La pandemia de COVID-19 ha paralizado la economía y forzado a los gobiernos del mundo a detener sus planes e iniciativas para combatir el virus. Sin embargo, el Gobierno chavista ha sido la excepción y no ha dudado en continuar sus ataques contra la propiedad privada en plena crisis sanitaria. Prueba de lo anterior es el desalojo irregular de dos galpones en el Mercado Mayorista de Barquisimeto (Mercabar), ocurrido el pasado 22 de abril.
De acuerdo con El Pitazo, el presidente de Mercabar, Juan Carlos Sierra junto a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), se presentaron ante los almacenes y procedieron a abrirlos, forzando las cerraduras; y confiscaron toda la mercancía que había en su interior. Seguidamente cerraron los inmuebles y colocaron unos carteles en las puertas en los que se leía «Local recuperado». Todo ello sin exhibir en ningún momento una orden judicial que justificara la medida.
Gerardo Carrillo, el abogado de los comerciantes que laboran en el mercado, denunció lo siguiente:
«La directiva de Mercabar, aprovechándose de la pandemia y la escasez de gasolina que imposibilitan la movilización de los comerciantes, se apareció con la GN para realizar desalojos arbitrarios y sin orden judicial, porque los tribunales están cerrados. Se teme por la vida y la integridad de los comerciantes que a pesar de la crisis de combustible hacen lo posible para llegar al mercado».
Para el profesional del derecho, lo ocurrido el día 22 fue una retaliación por la decisión de la mayoría de los arrendatarios de presentar en marzo de 2018 una demanda en los juzgados contra el aumento de los alquileres, de 60.000%, aprobado por las autoridades de la institución, perteneciente a la Alcaldía de la capital larense.
Vicios a montón
De acuerdo a lo denunciado por Carrillo, las autoridades de Mercabar y la GNB ingresaron a los almacenes, cambiaron las cerraduras y se hicieron de los productos que había en su interior sin mostrar en ningún momento una orden judicial que sustentara la medida, lo cual a juicio de Acceso a la Justicia supone una violación al derecho a la propiedad, a la prohibición de confiscar, al debido proceso y un abuso de autoridad.
La Constitución, en su artículo, 116 establece claramente que:
«por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación, mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público y los bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes».
Asimismo, el artículo 49 es claro al señalar que «el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas» y por lo tanto los comerciantes afectados han debido ser sometidos a un proceso judicial en el que pudieran presentar pruebas y ser oídos, antes de que se tomara cualquier medida en su contra.
Sin embargo, los tribunales civiles y mercantiles, que son los que tienen competencia para decidir este tipo de asuntos, están cerrados desde el 13 de marzo de 2019 debido al estado de alarma decretado por el Gobierno de Nicolás Maduro para intentar frenar el avance del coronavirus, lo cual nos lleva a la pregunta de adónde pueden recurrir los ciudadanos de Barquisimeto y de toda Venezuela ante atropellos como el antes descrito durante la pandemia.
En efecto, el TSJ prácticamente cerró el poder judicial, al mantener solo algunos tribunales penales de guardia sin informar cuáles ni cómo acudir a ellos, aunque sea por vía telemática, a pesar de que el debido proceso ni la tutela judicial efectiva pueden ser suspendidos en un estado de alarma. De hecho, en otros países con la misma medida, los tribunales han seguido funcionando sin poner en peligro la lucha por la pandemia, pero aquí, a pesar de existir herramientas tecnológicas para seguir funcionando, se optó por la peor opción para los ciudadanos.
Ahora bien, no nos engañamos, sabemos que en general los tribunales no se atreven a decidir contra el poder, pero es importante que exista la posibilidad de plantear denuncias legítimas de los ciudadanos. En efecto, al tomar dichas medidas las autoridades de Mercabar violaron, entre otros, lo establecido en el decreto 4.169 publicado el 23 de marzo en la Gaceta Oficial extraordinaria n.º 6.522, que suspende desde el 23 de marzo hasta el 23 de septiembre los desalojos.
El caso antes mencionado ha sido denunciado por el abogado de los comerciantes ante el Ministerio Público, quien ha abierto una investigación sobre los hechos antes descritos, pues esta instancia presume que se han podido cometer delitos. Sin embargo, la historia reciente está llena de casos en los cuales los fiscales han optado por no actuar para castigar una infracción. Desde Acceso a la Justicia esperamos que esto no sea así en este caso.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Lo ocurrido en Mercabar revela que el filósofo romano Cicerón tuvo razón cuando afirmó «En medio de las armas, las leyes enmudecen», y ha vuelto a poner de manifiesto la situación de indefensión en la que se encuentran los venezolanos frente al abuso.
Este tipo de acciones explican por qué de las 800.000 industrias, compañías y comercios que el Instituto Nacional de Estadística (INE) tenía registradas en 2008 en la actualidad operen menos de 270.000, de acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Comercio (Consecomercio). La violencia y el comercio no son buenos amigos.
