A finales del mes pasado, se renovó parcialmente al Poder Ciudadano, ya que la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 designó nuevamente a Tarek William Saab y Alfredo Ruiz como fiscal general de la República y defensor del Pueblo, respectivamente, y nombró a Gustavo Vizcaíno como el contralor general de la República. Y aunque las autoridades han calificado el proceso de «pulcro», lo cierto es que no ha estado exento de vicios.
El primero es el tiempo que se tomó el Parlamento para realizar estos nombramientos. La última vez que los legisladores designaron a los miembros del Consejo Moral Republicano, máxima instancia del Poder Ciudadano, fue en diciembre de 2014, cuando fue reelegida Luisa Ortega Díaz y fueron nombrados Tarek William Saab y Manuel Galindo como defensor y contralor. No obstante, ninguno de ellos concluyó su mandato de 7 años.
Ortega Díaz fue destituida en el primer acto de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 2017 y reemplazada por Saab, cuyo puesto en la Defensoría del Pueblo fue ocupado por Ruiz. Un año después, la ANC nombró a Elvis Amoroso como la cabeza de la Contraloría, después de que Galindo renunciara. Todas estas designaciones fueron cuestionadas nacional e internacionalmente, por cuanto no las realizó el órgano facultado constitucionalmente para ello: la AN.
De no haberse producido los cambios anteriores, el Parlamento debió renovar al Consejo Moral a más tardar a finales de 2021, pero lo hizo casi 3 años después. Sin embargo, esta no es la única anomalía observada por Acceso a la Justicia.
Unos evaluadores no ajustados a la Constitución
Otra irregularidad es cómo fue conformada la instancia encargada de estudiar las credenciales de los candidatos a ocupar los cargos. El llamado Comité de Evaluaciones de Postulaciones del Poder Ciudadano fue designado por la AN, a pesar de que el artículo 279 de la Constitución señala que debe ser convocado por el Consejo Moral Republicano.
Dicha norma establece que los diputados podrán elegir a los evaluadores solo en caso de que el Consejo no lo hubiera convocado. Saab, Ruiz y el encargado de la Contraloría, Jhosnel Peraza Machado, no intentaron designar al Comité, o al menos no hay evidencia pública de que hayan intentado conformarlo.
Si lo anterior no fuera suficiente, la AN tampoco cumplió con lo establecido en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, norma que indica que dicha comisión «se integrará con representantes de diversos sectores de la sociedad, quienes deberán ser venezolanos por nacimiento, y en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, en un número no mayor de veinticinco (25) integrantes». Así, el pasado 10 de octubre la plenaria designó un Comité de 13 miembros, de los cuales todos fueron diputados.
A la carrera y sin información
Al presentar su informe definitivo, el presidente del Comité de Evaluación de Postulaciones, diputado Giuseppe Alessandrello, aseguró que tan pronto fueron nombrados, se «declararon en sesión permanente» y aprobaron el cronograma y el baremo que aplicaron para valorar a los aspirantes a fiscal general, defensor del Pueblo y contralor general. No obstante, los criterios jamás se hicieron públicos, lo que atenta contra los principios constitucionales de transparencia y rendición de cuentas que deben reinar en el Estado (artículo 141 de la Constitución).
La única información que suministró la instancia fue la lista de las personas que presentaron sus nombres para los cargos, lo que ocurrió el día 26 de octubre.
El legislador también aseguró que las calificaciones de los candidatos se desarrollaron en tres fases: revisión de credenciales, entrevistas a los postulados e informes solicitados a los distintos organismos del Estado. «Este proceso lo cumplieron satisfactoriamente 48 de los 128 postulados», aseveró.
Sin embargo, lo afirmado por Alessandrello parece difícil de aceptar, pues si el Comité se dio 3 días para conducir las entrevistas eso implicaría que unos 42 aspirantes deberían ser entrevistados por día, 5 entrevistados por hora.
El legislador también reveló que solo un candidato fue impugnado. No obstante, los detalles de dichas objeciones tampoco fueron hechas públicas.
Ciertamente la AN cumplió con el mandato constitucional de nombrar a los altos funcionarios en un lapso de 30 días, y la rapidez con la que despachó el asunto quedó plasmada el pasado 31 de octubre, cuando en menos de minutos una comisión de nueve candidatos presentó los nombres de los tres candidatos definitivos: Saab, Ruiz y Vizcaíno.
Una reelección inconstitucional
Otra irregularidad detectada es la relacionada con la reelección de Alfredo Ruiz como defensor del Pueblo. El artículo 280 de la Constitución señala claramente que el titular del organismo encargado de velar por los derechos humanos de los venezolanos «será designado por un único período de siete años».
Ruiz ha estado al frente de la Defensoría del Pueblo desde agosto de 2017, cuando reemplazó a Saab por órdenes de la extinta ANC; es decir, ha estado más de 7 años en el cargo sin haber sido seleccionado como corresponde por Ley. La explicación oficial para esta anomalía es que Ruiz estuvo ejerciendo como encargado (hasta noviembre 2018 cuando es juramentado como titular por la ANC) y que por ello, podía ser elegido nuevamente por la AN, sin que se considerara que se incumpliera la norma constitucional que exige un periodo único de 7 años.
Es llamativo que la bancada de la AN que se define como opositora no haya reparado en esta situación y que, por el contrario, la haya avalado. «Nunca hubo necesidad de votar, porque la voz de la minoría se escuchó y la palabra de la mayoría no se impuso», aseguró el diputado opositor José Gregorio Correa.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La renovación del Poder Ciudadano no parece tal, pues dos de los tres titulares fueron reelegidos, a pesar de las críticas que interna y externamente han recibido por su actuación desde que llegaron a sus puestos.
Instancias como la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela de la Organización de Naciones Unidas ha acusado a Saab y a Ruiz de «abandonar toda apariencia de independencia» y de ejecutar «de forma consciente y planificada acciones encaminadas a desarticular y desmovilizar la oposición política organizada; a inhibir la difusión de información independiente y opiniones críticas al Gobierno, y a impedir la protesta ciudadana pacífica». Asimismo, numerosos gobiernos los han sancionado.
Con su decisión, la AN mantiene la situación de indefensión en la que se encuentran los ciudadanos ante las arbitrariedades de los gobernantes y, de paso, no hay ningún avance en la reconstrucción de la independencia de los Poderes Públicos. Saab fue diputado y gobernador por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Vizcaíno ha desempeñado distintos puestos en el Gobierno de Nicolás Maduro, y Ruiz se ha destacado por su silencio frente a las graves violaciones a los derechos humanos, cometidas en especial desde las elecciones presidenciales del 28 de julio.
