«Las elecciones, a veces, son la venganza del ciudadano. La papeleta es un puñal de papel». El chavismo ha decidido que en Venezuela sea prácticamente imposible que se materialice esta frase del exprimer ministro británico David Lloyd George (1863-1945) y para ello ha ampliado el repertorio de artimañas y estratagemas que venía utilizando en tiempos electorales, pero ya no solo para ampliar su ventaja en los comicios, sino también para ganarlos de manera aplastante, pese a no contar con el respaldo mayoritario de la población.
Esta denuncia la formuló Acceso a la Justicia en su informe titulado Elecciones en autocracia: el caso venezolano 2017-2021, en el cual se enumeran todas las medidas y acciones que la administración de Nicolás Maduro ha puesto en marcha con el concurso de poderes del Estado como el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Contraloría General de la República (CGR) para ganar todos y cada uno de los seis procesos eleccionarios celebrados desde el año 2017.
Algunas de las prácticas no son novedosas y se producían en los tiempos del fallecido Hugo Chávez. Entre ellas destacan el control del árbitro y del máximo juzgado por parte del Gobierno, el uso de la cuestionada figura de las inhabilitaciones políticas impuestas por la CGR contra candidatos opositores, la poca confiabilidad en el Registro Electoral o el uso de los recursos y medios del Estado para favorecer a los candidatos del oficialismo. Estas acciones perseguían ampliar la ventaja que el desaparecido mandatario obtenía frente a sus rivales en las urnas en la mayoría de los casos.
Debut y despedida
No obstante, en el informe se considera que la aplastante derrota que sufrió el oficialismo en las elecciones parlamentarias de 2015 supuso un punto de inflexión y «representa, indudablemente, la semilla que empujó al Gobierno de Maduro a diseñar un conjunto de pautas sin precedentes, condicionadas a sus intereses partidistas».
La modificación del sistema electoral venezolano para que respondiera a los intereses gubernamentales, al tiempo que facilitara la neutralización de sus «oponentes o adversarios en las contiendas electorales» e impidiera de esta manera que «el Gobierno se arriesgara a perder el ejercicio del poder», fue una de esas nuevas medidas.
En el informe se recuerda que la Sala Constitucional del TSJ, a través de su sentencia n.º 68 del 5 de junio de 2020, facultó al CNE para que reformara la Ley Orgánica de Procesos Electorales en lo relativo a las elecciones parlamentarias. El árbitro acató la instrucción y mediante las Normas Especiales para las Elecciones Parlamentarias período 2021-2026 aumentó en 66% el número de escaños del Parlamento, el cual pasó de 167 a 277. Adicionalmente, redujo la proporción de diputados a ser electos nominalmente del 70% a 48% (133), al tiempo que incrementó el número de aquellos parlamentarios escogidos proporcionalmente hasta el 52% (144).
Por último, creó la «lista nacional», una figura que no estaba contemplada hasta ese momento en instrumento legal venezolano alguno, por medio de la cual se eligieron cuarenta y ocho diputados y se modificaron las normas para la elección de la representación indígena, quienes perdieron la posibilidad de ejercer el sufragio directo y secreto.
Como si lo anterior no fuera suficiente, el TSJ, el CNE y la extinta Asamblea Nacional Constituyente pusieron en marcha una estrategia para confeccionar una «oposición a la medida» del chavismo; para ello el máximo juzgado intervino a siete partidos (cinco de ellos opositores y dos disidentes del oficialismo) y puso al frente de ellos a directivos dispuestos a participar en los comicios convocados por el CNE en lugar de los legítimos representantes de esas organizaciones.
De la compra de votos a la coacción
La compra de votos mediante la entrega o promesa de entrega de un beneficio social (beca, vivienda o crédito) es de vieja data en Venezuela. Sin embargo, en el reporte se denuncia que bajo la administración de Maduro se ha perfeccionado y ha terminado mutando en un mecanismo de control social muy eficaz, gracias a figuras como el Carnet de la Patria y los «puntos rojos».
«El Carnet de la Patria fue creado en enero de 2017; con un código QR el Gobierno puede identificar a sus simpatizantes, quienes reciben directamente alguna ayuda económica o social. Desde entonces el partido gobernante se vale de esta herramienta para coaccionar la voluntad de los electores».
El informe recuerda además que días antes de las elecciones legislativas de 2020 el ahora diputado Diosdado Cabello afirmó lo siguiente: «El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida».
Desde las elecciones regionales y municipales de 2017 el oficialismo viene colocando puntos de control en las cercanías de los centros de votación, los llamados «puntos rojos», donde los electores muestran sus Carnet de la Patria como prueba de que sufragaron y, por lo tanto, pueden recibir algunas de las asignaciones ofrecidas por el Gobierno.
«Este mecanismo obviamente representa una situación irregular que no garantiza la igualdad de condiciones en el ejercicio del voto, y, en consecuencia, afecta la participación libre y transparente de la ciudadanía en el proceso electoral, en especial vulnera el carácter secreto del voto, pues como se indicó, los “puntos rojos” son un medio para presionar a los votantes a revelar sus votos».
Cambiando las reglas del juego
Los cambios en los lapsos y plazos estipulados en los distintos cronogramas comiciales es otra medida presente en los seis procesos celebrados entre 2017 y 2021. «La implementación de estos cambios responde a los intereses del Gobierno, una situación que no promueve transparencia alguna ni fortalece la confianza en el sistema electoral», se denuncia en la investigación.
En el reporte también se alerta que se han vuelto rutinarios durante las jornadas electorales «los bloqueos de páginas web o reducciones de velocidad a internet como mecanismos para controlar la información disponible».
La decisión del CNE de prescindir de la tinta indeleble, una medida que se tomó durante las cuestionadas elecciones para elegir a la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, es rechazada, por considerar que es una de las medidas que han menoscabado «la transparencia, seguridad y confiabilidad en las contiendas».
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
El informe Elecciones en autocracia: el caso venezolano 2017-2021 expone que en el país se ha producido un importante deterioro en las condiciones y garantías electorales, sobre todo desde el año 2017, lo que se traduce en que el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos se ha visto obstaculizado, e inclusive neutralizado, en especial los derechos a la asociación, participación y sufragio, que son el centro de todo sistema democrático. De esta forma se ha consolidado un círculo vicioso en materia electoral que permite que los actuales gobernantes tiendan a perpetuarse en el poder.
La investigación pone de manifiesto que las autoridades venezolanas han logrado diseñar un sistema que les permite ganar elecciones, aún sin tener el respaldo mayoritario de la población.
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