En esta nueva edición de Diaria Injusticia te contamos sobre el caso de varios hermanos que desde 2016 buscan una indemnización por la muerte de su madre, causada por un vehículo de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV).
En octubre del año 2016, en Barquisimeto, un vehículo de la CANTV arrolló a la señora Carmen Elena Silva, mientras esta transitaba a pie. Resultó gravemente herida y en el traslado hacía el hospital falleció.
Sus hijos decidieron interponer una demanda de daños y perjuicios contra el conductor y la empresa estatal CANTV, por ser dueña del vehículo en cuestión, ante un Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Lara, el cual en 2017 se declaró incompetente para conocer del asunto por considerar que la jurisdicción competente para resolver el caso era la contencioso administrativa.
Debido a ello, el Tribunal declinó el conocimiento del asunto a la jurisdicción mencionada. Sin embargo, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, a quien le correspondió el caso, también se declaró incompetente para resolver el asunto, lo que originó un conflicto negativo de competencia.
En enero de 2018 llegó el expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que esta se pronunciara sobre cuál es el tribunal competente para conocer y decidir la demanda. No fue sino hasta el 6 de julio de 2023, es decir, más de 5 años después, que la Sala decidió que la competencia para conocer del asunto corresponde a la Sala Político Administrativa.
Se trata de un caso grotesco de retardo judicial, en el que luego de 7 años de interpuesta la demanda, es que se va a iniciar el juicio, porque un sistema judicial insensible e ineficiente se tomó todo ese tiempo nada más para decidir a quién correspondía conocer el asunto.
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