«El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos». A la luz de esta frase del escritor ruso Fiódor Dostoyevski, Venezuela debe encontrarse entre las naciones del mundo menos evolucionadas, pues no les garantiza plenamente sus derechos fundamentales a los privados de libertad, sin importar que estén dentro o fuera de las cárceles.
Así, tras conocer los últimos datos del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que aseguran que 60% de los detenidos en las prisiones presenta síntomas de desnutrición severa y que 628 presos han muerto por enfermedades como la tuberculosis desde 2017, los venezolanos y el mundo se enteraron que las autoridades judiciales han negado a la jueza suspendida María Lourdes Afiuni un permiso de viaje a Estados Unidos para tratarse de una afección que padece, producto del encarcelamiento y torturas a los que fue sometida.
La información aparecida en los medios de comunicación fue confirmada, vía Twitter, por la otrora titular del Juzgado 31 de Control de Caracas. La afectada escribió:
«Es cierto, me fue negado permiso de viaje para realizar chequeo integral post tratamiento de radio y quimio, toda vez que el tipo de cáncer (Carcinoma adenoide quístico) repite dentro del lapso de 2 años. Me encuentro dentro de los 18 meses. Un día más, un día menos».
El pasado 16 de marzo los representantes de Afiuni acudieron al Tribunal Tercero de Ejecución de Caracas para solicitar que se le permitiera trasladarse a la ciudad de Washington, para atender a una cita médica con el doctor Punam G. Thakkar, quien es un reconocido otorrinolaringólogo del Hospital Universitario George Washington y se especializa en trastornos de la cabeza y el cuello, que van desde la pérdida auditiva hasta el cáncer. Valga recordar que en septiembre de 2020 Afiuni fue operada y posteriormente tratada por un carcinoma adenoideo quístico en el labio.
Los abogados de la jueza sustentaron su petición en el artículo 83 constitucional, el cual establece que «la salud es un derecho social fundamental» y que es «obligación del Estado» garantizarla «como parte del derecho a la vida». Sin embargo, menos de 24 horas después la jueza Angelimar Carmona Hernández desechó la petición sin dar argumento alguno. Hasta el momento ninguna autoridad ha explicado el porqué de la negativa.
Un castigo que no cesa
No es la primera vez que la justicia niega a Afiuni recibir tratamiento médico o que ignora peticiones relacionadas con su integridad personal. El largo proceso que la abogada ha vivido desde que en 2009 fuera aprehendida está lleno de situaciones similares. Así, en 2012 las autoridades ignoraron sus denuncias sobre que había sido abusada sexualmente y maltratada por sus captores y otras reclusas mientras estuvo detenida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). Años después las autoridades venezolanas incluso llegaron a decir en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que la funcionaria se había retractado de dichos señalamientos.
Los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro parecen haber querido utilizar a la jueza Afiuni como un ejemplo de lo que le puede pasar a aquel funcionario judicial que se niegue a acatar las órdenes que le dicten a un juez desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) o que se atreva a tomar una decisión que afecte a los intereses del Gobierno.
El calvario de la abogada comenzó en diciembre de 2009, cuando decidió atender una instrucción del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias y dejó en libertad condicional al banquero Eligio Cedeño, quien tenía más de dos años detenido preventivamente por un caso de ilícitos cambiarios. Días después el fallecido presidente Chávez no dudó en pedir «pena máxima» contra la jueza. «Es muy grave tener jueces que liberen delincuentes», dijo en esa ocasión.
Los deseos presidenciales fueron atendidos y la funcionaria fue enviada a una prisión de mujeres. Tras decenas de pedimentos de sus abogados y luego de pasar meses recluida fue enviada a su casa, donde permaneció en arresto domiciliario durante años. Tras numerosos diferimientos y aplazamientos, en marzo de 2019 el Tribunal 17 de Juicio de Caracas condenó a cinco años de cárcel a la jueza por el delito de corrupción propia, a pesar de que en ningún momento logró demostrar cómo ella se favoreció o benefició de su decisión de excarcelar a Cedeño. La decisión del Tribunal 17 de juicio de Caracas fue confirmada el 15 de octubre de 2019 por la Sala 10 Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, y luego por la Sala de Casación Penal del TSJ, mediante sentencia n.° 114 del 4 de noviembre de 2020.
Tres años después de ser condenada, Afiuni debe presentarse periódicamente en los tribunales y no puede salir del país.
Punto de inflexión
El proceso contra la entonces jueza 31 de Control de Caracas marcó un antes y un después en el Poder Judicial y abrió las puertas a lo que en su momento se llamó como el «efecto Afiuni», que no es otra cosa que la amenaza del encarcelamiento e incluso tortura del funcionario judicial que tome decisiones en contra de los deseos del Palacio de Miraflores.
Instancias internacionales como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela de la ONU han tomado nota de este efecto intimidatorio que sufren los operadores de justicia venezolanos.
«Los jueces y abogados también han declarado que han sido objeto de presiones indebidas. Franklin Nieves, fiscal en el caso de Leopoldo López, ha declarado públicamente que el juicio contra López fue una farsa y que guardó silencio por miedo y debido a la presión ejercida por sus superiores. Dijo que el presidente Maduro y Diosdado Cabello dan ordenes directamente a la Fiscalía General sobre qué casos perseguir, señalando que el Poder Judicial “se arrodilla” ante el Ejecutivo, que “dirige absolutamente todo».
La jueza de ese caso, Ralenis Tovar, ha declarado que al firmar la orden de aprehensión de Leopoldo López se encontraba sentada ante un gran número de funcionarios de los servicios de inteligencia del Estado y de la Guardia Nacional Bolivariana y cuatro fiscales nacionales, y fue amenazada con convertirse en la «próxima Jueza Afiuni», denunció la instancia en 2020.
En similares términos se ha pronunciado la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien el mismo año denunció:
«Los magistrados del TSJ tienen control sobre las decisiones de los tribunales inferiores en todo el país, sobre todo en el ámbito del derecho penal. Las personas entrevistadas indicaron que, especialmente en los casos de relevancia política, los jueces aguardan recibir instrucciones de los magistrados del TSJ antes de tomar una decisión por temor a ser despedidos o a sufrir otras represalias».
Esta situación es facilitada por la provisionalidad reinante en el Poder Judicial. De los más de 2.000 jueces que hay en el país, para abril de 2019 85,3% eran provisorios, temporales o accidentales, por lo cual el máximo juzgado, a través de la Comisión Judicial, los puede destituir sin ningún tipo de procedimiento que les garantice su derecho a la defensa. En no pocas ocasiones jueces que han tomado decisiones contrarias a los intereses del Gobierno han sido removidos de sus cargos a las pocas horas.
El fallo de Carmona Hernández contra Afiuni parece buscar mantener vivo ese efecto intimidatorio sobre los jueces y fiscales.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
Dicen que «el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra». Al parecer en el Poder Judicial nadie ha escuchado esta expresión popular o al menos ese es el sabor de boca que deja la negativa a permitir a María Lourdes Afiuni recibir tratamiento en el extranjero.
Aunque Afiuni está en libertad condicional, no se puede olvidar que en los últimos años el Estado venezolano ha sido blanco de duras críticas, dentro y fuera del país, por no garantizar los derechos a la vida, salud e integridad personal de sus presos. Apenas en octubre pasado el general en jefe Raúl Isaías Baduel, excomandante general del Ejército y exministro de la Defensa, murió en El Helicoide. Las autoridades aseguraron que el deceso se produjo por culpa de la COVID-19, pero la familia niega esto. Con el oficial ya son diez los presos políticos que han muerto tras las rejas, denunció Foro Penal Venezolano.
Lo anterior deja en claro que los derechos humanos en Venezuela están lejos de ser garantizados, en especial para aquellos que disienten o se han enfrentado al Gobierno de alguna manera.
