Sala: Constitucional
Tipo de Recurso: Nulidad
Materia: Derecho Tributario
Nº Exp.: 19-0333
Nº Sentencia: 0273
Ponente: Arcadio Delgado Rosales
Fecha: 30 de diciembre de 2020
Caso: Sentencia N° 0250 del 8 de agosto de 2019, admitió la demanda de nulidad interpuesta, conjuntamente con amparo cautelar, por el ciudadano JUAN ERNESTO GARANTÓN HERNÁNDEZ, actuando en nombre propio, contra la Ordenanza Municipal N° 001-19, publicada en la Gaceta Municipal Extraordinaria N° 8.824 del 11 de abril de 2019, denominada “Reforma de la Ordenanza de Creación de las Unidades de Valores Fiscales en el Municipio Chacao del Estado Miranda” y la Ordenanza N° 008-09, publicada en la Gaceta Oficial N° 8.847 Extraordinaria del 19 de junio de 2019, denominada “Reforma de la Ordenanza sobre Convivencia Ciudadana del Municipio Chacao”, dictadas por el Concejo Municipal del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda; en dicho fallo, acordó el amparo cautelar solicitado y, en consecuencia, suspendió los efectos jurídicos de las ordenanzas impugnadas, por cuanto en dichas ordenanzas se establece la creación de unidades de valor fiscal tributaria y sancionatoria anclada en un mercado cambiario distinto al regulado por el Banco Central de Venezuela y no contemplada en el Título VI, Capítulo II ni en el Título IV, Capítulo IV de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Decisión: LEVANTA la suspensión de 90 días decretada mediante decisión 0078 del 07 de julio de 2020, sobre los instrumentos normativos dictados por los concejos municipales de: Carirubana, Estado Falcón; Los Salias, Estado Miranda; Municipio Biruaca, Estado Apure; Rómulo Gallegos, Estado Apure; San Fernando, Estado Apure; Sucre, Estado Aragua; Alberto Arvelo Torrealba, Estado Barinas; Cruz Paredes, Estado Barinas; Heres, Estado Bolívar; Bejuma, Estado Carabobo; Carlos Arvelo, Estado Carabobo; Montalban, Estado Carabobo; Puerto Cabello, Estado Carabobo; San Diego, Estado Carabobo; El Pao, Estado Cojedes; San Carlos, Estado Cojedes; Dabajuro, Estado Falcón; Santa María de Ipire, Estado Guárico; Pedro Zaraza, Estado Guárico; Camaguan, Estado Guárico; El Socorro, Estado Guárico; José Felix Rivas, Estado Guárico; Juan Germán Roscio, Estado Guárico; Julián Mellado, Estado Guárico; Leonardo Infante, Estado Guárico; San Gerónimo de Guayabal, Estado Guárico; Iribarren, Estado Lara; Torres, Estado Lara; Carrizal, Estado Miranda; Arismendi, Estado Nueva Esparta; Mariño, Estado Nueva Esparta; Páez, Estado Portuguesa; Cajigal, Estado Sucre; Bolívar, Estado Táchira; Cárdenas, Estado Táchira; Junín, Estado Táchira; Boconó, Estado Trujillo; Carache, Estado Trujillo; San Rafael de Carvajal, Estado Trujillo; Trujillo, Estado Trujillo; Valera, Estado Trujillo; San Felipe, Estado Yaracuy; Cañada de Urdaneta, Estado Zulia; Colón, Estado Zulia; Lagunillas, Estado Zulia; Rosario de Perijá, Estado Zulia; San Francisco, Estado Zulia; Sucre, Estado Zulia; Valmore Rodríguez, Estado Zulia; Bolívar, Estado Aragua; José Félix Rivas, Estado Aragua y el Municipio Turístico El Morro, Estado Anzoátegui.
Extracto: No está disponible en la página web del TSJ
Comentario de Acceso a la Justicia: Hay que subrayar que la sentencia 78 de la SC ordenó la desaplicación de la potestad tributaria constitucional de los municipios y estados, la cual se produjo a partir de un recurso de nulidad, junto con un amparo cautelar presentado en 2019 para impugnar las ordenanzas Reforma de la Ordenanza de Creación de las Unidades de Valores Fiscales en el Municipio Chacao del Estado Miranda y Reforma de la Ordenanza sobre Convivencia Ciudadana del Municipio Chacao, dictadas por el Concejo Municipal del municipio Chacao a través de las cuales efectuaban cobros de tributos y sanciones fijadas al tipo de cambio de referencia que establece diariamente el Banco Central de Venezuela (BCV).
Esta suspensión por 90 días decretada por el juez constitucional contra las normas tributarias dictadas por los municipios y los estados en sus respectivos espacios geográficos, como advirtió Acceso a la justicia en aquella oportunidad, se trató de la más grave violación a la autonomía en materia económica de las mencionadas entidades, concretamente la autonomía tributaria.
Luego de esa suspensión, la Sala Constitucional dictó la sentencia 118, a fin de que en el lapso de 30 días continuos siguientes a la notificación de la decisión en cuestión, los alcaldes adecuaran las ordenanzas municipales relativas según los parámetros establecidos en el denominado “Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria Municipal”.
En ese contexto, el 20 de noviembre de 2020 la Sala dictó la sentencia 161 en que decidió levantar la suspensión de 90 días sobre los instrumentos normativos de naturaleza tributaria dictados por los concejos municipales de 14 municipios del país.
Acceso a la justicia, al respecto, reitera que, aun cuando se desconoce el contenido del fallo por su falta de publicación en la página web del TSJ, la sentencia 273 que levanta la suspensión de 90 días sobre los instrumentos normativos de naturaleza tributaria dictados por los concejos municipales de 52 municipios del país, entre ellos 7 municipios del estado Zulia, es preocupante especialmente por la discrecionalidad caprichosa y abusiva con que se maneja el juez constitucional a la hora de ejercer poderes omnímodos al margen de los principios y valores de la Carta venezolana, en este caso respecto a la autonomía tributaria que tienen las entidades estadales y municipales, más allá de vulnerar los principios de separación de poderes y de legalidad tributaria, garantías propias del modelo federal, así como la negación de los principios de transparencia, objetividad e imparcialidad en sus decisiones.
En definitiva, la sentencia 273 se suma a la cadena de violaciones contra la Constitución, especialmente respecto al Estado federal en el país por parte del TSJ como garante de los valores y principios constitucionales, con el ánimo de agudizar el centralismo que viene imponiéndose en Venezuela.
Voto Salvado: No tiene.
