Venezuela cuenta desde este jueves 24 de agosto con un «nuevo» Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, el árbitro que se encargará de organizar los próximos comicios presidenciales no es verdaderamente nuevo y tiene menos independencia que el anterior.
Por un lado, 5 de sus 15 miembros (33,3 %) ya estuvieron en el anterior organismo que implosionó el pasado mes de junio, cuando la mayoría de sus entonces integrantes renunciaron sin justificación jurídica alguna, alegando que con esta medida buscaban favorecer el «diálogo político» que «definirá las condiciones» que regirán el proceso en el que se escogerá al nuevo jefe de Estado.
Llamativamente, algunos de los entonces dimisionarios, como el ahora rector principal Carlos Quintero y los suplentes Leonel Enrique Parica, Gustavo Vizcaíno, Conrado Pérez y Francisco Garcés, fueron reelegidos por la Asamblea Nacional (AN). Nadie ha explicado cómo la renuncia de dichos funcionarios y su reelección favorecerá las conversaciones y acuerdos.
Asimismo, a pesar de que el artículo 296 de la Constitución establece claramente que «el Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos», el Parlamento nombró como rectores principales a personas altamente relacionadas con partidos políticos, algo que pone en duda la capacidad del organismo de organizar comicios libres, justos, transparentes y equitativos.
En la selección adelantada por el Comité de Postulaciones Electorales se repitieron varias de las irregularidades registradas en el anterior proceso, ocurrido en 2021. La primera es que la instancia evaluadora sigue estando dominada por la AN, pese a que el artículo 295 constitucional señala que «estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad».
La falta de transparencia por parte de la instancia evaluadora volvió a reinar, pues en ningún momento informó los criterios, la metodología o el baremo utilizados para calificar a los aspirantes. Tampoco fueron publicadas en tiempo y forma las distintas listas de candidatos, algo que viola expresamente lo previsto en los artículos 26 al 28 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE). Así lo denunció la organización Súmate.
Un reparto de sillas
La AN nombró a tres rectores vinculados con el chavismo y a dos con la oposición, algo que, como ya se dijo, pone en duda su independencia y necesaria imparcialidad a la hora de llevar adelante unos comicios.
La designación de quien hasta ahora ocupaba la Contraloría General de la República (CGR), Elvis Hidrobo Amoroso, que además fue nombrado como presidente del CNE, es la que más ha destacado, pues el funcionario tiene públicos y notorios nexos con el oficialismo. En 1999 se desempeñó como secretario de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que promovió el fallecido Hugo Chávez, luego ocupó durante casi tres lustros el cargo de diputado y en 2017 pasó a la cuestionada ANC impulsada por Nicolás Maduro.
Meses después fue designado como contralor por la Constituyente en reemplazo de Manuel Galindo y ha estado al frente del organismo encargado de velar por el buen uso de los fondos públicos. Desde allí no ha dudado en actuar en contra de dirigentes opositores como Henrique Capriles Radonski, Freddy Superlano y más recientemente contra la precandidata María Corina Machado, a los que ha impuesto las cuestionadas inhabilitaciones para el ejercicio de cargos públicos.
La AN ignoró que el funcionario ha sido sancionado internacionalmente por su conducta.
Por su parte, los rectores principales Rosalba Gil, hasta ahora secretaria de la AN, y Carlos Quintero, quien ha venido ocupando distintos cargos en el organismo comicial desde 2004, completan el cuadro por el oficialismo y le otorgan el control del árbitro. Carlos Quintero también fue designado como vicepresidente del «nuevo» CNE, a pesar tener sanciones internacionales.
El chavismo tampoco tuvo empacho en colocar a sus fichas entre los suplentes. Así, tiene a un exministro de Transporte y alcalde de Los Teques por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Garcés); al actual director del Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería (Vizcaíno); y a la rectora suplente, Antonieta De Stefano, cuya cuenta de Twitter (red ahora llamada X) al momento de ser designada se identificaba como «educadora popular, militante de la revolución», según reseñó el periodista Víctor Amaya.
Asimismo, el oficialismo se ha asegurado el control de organismos claves como la Junta Nacional Electoral, que se encarga de la organización de los comicios; y de la Comisión de Registro Civil y Electoral, responsable del padrón de electores. A la junta la integran Elvis Amoroso, Carlos Quintero y Conrado Pérez; por su parte, la Comisión de Registro Civil y Electoral está conformada por Rosalba Gil, Juan Carlos Delpino y Leonel Parica
El Parlamento no solo ubicó fichas altamente identificadas con el oficialismo en el CNE, sino también con la oposición. Un caso claro es el de la ahora rectora principal Aimé Nogal, quien es considerada cercana al partido Un Nuevo Tiempo (UNT), que fundó y lidera el gobernador del Zulia, Manuel Rosales.
Por su parte, el rector Juan Carlos Delpino es cercano a la fracción de Acción Democrática (AD) que encabeza el exdiputado Henry Ramos Allup, aunque en 2020, fue responsable de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE, junto a Tania D´ Amelio y Gladys Gutiérrez.
Un proceso que nació mal
El nuevo CNE, el cuarto en cinco años, nace viciado, pues su elección se produjo fuera de lapso, ya que el anterior árbitro apenas tenía año y medio en sus funciones, por lo que a sus rectores les restaban cinco años y medio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 296 de la Constitución.
La renuncia de los rectores vino precedida de un anuncio realizado a principios de año por el presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez, quien planteó la posibilidad de realizar una remodelación en el organismo.
Al respecto, esto dijo el funcionario.
«En la ronda de conversaciones que el presidente (Nicolás) Maduro emprendió con distintos sectores de la oposición, en las reuniones privadas que se hicieron con personeros de la Plataforma Unitaria, en algunas de estas conversaciones, en no pocas, apareció el planteamiento de la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta Asamblea Nacional, visto que participamos en todos estos procesos de diálogo, va a considerar serena y atentamente, estas propuestas de la oposición».
Esta versión fue rechazada en su momento por las distintas tendencias opositoras.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
Hay motivos sobrados para dudar de la legitimidad y legalidad del nuevo CNE, por cuanto se repitieron vicios del pasado y se profundizó su ausencia de independencia respecto del designado en 2021. Además, fue nombrado en una situación anómala en la que se sustituye al anterior sin justificación jurídica alguna. Estas irregularidades lejos de generar confianza en la institución del voto parecen buscar lo contrario: desmovilizar, en especial al electorado opositor, de cara a las próximas elecciones presidenciales.
Todas las encuestas apuntan a que, de celebrarse unas elecciones con mínimas garantías, el oficialismo tiene escasas posibilidades de ganar, lo cual explicaría el porqué de colocar en el árbitro a personajes como Elvis Amoroso, quien se ha dedicado a neutralizar al liderazgo opositor.
