Pese a que el Gobierno de Nicolás Maduro se comprometió con la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, durante su visita de junio de 2019, a invitar en el término de dos años a por lo menos diez mecanismos temáticos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, compuestos por relatores, expertos independientes y grupos de trabajo, solamente se ha concretado la visita del 1 al 12 de febrero de 2021 de la bielorrusa Alena Douhan.
¿La razón? La visitante es la relatora sobre Medidas Coercitivas Unilaterales y Derechos Humanos y su misión será:
«examinar, en un espíritu de cooperación y diálogo, si la adopción, el mantenimiento o la aplicación de sanciones (por parte de otros gobiernos contra funcionarios e instituciones venezolanas) obstaculiza la plena realización de los Derechos Humanos de las personas, y en qué medida».
En un comunicado, Douhan adelantó: «Me centraré en particular en cualquier impacto negativo que las sanciones puedan tener en el disfrute de todos los Derechos Humanos en Venezuela». También anunció que formularía recomendaciones a los funcionarios públicos sobre cómo podrían reducir el presunto impacto en la población.
La relatora tiene previsto reunirse con altos funcionarios del Gobierno, diputados de la Asamblea Nacional, integrantes del Poder Judicial, representantes de la sociedad civil, de la oposición, víctimas y sus familiares.
La causa de todos los males
Las autoridades venezolanas atribuyen la pavorosa crisis económica y social que atraviesa el país a las sanciones que gobiernos, fundamentalmente el de Estados Unidos, le han impuesto desde que desconoció al Parlamento electo en 2015 y buscó reemplazarlo con la cuestionada Constituyente en 2017.
«A Venezuela se le impide acceder a sus cuentas para pagar las medicinas que necesitan los pueblos, a las fuentes primarias de medicinas, a equipos, insumos médicos, a la compra de combustible», se quejó Maduro en diciembre pasado.
No obstante, los datos de organismos nacionales e internacionales contradicen la versión oficial y advierten que la actual crisis no ha sido provocada por las sanciones, la mayoría de las cuales están dirigidas contra funcionarios acusados de violar los derechos humanos, atentar contra la democracia o estar incursos en hechos de corrupción.
Así, por ejemplo, el exsecretario General de la ONU, Ban Ki-moon, calificó en agosto de 2016 la situación del país como la de una crisis humanitaria por inestabilidad política, expresando que las necesidades básicas, como comida, agua, sanidad y ropa, no podían ser cubiertas.
El proyecto ACAPS (Assessment Capacities Project) incorporó por primera vez a Venezuela en el panorama de las crisis a nivel mundial, indicando que su crisis económica empeoró dramáticamente con riesgos de agravamiento de la crisis humanitaria, política, económica, social y humanitaria. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) declaró que «en Venezuela el número de personas con hambre se multiplicó por más de dos: de 2,9 millones en 2013-2015 a 6,8 millones en 2016-2018».
El responsable está en casa
Pese a que organizaciones como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) consideran que las sanciones han agravado la crisis humanitaria que atraviesa el país y que las mismas deberían ser revisadas, en un reciente informe deja en claro que la causa de la dramática reducción del Producto Interior Bruto (PIB) que ha sufrido el país desde 2013 tiene dos causas: La reducción de la producción petrolera y la política de controles y estatizaciones impulsada por el chavismo.
«Si tomamos una foto de la situación económica de Venezuela para agosto de 2017 nos encontramos con una economía en plena recesión y con una inflación peligrosamente en aumento», se lee en el reporte, en el cual se recuerda que la recesión se inició en 2014 «catorce trimestres antes de las primeras sanciones de importancia».
Asimismo, en la investigación se señala que la producción petrolera bajo el chavismo no ha hecho más que caer, al pasar de 3,5 millones de barriles diarios en 1998 a 2,7 millones en 2014 y 2,1 millones al momento que se anunció la primera sanción económica.
Por su parte, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), en otro reporte sobre el asunto de la sanciones, asegura que la crisis que atraviesa Petróleos de Venezuela (PDVSA) no es culpa de las medidas que Washington le ha impuesto (embargo de Citgo y prohibición de endeudarse o reestructurar deuda) sino de los malos manejos de los recursos del país durante el chavismo; pone como ejemplo el subsidio a la gasolina, el cual costó a las arcas públicas 183.000 millones de dólares entre 2014 y 2019.
En su informe, Provea afirma lo siguiente:
«Utilizando solo el 10 % de ese astronómico valor, se hubieran podido construir la bicoca de 244 hospitales de primerísima línea con 1000 camas de cuidados intensivos (especialmente urgentes para tratar a las personas portadoras de COVID-19, en su fase más álgida) y 2000 camas de hospitalización».
La mala administración de PDVSA, así como la imposición de un modelo económico fallido, son consecuencia directa del control que el régimen político imperante ha ejercido desde el período en que gobernó Chávez sobre todos los poderes del Estado, en especial del Judicial y del Ciudadano, responsables, entre otros, de combatir la corrupción.
Por su parte, el quiebre definitivo del principio de separación de poderes y la constitución de un Estado de hecho en Venezuela, luego del triunfo opositor en las elecciones parlamentarias de 2015 no solo ha ahuyentado potenciales inversiones, sino que es el motivo de las sanciones, las cuales han golpeado aún más a la ya maltrecha economía y, por ende, perjudicar a los ciudadanos.
Finalmente, debe destacarse que, contradiciendo su propio discurso de víctima de las sanciones, el Gobierno de Maduro, en vez de facilitar a quienes proporcionan ayuda humanitaria a los más necesitados del país, lo que ha hecho es criminalizar a las organizaciones humanitarias y perseguir a sus trabajadores, como está ocurriendo con los miembros de la ONG Azul Positivo.
Cooperación selectiva
Volviendo a la visita de la relatora Alena Douhan, desde Acceso a la Justicia saludamos que la misma se produzca, pero desearíamos que también se extendieran invitaciones a los otros procedimientos de Naciones Unidas que han manifestado interés en visitar el país para constatar in situ la situación de los derechos humanos.
También, consideramos importante que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual por su proximidad geográfica tiene un conocimiento más a fondo de la realidad venezolana, se le permita ingresar al territorio. Precisamente, los funcionarios del Gobierno de Maduro le impidieron a esta instancia realizar una visita el año pasado.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
La cooperación con los organismos internacionales de derechos humanos debe ser abierta, transparente y total, porque de lo contrario no arrojará ningún resultado positivo para los ciudadanos, los principales afectados por la grave crisis que enfrenta el país. El tema de las sanciones internacionales y su impacto en la crisis humanitaria actual se debe debatir, pero también las causas de dicha situación.
Problemas como la inflación, la escasez de alimentos y medicinas y las fallas de los servicios públicos comenzaron mucho antes de que los gobiernos de Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea pensaran siquiera en imponer sanciones a funcionarios e instituciones públicas venezolanas. Las autoridades no quieren reconocer esto, pero hasta no hace mucho también negaban que en el país hubiera una crisis humanitaria y, en la actualidad, cierran aún más los espacios humanitarios, como lo demuestra la criminalización y detención arbitraria de cinco miembros de la ONG Azul Positivo.
