización de muy pocos juicios y siempre respecto de funcionarios subalternos, lo que no cumple los estándares de la CPI, que busca sancionar a los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad.
Un juego riesgoso
Pese a la dureza del señalamiento de la Fiscalía de la CPI, el cual deja entrever que el caso venezolano podría convertirse en el primero latinoamericano que es conocido por el Tribunal con sede en La Haya (Países Bajos), el Ejecutivo sigue con su política de represión, como se desprende de actuaciones como el allanamiento a la sede de la organización Convite.
El procedimiento contra la ONG que ayuda a adultos mayores, el cual incluyó la retención de su director general, Luis Francisco Cabezas, en una supuesta entrevista sin permitir la presencia de su abogado, parece revelar que las autoridades no tienen pensado cesar su campaña de hostigamiento y persecución, y que además ahora se dirige contra los defensores de derechos humanos. Días antes, Alimenta La Solidaridad y Caracas Mi Convive sufrieron la congelación de sus cuentas bancarias, mientras la Superintendencia de Instituciones Financieras (Sudeban) pedía a los bancos que le suministraran información de las organizaciones.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
La decisión de la fiscal Bensouda reviste una gran trascendencia, porque abre las puertas para que las graves violaciones a los derechos humanos no queden impunes en Venezuela. Pero la medida no afectará solamente a quienes ejecutaron los crímenes sino también a quienes los ordenaron, planificaron, e incluso, a quienes no los castigaron, sin importar si son funcionarios o no. En el supuesto de que la fiscalía de la CPI decida abrir una investigación formal, miles de venezolanos tendrán oportunidad de tener algo que su país les ha negado: justicia.
Por ello, el hecho que la fiscalía de la Corte Penal Internacional siga adelante en sus investigaciones es una buena noticia para las víctimas.
